Reclaman respeto por sus cuerpos, vidas y derechos

(Fotos de Ana María Abruña Reyes)

Hace 32 años, el 17 de mayo de 1990, se retiró la homosexualidad de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. En esta fecha se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

Este año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas seleccionó el tema “nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos”, que es muy pertinente en medio del atentado contra los derechos sexuales y reproductivos que enfrenta Puerto Rico y Estados Unidos por parte de grupos antiderechos y fundamentalistas.

“Todavía estamos discutiendo sobre quién puede decidir sobre nuestros cuerpos, cuerpas, cuerpes, así que iba como anillo al dedo”, explicó Yalitza Serrano González, coordinadora de Diversxs Puerto Rico, una iniciativa educativa de Amnistía Internacional para promover la movilización de jóvenes de las comunidades LGBTTQIA+. 

Por su parte, la activista transfeminista Marielle De León Toledo considera que la limitación del derecho al aborto, como se propone en más de una decena de medidas legislativas locales, es una puerta para continuar limitando otros derechos, como el acceso a tratamientos hormonales para personas trans menores de edad. 

En la conmemoración de este día, personas de diversos grupos que defienden los derechos humanos se reunieron, el martes, al lado norte del Capitolio, para una velada en la que se recordaron las vidas que fueron arrebatadas por el odio. Además, se elevaron los reclamos, a través de un Cuir Mic, para una sociedad más equitativa y que acepte la existencia de las personas de las comunidades LGBTTQIA+. 

A la convocatoria de Diversxs, se les unieron organizaciones como la Sombrilla Cuir, la Coalición Estudiantil en Búsqueda de la Equidad (CEBE), Ciencia para Todes, Católicxs, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible. 

Entre los reclamos se encuentra el cumplimiento con las normativas institucionales en universidades para el reconocimiento de estudiantes transgénero. Puntualmente, CEBE exigió que se ejecute el Plan de trabajo para el cumplimiento con la reglamentación de estudiantes transgénero, que aprobó la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en 2016. 

Asimismo, las organizaciones exigieron la implementación de una perspectiva de género en la educación y en las instituciones públicas del país. Aunque es imprescindible que esta metodología se implemente en las escuelas, también es importante que atraviese otras esferas de la sociedad.

“No podemos esperar que las personas que se eduquen en perspectiva de género crezcan e implementen esa educación. […] Tenemos que hacer que los negocios y los centros de gobierno, ahora, estén más adaptados para poder aceptar a personas trans, a aceptar los pronombres, aunque no necesariamente sean los que se asumen”, indicó De León Toledo. 

Entre los esfuerzos de Diversxs, están un manual de actividades educativas sobre derechos LGBTTQIA+ y un curso sobre la urgencia de tomar acción por los derechos de estas comunidades. 

Exigen justicia por las vidas tronchadas por el odio

De los transhomicidios registrados desde el 2020, De León Toledo informó que menos de la mitad se han esclarecido. 

Aunque muchas de las personas integrantes de las organizaciones no favorecen el sistema penal, entienden la necesidad de que estos casos se resuelvan para que se reconozca que fueron vidas arrebatadas por el odio. 

“Estamos hablando de que les quitan la vida por la orientación sexual, al igual que los feminicidios, porque eres mujer. Aquí, evidentemente, hay una cuestión de género, una violencia por razón de género”, aseveró Serrano González. 

Reclaman acceso a vivienda digna

Si bien el asunto de la vivienda actualmente afecta a diversas comunidades, las personas cuir se ven aún más vulnerabilizadas, por el discrimen que enfrentan ante una sociedad patriarcal y cisheteronormativa. 

“Sufrimos discriminación tratando de buscar vivienda o tratando de buscar ayuda. Aunque hay organizaciones que sí dan asistencia a comunidades marginalizadas […] para poder buscar vivienda, muchas veces, esto está más restringido o limitado para personas de la comunidad [LGBTTQIA+]”, expuso De León Toledo.

Serrano González indicó que las personas LGBTTQIA+, en ocasiones, también pueden ser desplazadas por sus familiares debido a su orientación sexual y/o identidad de género.

Acceso a cambios de nombre sin burocracia y costos excesivos

Aunque el derecho al cambio de nombre está reconocido, el proceso no es accesible para la mayoría de las personas trans, pues el trámite burocrático no se ideó con esta población en mente, consideró De León Toledo. 

El sistema requiere un sinnúmero de documentos que deben solicitarse en diversas entidades gubernamentales, que no necesariamente tienen que ver con el cambio de género o de nombre. Además, las personas tienen que costear transportación entre agencias, sellos requeridos y saldar cualquier deuda pendiente, entre otros, aseguró. 

También, señaló que es un proceso violento en el sentido de que, en todos los trámites, las personas son identificadas con el nombre asignado al nacer, pues no se reconoce su nombre elegido antes de que se haga el cambio legal. 

“Son pequeñas cosas que se van acumulando para hacer el proceso más difícil y que muchas personas trans se vean abrumadas”, comunicó la integrante  de la organización Sombrilla Cuir. 

Acceso a trabajos y servicios de salud dignos

Las organizaciones exigieron accesos a trabajos y servicios de salud dignos, que, muchas veces, se les es negado por su orientación sexual y/o identidad de género. 

Las dos entrevistadas destacaron el cierre del centro Trans Tanamá, que ofrecía servicios médicos gratuitos para la comunidad cuir. El espacio también era manejado principalmente por personas trans, lo que representaba un empleo digno, en el que se respetaba su existencia.

De León Toledo relató que mientras se procesan los cambios de nombre y género, los empleadores pueden violentar a las personas trans al identificarles de una manera incorrecta. 

“Esto no debería ser un factor limitante para que, en un trabajo, no se respete el nombre escogido y los pronombres de la persona que esté trabajando”, sostuvo. 

En el aspecto de los servicios de salud, se comienza a tener accesibilidad a que los planes médicos cubran los costos de, por ejemplo, tratamientos hormonales. Sin embargo, los centros que proveen estos tratamientos están ubicados en espacios urbanos, lo que limita el acceso equitativo.

Asimismo, las personas LGBTTQIA+ pueden ser víctimas de discrimen cuando los proveedores de salud tienen prejuicios y no les orientan correctamente, subrayó, por su parte, Serrano González. 

Prohibición total de las terapias de conversión

De León Toledo recordó la discusión sobre la prohibición de las terapias de conversión que se sostuvo el año pasado. En ese momento, algunos medios retrataron el asunto como un debate, sin tomar en cuenta que las mal llamadas terapias son una forma de tortura y que son principalmente dirigidas a personas jóvenes. 

Instó, en un reclamo común de las organizaciones participantes, a que se prohíban completamente porque son prácticas que siguen sucediendo, aunque sean identificadas con nombres y descripciones alternativas.

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Valeria María Torres Nieves
Escrito por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Yauco, Puerto Rico. Egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con un bachillerato en Información y Periodismo. Le interesan temas de género, historia, política, cultura, raza y educación.