Feministas dominicanas exigen despenalización del derecho al aborto en tres causales

Aborto tres causales República Dominicana

(Fotos por Inmagela Abreu)

Santo Domingo, República Dominicana.- Organizaciones y colectivos feministas dominicanos situaron un campamento frente al Palacio Nacional, en la capital del país, para reclamar que se despenalice el aborto en casos de violación o incesto, inviabilidad del feto o riesgo de salud para la persona gestante. 

El plantón feminista, que comenzó el pasado jueves, 11 de marzo, tiene como propósito llamar la atención del presidente, Luis Abinader Corona, y de congresistas que estudian el proyecto del nuevo código penal, para que se incluya la posibilidad de interrumpir un embarazo en alguno de los tres casos.

“Es lo mínimo que merecemos. Necesitamos, al menos, tres oportunidades de poder salvar la vida de miles de mujeres. Mirando el contexto de violencia patriarcal, de misoginia, de la manera de ejercer el poder con esos matices tan machistas, al menos requerimos tres condiciones en las que podamos decidir”, aseguró Elizabeth Vélez Vargas, activista feminista dominicana, parte de la Red de Defensoría de Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes. 

El código de enjuiciamiento criminal dominicano está vigente desde 1884 y prohíbe el aborto en cualquier circunstancia. Por lo tanto, sería inútil hacer leyes especiales que despenalicen el derecho fundamental, a menos que se reforme el código penal. 

Vélez Vargas exige, junto a otras activistas, que el documento se enmiende para que abarque los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.

“Yo votaría por el aborto libre, que cada mujer decida y que no se le obligue a la maternidad. Sin embargo, entendiendo el contexto en el que estamos, sabemos que no existen las condiciones en el país para hablar del aborto libre. […] En América Latina, hay aborto por causales, hay al menos una causal y aquí lo estamos penalizando absolutamente”, señaló la también integrante de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres sobre el contexto de su país.

Panorama político

Por su parte, la periodista dominicana Riamny Méndez Féliz explicó que la agrupación que lidera el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), prometió en la campaña electoral su apoyo a la despenalización de las tres causales.

Sin embargo, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados publicó un informe que favoreció la prohibición del aborto en su totalidad, sin las tres causales, en el nuevo código penal.

“A raíz de eso, las mujeres dijeron: ‘Bueno, pues ya hay que pasar a otro nivel de lucha”, afirmó Méndez Féliz tras aclarar que la intención de las activistas es presionar a los funcionarios.

Desde su trabajo como reportera, aseguró que el partido líder busca retener el voto conservador y el de los grupos más liberales al no tomar una decisión definitiva. 

Añadió, además, que uno de los retos para que se permitan las tres causales es el movimiento fundamentalista antiderechos. 

“También, tiene que ver la presión de las iglesias, porque aquí se unieron la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Los sectores más conservadores de ambos grupos se unieron para presionar”, abundó la profesional.

La insuficiencia de información para explicar de qué se tratan las causales y qué problemas sociales estarían atajando es parte de la problemática que promueven los grupos conservadores, según Méndez Féliz. 

“Esto es un asunto de salud pública y se está tratando como un asunto religioso”, puntualizó.

Consecuencias de la prohibición total del aborto

Ante la falta del derecho fundamental a la libre decisión, las dominicanas recurren a abortos caseros con infusiones de hierbas y plantas, intentan debilitar su estado de salud al dejar de comer o beber agua y hasta se provocan lesiones, como golpes en el abdomen, para poner fin al embarazo, según un informe de Human Rights Watch.

La decisión entre continuar con un embarazo no deseado o realizarse un aborto clandestino arriesga a mujeres, niñas y personas gestantes de enfrentar riesgos para la salud, incluida la muerte. 

La Organización Mundial de la Salud estipula que, entre las complicaciones de un aborto clandestino, se encuentran hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas y un aborto incompleto, cuando no se expulsa del útero todos los tejidos embrionarios.

Un peligro que, según Vélez Vargas, es una realidad recurrente en el país. 

Rosaura “Esperancita” Almonte Hernández

El caso de Rosaura Almonte Hernández, una niña de 16 años que murió en 2012, es una de las razones por las que las activistas dominicanas luchan por derechos reproductivos. 

Rosaura, conocida como Esperancita, padecía de leucemia y los doctores se negaron a darle un tratamiento de quimioterapia porque estaba embarazada.

“Ahí, lo que mandaba era interrumpir el embarazo para poder darle tratamiento, pero la junta médica se negó totalmente a darle quimioterapia y le pedían a su mamá que buscara plaquetas. Su cuerpo no resistió porque el embarazo consumió todo lo que su sistema inmune necesitaba para defenderse del cáncer. Esperancita, en menos de tres meses, murió”, especificó Vélez Vargas tras asegurar que ha trabajado con casos similares.

Conforme al marco jurídico dominicano, Almonte Hernández debía de continuar con su embarazo hasta el final. De interrumpir el mismo, la joven podía enfrentar hasta dos años en prisión y, los médicos, hasta 20 años de encarcelamiento, según el código penal actual. 

La mamá de Esperancita, Rosa Hernández, se expresó, durante la actividad, a favor de la despenalización del aborto en las tres causales. 

Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Colectiva Mujer y Salud, en Santo Domingo, Women´s Link Worldwide y Human Rights Watch hacen el llamado para que se reconozca el caso de Almonte Hernández en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Una lucha sin fin

En los pasados 22 años, la lucha feminista dominicana se ha volcado en activismo en la calle, creado coaliciones y alianzas, y hasta campañas de información a los congresistas para que se aprueben las tres causales, según Vélez Vargas. 

Aunque aún no ha habido algún cambio en el código penal, la defensora de derechos humanos afirmó que las feministas se mantienen “en guardia y activas” ante cualquier decisión del Congreso. 

Asimismo, en el campamento que se estableció el jueves, las activistas pernoctan en casas de campañas, las personas de la comunidad las apoyan con alimentos y con acompañamiento, y realizan actividades culturales para reconocer el movimiento feminista.

“Hay esperanza de que vamos a lograr despenalizar el aborto. Por eso, estamos resistiendo. Nosotras hemos decidido que vamos a estar en campamento y movilizándonos hasta que se apruebe el código penal despenalizando el aborto. No vamos a parar, no le vamos a bajar. Vamos a seguir en las calles”, concluyó.

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