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Las mujeres toman la delantera en la lucha climática

En el contexto del Día Internacional contra el Cambio Climático, celebrado el 24 de octubre, conversamos con tres mujeres que luchan por justicia climática en Puerto Rico
Ilustración de Elizabeth Barreto

Ilustración de Elizabeth Barreto

La lucha contra el cambio climático está estrechamente relacionada con la lucha feminista. En esto coinciden la activista ambiental Mónica Flores Hernández, la abogada y activista por la justicia ambiental Ruth «Tata» Santiago, y la portavoz de Climate Trace Puerto Rico, Isatis Cintrón Rodríguez.  

A nivel internacional, la lucha feminista y la lucha contra el cambio climático “son bien similares y se entrelazan”, dice Flores Hernández. “La lucha ambiental es intrínsecamente feminista porque los sistemas de explotación que estamos enfrentando afectan de manera igual a la naturaleza y a las mujeres”, explica. 

Para ella, quien funge como cocoordinadora del programa de política pública de la organización de justicia climática El Puente Puerto Rico, “tanto el planeta y la naturaleza como las mujeres estamos siendo explotadas, vistas y utilizadas de maneras similares. Cuando resistimos como mujeres, resistimos en la lucha ambiental”.  

Flores Hernández plantea que esta lucha y los efectos del cambio climático “tienen cara de mujer” porque, en términos porcentuales, el grupo poblacional de las mujeres es el que más y de forma más intensa vive los efectos del cambio climático.  

En Puerto Rico, la lucha por la justicia ambiental se entrelaza con la desigualdad de género en el tema de los desplazamientos de vivienda, por ejemplo. Después de los huracanes Irma y María, “quienes se han visto más afectadas por eso son principalmente mujeres jefas de familia”, asegura Flores Hernández. A los desplazamientos se le añade el aumento en los costos de vivienda tras la pandemia de Covid-19. “Son esos hogares de un solo sueldo los que no pueden costearlo”, afirma. 

Esa intersección se manifiesta también en el caso de las cenizas y la carbonera en la región sur de Puerto Rico. Según esta activista, a las mujeres se les saca de la actividad social que representa el trabajo asalariado para cuidar.  Comenta que “las mujeres cargan el peso mayor de la crianza de los niños, así que les afecta más porque tienen que faltar al trabajo para atender los ataques de asma que les dan a sus hijos”. 

Sobre eso, Ruth Santiago, quien lleva décadas dedicada a defender a las comunidades del sur contra los proyectos que atentan contra la salud y el ambiente de la zona, explica que las comunidades del sur de Puerto Rico están atendiendo el asunto del cambio climático desde la perspectiva de salud pública, particularmente desde las altas incidencias de asma entre la niñez y las personas envejecientes de la región. 

“Aquí en el sur hay una exposición más alta a contaminantes como dióxido de azufre, CO2, óxido de etileno debido a que están la generatriz de Aguirre y la carbonera AES, las dos plantas de generación de energía más contaminantes del país”, afirma la licenciada Santiago, a la vez que asegura que, en la región sur, los efectos de la contaminación ambiental en la salud pública recaen mayormente en las mujeres debido al asunto del cuidado a sus familiares.

Clave el trabajo de las mujeres en las organizaciones de base comunitaria

De otro lado, según las tres entrevistadas, la discusión en Puerto Rico sobre los efectos del cambio climático se está dando en organizaciones de base comunitaria, y no a nivel gubernamental. 

Además, las tres están de acuerdo en que es escasa o nula la representación de mujeres en instituciones gubernamentales, lo que disminuye las posibilidades de visibilizar las problemáticas que enfrenta este grupo poblacional como consecuencia de los efectos del cambio climático. 

Sin embargo, han visto más presencia de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de organizaciones sin fines de lucro. “Esa presencia tiene que ver con que “las mujeres hemos agarrado la lucha ambiental y hemos forzado y creado espacios para la lucha ambiental con el enfoque de género”, dice Flores Hernández. 

Isatis Cintrón Rodríguez, desde Climate Trace Puerto Rico, ha visto cómo las organizaciones feministas han atendido, por ejemplo, la salud física y mental de las mujeres en Puerto Rico después de desastres naturales como huracanes e inundaciones, proveyéndoles artículos de primera necesidad relacionados con la salud femenina y de la niñez. 

Para Ruth Santiago, “las mujeres están en la delantera” como portavoces de estos temas de luchas ambientales y climáticas dentro de las distintas organizaciones comunitarias, como la Alianza de Energías Renovables y la Alianza Defensa de Tierras, para las que colabora realizando trabajos administrativos y de asesoría legal. 

Como parte del Comité Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, función voluntaria que ejerce desde 2021, Santiago es una de las mujeres que habla de los impactos de la crisis climática en los territorios de Estados Unidos y de las posibles soluciones o alternativas a estos problemas. “En el Comité hay una buena proporción de mujeres. Me parece que somos la mayoría”, detalla.  

Una de las respuestas que ha surgido del trabajo que realiza como asesora en el Comité es que fundaciones han donado pequeños sistemas solares, que se han instalado en los techos de unas 40 residencias entre los pueblos de Salinas y Guayama. “Muchas veces, a señoras que cuidan a sus esposos encamados o a algún otro familiar, estos sistemas les alivian un poco esa carga y las complicaciones que surgen cuando hay apagones eléctricos”, cuenta Santiago. 

Plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático

En el caso de la organización El Puente Puerto Rico, como parte de las medidas de mitigación contra los efectos del cambio climático, se está impulsando el que se retome el trabajo de evaluación del Plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, aprobado como mandato de ley en 2019.  Según Flores Hernández, se supone que este plan, preparado por entes externos al gobierno, se vea en la primera sesión legislativa que se celebe luego de las elecciones del 5 de noviembre. 

“Es un plan con mucho potencial, pero no considera la transversalidad en el concepto de justicia ambiental, aunque está muy bien intencionado”, lamenta Flores Hernández. 

Con ella coincide Cintrón Rodríguez, quien afirma que “Puerto Rico falla en no tener una visión integral del cambio climático. En otros países, se encargan de integrar a esa conversación consideraciones de perspectiva de género”.

Pero Flores Hernández entiende que ahora puede haber una gran oportunidad para “sentarnos grupos ambientales y feministas y empezar a redactar propuestas en conjunto” que se integren a ese plan de mitigación. 

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