Desde el comienzo de la cuarentena, grupos defensores de los derechos de las mujeres han reclamado medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Muchas viven con sus agresores y, ante una orden de distanciamiento social, quedan aún más vulnerables al tener que compartir el mismo espacio en una situación de tensión por periodos prolongados.

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Por otra parte, la precariedad laboral afecta de manera desigual a las mujeres jefas de hogar cuando dejan de devengar ingresos por no poder cumplir con sus horas de trabajo.

“Hay gente que no tiene las condiciones para quedarse en su casa”, estableció Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, al iniciar esta mañana el taller en línea Derechos de las mujeres y defensas ante ejecuciones de hipotecas, una iniciativa de su organización en colaboración con Coordinadora Paz para la Mujer.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Para las agencias de gobierno existen diferencias en la definición del concepto de feminicidio. A este asunto se suma la falta de un protocolo uniforme que ayude a clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios y que evite una disparidad de datos entre las oficinas gubernamentales.

Ante la necesidad de una definición común del concepto y la urgencia de colaboración con expertos en el tema de la epidemiología, se abrió paso a un diálogo con representantes de agencias de gobierno y estudiantes del Departamento de Bioestadística y Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas. 

Yauco, Puerto Rico. Año 2000. 

Cuando estaba en segundo grado, un día normal de clases, la maestra nos anunció que habría un simulacro para un terremoto. En mi mente de 7 años, solo había curiosidad por este evento extracurricular que nos prepararía, según la maestra, para la eventualidad de un temblor.