(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Para las agencias de gobierno existen diferencias en la definición del concepto de feminicidio. A este asunto se suma la falta de un protocolo uniforme que ayude a clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios y que evite una disparidad de datos entre las oficinas gubernamentales.
Ante la necesidad de una definición común del concepto y la urgencia de colaboración con expertos en el tema de la epidemiología, se abrió paso a un diálogo con representantes de agencias de gobierno y estudiantes del Departamento de Bioestadística y Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas.
En el Conversatorio en Salud Pública: Problema de femicidios en Puerto Rico, estuvieron la fiscal Ileana Espada, en representación del Departamento de Justica de Puerto Rico; la licenciada Alba Iris Calderón, asesora legal y representante del Registro Demográfico; y el patólogo forense Francisco Cortés del Instituto de Ciencias Forenses.
Espada recalcó que, en el Código Penal de Puerto Rico, se reconoce el concepto como femicidio, y no feminicidio, de la siguiente forma: “Todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y, al cometerse el delito, concurre alguna de las siguientes circunstancias: que haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; que mantenga o haya mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo; que sea el resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima”. (Art 93. Sección 1)
También, estableció que no se reconocen como femicidios aquellos asesinatos de mujeres relacionados con el trasiego de drogas.
La fiscal marcó una diferencia con la definición propuesta a nivel internacional que, según el Instituto Europeo para la Equidad de Género, clasifica el feminicidio como “la muerte de una mujer ocasionada por su pareja íntima o la muerte de una mujer que es resultado de alguna práctica que le resulte ser dañina, independientemente de los motivos de la acción”.
Lee aquí: Feminicidio: la importancia de llamar los crímenes por su nombre
No solamente se utiliza un término distinto, femicidio, sino que solo se considera un asesinato por violencia de género si existe algún tipo de relación íntima o familiar entre la víctima y su agresor. En cuanto a esta distinción, la fiscal comentó que “no es mi posición decirle qué término es el correcto, como fiscal hago valer lo que está establecido en el Código Penal”.
Por su parte, la licenciada Calderón explicó el protocolo burocrático que conlleva procesar un acta de defunción, que debe ser enviada y aprobada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y devuelta al Registro Demográfico para pasar los datos a las bases estadísticas. También, expresó que se cataloga a los feminicidios como “homicidio”, ya que el acta de defunción solo expone el tipo de muerte estipulado por el patólogo forense. En esa misma línea, la licenciada comentó que está sobre la mesa la pregunta de quién y cómo se van a catalogar las muertes de mujeres como feminicidios, pues actualmente ni el Registro Demográfico ni Ciencias Forenses tienen manera de catalogarlo de esa manera.
Por otro lado, el patólogo forense Francisco Cortés mencionó que, en los últimos cinco años, los homicidios de mujeres constituyen el 6.3% de todos los homicidios reportados y que el año 2016 tiene la cantidad más alta de casos de homicidios de mujeres comprobados, con 57 asesinatos.
Al finalizar la tanda de turnos, el exprofesor de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas Luis Avilés expresó, por su parte, que existe una falta de confianza en el gobierno. Además, citó a la propia licenciada Calderón, quien afirmó en su exposición que “hace falta que hablemos el mismo lenguaje”.
Avilés alertó sobre la existencia de la investigación La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, en la que trabajó con Luis Emmanuel Rodríguez. Esta investigación fue realizada por Proyecto Matria y Kilómetro Cero con el apoyo de Oxfam América. Añadió que es necesario trabajar de la mano con estos esfuerzos científicos para encontrar soluciones a problemas sobre las definiciones de feminicidios, los procesos y la categorización. Mencionó también que se debe recordar que la realidad legal no equivale a la realidad social. La falta de una base de datos semejante se constató también en la investigación.
En el informe, se recalca que, en Puerto Rico ,“ocurre un feminicidio cada siete días” y que “dentro del sistema, no se clasifican los asesinatos de mujeres como feminicidios, inclusive no se categoriza por violencia de género o doméstica. Sin embargo, el uso de la clasificación ‘causa de defunción mal definida o imprecisa’ por el Negociado de Ciencias Forenses como una categoría genérica, cuando se pueden determinar las causas de muerte, es inaceptable”.
Lee aquí: Indolentes la Policía y el gobierno ante alta tasa de feminicidios
Bajo el tema de la prevención de feminicidios, la licenciada Espada expresó que la Ley 54 permite que patronos y familiares soliciten órdenes de protección porque “muchas veces la víctima no quiere ir al sistema, [porque] parte de la premisa de que no va a pasar nada”.
Este medio preguntó sobre los métodos de prevención e hizo referencia al caso de Génesis Aguilar, quien, por medio de las redes sociales, acusó a tres fiscales de haberle dicho que los mensajes amenazantes de su expareja no eran causa suficientes para iniciar un proceso judicial. En su redes sociales, la joven también mencionó que la Policía no le notificó a su agresor sobre la orden de protección que le habían aprobado. Como ella, muchas otras víctimas de violencia de género acuden a las autoridades en busca de protección, y se les niega de primera intención. Otras logran obtenerlas, pero al no haber un plan de protección mayor, sus agresores logran acercarse a ellas. Esta situación pone en riesgo las vidas de esas mujeres.
Sobre este asunto, Espada comentó que “el caso de Génesis se está investigando”, y que “toda víctima de violencia doméstica ha tenido un evento anterior, lo que no hemos trabajado es qué pasa después de… nosotros le podemos dar servicios y referir, pero una vez Justicia termina… es un área desierta”. Según Espada, la prevención necesita tener continuidad.
Nada se mencionó en cuanto a la integración de un currículo con perspectiva de género en las escuelas como método de prevención. En este tema, ha habido resistencia por parte de las agencias gubernamentales y de legisladores.
Como parte de las recomendaciones del estudio gestado por Proyecto Matria y la Kilómetro Cero, se propone “promover la equidad social y de género y una cultura de la no violencia” para corregir el problema de la alta tasa de feminicidios. Según el documento, Puerto Rico tiene una tasa de feminicidio promedio de 3.00 feminicidios por cada 100,000 mujeres, lo que, según la clasificación del informe Global Burden of Armed Violence, Every Body Counts, se considera una tasa alta.
Sin embargo, la representante del Departamento de Justicia enfocó su exposición en el problema de la clasificación y el protocolo a llevarse a cabo luego que ocurren los feminicidios.
Al final del evento, la representante y asesora legal del Registro Demográfico comentó que era común en la práctica legal criminalística aconsejarles a los acusados de violencia doméstica hacer las paces e “ir a darles cuatro besos a su mujer” para evitar testimonios en las cortes.
De igual forma, Calderón recalcó que las mujeres también agreden a los hombres. Estas expresiones las hizo sin hacer mención de la gran diferencia estadística en estos casos, y aun cuando la licenciada Espada había mencionado, momentos antes, que la mayoría de los confinados en el Registro de Violencia Doméstica son hombres. Hasta el momento, solamente hay tres mujeres registradas. Añadió que, según hay una casa protegida de mujeres, debería considerar hacer una para hombres.
Los invitados expresaron su interés por unir esfuerzos con este tipo de iniciativas, a la vez que recalcaron que hace falta personal y dinero en las agencias gubernamentales para poder trabajar los problemas de violencia.
Más allá del interés, quedó establecido que existe la urgencia práctica de poder clasificar correctamente estos crímenes y así dar paso a un acercamiento certero por parte de las agencias responsables de esclarecer estos casos.
En menos de una semana, han ocurrido dos crímenes violentos contra mujeres. El primero, el 22 de febrero, la joven Aleysha Díaz fue encontrada baleada y sin vida dentro de un auto cerca de la charca La Soplaera, en Peñuelas. El segundo, el 24 de febrero, que, según informes de la Policía, todo apunta a que el cuerpo de la mujer negra trans Neulisa “Alexa” Luciano Ruiz fue encontrado con impactos de bala en un pastizal en Toa Baja. El reclamo de justicia para estas dos mujeres se ha hecho sentir en las redes sociales.
Ante la falta de sincronía de las agencias gubernamentales, solo resta preguntarse cómo serán clasificados e investigados ambos casos.
