Las víctimas de violencia doméstica se encuentran en peligro en sus casas.  Las puertas de sus hogares están cerradas por la orden de aislamiento a raíz de la pandemia COVID-19. Cada vez, el escenario se vuelve más aterrador con su agresor, quien controla cada movimiento y decisión. A esta realidad, se enfrentan los albergues de violencia doméstica que continúan brindando servicios para seguir salvando las vidas de cientos de mujeres y niños en Puerto Rico. 

A Katherine Yadira Ruiz, de 26 años, la mató su esposo, en su casa en Aguada, el 5 de marzo.

Yolanda González Muñoz, de 49 años, fue asesinada por su expareja el 16 de marzo en la oficina de su psicóloga.

Ashley Rodríguez Torres, de 27 años, compartía con sus hijos en la sala de su casa en Mayagüez, a donde llegó su expareja y le disparó. Murió horas después en el hospital.

Son las tres mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el mes de marzo, dos de estas durante el período de distanciamiento social ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para reducir el ritmo de contagios de COVID-19. Otras dos mujeres han sido asesinadas en estas semanas de cuarentena en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Policía, Sonia Adorno Romero, de 42 años, y Rosa Castillo Carranza, de 55. Mientras, las querellas por violencia de género que reporta la Policía son apenas una muestra de los incidentes que ocurren en los hogares y no son reportados, según han advertido líderes de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Más de 30 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil se unieron al reclamo que hizo esta mañana Coordinadora Paz para las Mujeres a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se implanten medidas contundentes al atender la violencia de género durante la crisis del COVID-19.

“La Orden Ejecutiva 2020-023 emitida el domingo 15 de marzo necesita una segunda mirada para incorporarle la perspectiva de género”, señaló Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres.

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Desde 2018, el movimiento feminista le ha exigido al gobierno la declaración de un estado de emergencia nacional en contra de la violencia de género, pedido que no ha sido escuchado.

Hoy, el país enfrenta una amenaza por la llegada de la pandemia COVID-19, y la respuesta de las autoridades ha sido imponer un distanciamiento social para evitar la propagación del virus sin considerar que la mayoría de las víctimas de violencia de género viven con sus agresores.