La Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico maneja una doble crisis frente a la emergencia salubrista causada por la COVID-19: atender y mantener seguras a las víctimas de violencia doméstica durante la pandemia sin los recursos necesarios para hacerlo. 

Así lo describieron varias directoras de los albergues en la isla al referirse al reto que ha representado trabajar con el problema de violencia doméstica sin que el gobierno les reconozca como servicio esencial. Abundaron en que la situación de doble riesgo se ha profundizado ante la vista larga del Estado, que aseguran, no ha facilitado la continuidad de los servicios que proveen durante los pasados siete meses. 

La Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico alertó nuevamente sobre la necesidad urgente de crear un espacio para la atención y el cuidado de sobrevivientes de violencia doméstica que requieren ser albergadas y han sido diagnosticadas con COVID-19.

La organización, que agrupa a los albergues de emergencia y de vivienda transitoria para mujeres y sus menores víctimas de violencia doméstica, presentó la propuesta el 25 de abril al Departamento de Salud y, posteriormente, a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y al Departamento de la Familia, según indicó en comunicado de prensa. 

Para Yanira Benítez Piñero e Inés Marrero Ortiz, contar sus historias como sobrevivientes de violencia doméstica ha sido un proceso sanador y una herramienta poderosa para sí mismas. Por eso, levantaron sus voces con la intención de mover a quienes estén pasando por una situación como la que ellas vivieron a hablar, denunciar al agresor y buscar ayuda.

Ambas participaron del conversatorio Desde las voces de las sobrevivientes: nuestras Julias hablan, que se transmitió el viernes a través de Facebook Live.