(Foto por Claudia Carbonell)
La orden ejecutiva (OE) que presentó la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado lunes, 26 de octubre no es muy distinta al borrador al que tuvieron acceso las organizaciones feministas que estuvieron reuniéndose y presentando sus propuestas a La Fortaleza hasta diciembre de 2019, según algunas portavoces expresaron a Todas.
“No hay ninguna explicación lógica de que la gobernadora se haya tardado un año y tres meses en emitir una orden ejecutiva para hacer lo que ella sabía desde agosto (de 2019) que había que hacer”, señaló Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria.
La orden declara como servicio de prioridad para el gobierno la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ordena a diferentes agencias, entre ellas el Departamento de Justicia y al Negociado de la Policía, a tomar acciones presupuestarias y de creación de protocolos para atajar el problema.
El documento contiene el protocolo de acción para combatir la violencia hacia la mujer, anejo de 15 páginas que no incluye medidas para asegurar el cumplimiento de las determinaciones de la orden. Además, velar por el cumplimiento de este protocolo le corresponde a la Comisión Multisectorial Contra la Violencia a la Mujer (CMUVI), creada por la misma OE.
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Aunque inactiva, aún existe la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho (CNEV) bajo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) que, previo a esta orden, tenía el mismo propósito de combatir la violencia hacia las mujeres en todo Puerto Rico. La gobernadora no hizo referencia a la vigencia de esta previa comisión.
La CNEV fue creada en 2001 , e igualmente estaba compuesta por representantes de agencias del gobierno y contaba con la amplia participación de organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Taller Salud y Casa Protegida Julia de Burgos. Por el contrario, la comisión que ordenó la gobernadora el pasado lunes, esta vez, las excluye y establece que deberán solicitar admisión. Sin embargo solo una será aceptada y podrá ocupar una segunda vicepresidencia.
“En la comisión anterior, que estaba bajo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, todas las directoras ejecutivas de las organizaciones de mujeres que daban servicio pertenecían a esa comisión”, recordó Pagán Jiménez.
Abundó que, bajo el liderado del Partido Nuevo Progresista en 2008, las reuniones comenzaron a mermar y, cuando Vázquez Garced asumió la posición de procuradora de las mujeres en 2010, la mesa de trabajo de la Comisión Nacional dejó de “producir los planes de trabajo completos cada año a nivel isla para erradicar la violencia contra las mujeres”.
La nueva comisión multiagencial ordenada por Vázquez Garced estará presidida por la Secretaría de Justicia, lo que levanta dudas sobre si estará adjunta al Departamento de Justicia o a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Al momento, la OPM es la que recibe los fondos destinados a la erradicación de la violencia hacia la mujer del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Impresición y ambiguedad en el plan
De los primeros párrafos “por cuanto” que exponen datos como exposición de motivos para emitir la orden, hay una definición incompleta del término “violencia de género”, lo que causa una serie de contradicciones posteriores.
Define la violencia contra la mujer únicamente como aquella “conducta agresiva que desarrolla el agresor frente a la mujer en el contexto de las relaciones de pareja”, dejando fuera aquellas acciones violentas hacia las mujeres fuera de contextos íntimos. Luego, indica que es preocupante el asesinato de mujeres por razones de género que no son “catalogadas o investigadas como tal”. Sin embargo, nunca establece una razón ni visibiliza que se debe, en parte, a las definiciones incompletas para procesar estos casos.
Esta definición incompleta se repite cuando especifica que en las estadísticas no se evidencia un alza de casos frente a años anteriores, lo cual es cuestionable debido a que los datos de la Policía no consideran como violencia de género las agresiones machistas fuera de las relaciones de pareja.
Pagán Jiménez indentificó que “es positivo que diga que es una política pública para garantizar los derechos de todas y todos, pero realmente hay una ambigüedad en el lenguaje que, para nosotras, es preocupante porque eso mismo debilita después la implementación de la orden ejecutiva que, insisto, no creo que vaya a ser implementada”.
Opinó, además, que la parte más importante de la orden ejecutiva es cuando se reconoce que es responsabilidad del Estado respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas.
“El problema es que no hay coherencia entre esa oración y lo que ella ha hecho en los pasados 10 años”, observó la portavoz de Proyecto Matria.
Respecto a la alerta nacional que emitió la primera ejecutiva el pasado septiembre de 2019, las organizaciones que trabajan por la erradicación de la violencia de género en el archipiélago aseguran que no vieron ninguna acción más allá del trabajo del protocolo. A pesar de que Vázquez Garced menciona que el trabajo resultó un consenso entre las propuestas de las organizaciones de mujeres, estas expresan lo contrario.
“Si ella no estaba consiente, como procuradora, de los mecanismos que provocan los asesinatos de las mujeres, pues tenemos un problema ahí en términos de trayectoria y la ideología de la cual ella parte”, sostuvo Pagán Jiménez.
Esto podría explicar por qué la orden no hace referencia explícita a la violencia en contra de las mujeres trans y tampoco a la educación con perspectiva de género, aunque el protocolo sí menciona la “integración de conceptos de género, justicia equidad y valoración de la diversidad” al sistema educativo.
“A mí me parece que cualquier iniciativa para prevenir la violencia de género o la violencia hacia las mujeres tiene que expresamente incluir a las comunidades LGBT, y tiene que dar instrucciones a sus agencias para que, cuando manejen las estadísticas, incluyan, por ejemplo, a las mujeres trans”, añadió Pagán Jiménez.
Cuestiona el protocolo de acción del gobierno
La directora ejecutiva del Proyecto Matria identificó que, a pesar de que el plan anejado a la orden ejecutiva establece responsabilidades a múltiples agencias gubernamentales, hay gestiones importantes que asigna únicamente a las organizaciones no gubernamentales. Incluye la enmienda al Código Penal respecto al delito de trata humana así como preparar y someter un proyecto de ley a la legislatura para que las víctimas de violencia de género puedan modificar sus hipotecas sin la firma del agresor para garantizarles hogar.
“Yo me pregunto para qué pone eso ahí en el plan de trabajo del gobierno si lo que está haciendo es diciéndonos a nosotras que hagamos proyectos de ley y nos vayamos a buscar quién los presenta y que los cabildiemos. Uno esperaría que si lo está poniendo en la orden ejecutiva, la entidad responsable sea ‘gobernadora de Puerto Rico someterá proyecto a la legislatura’”, cuestionó la directora.
Denunció la delegación de tareas del gobierno a las organizaciones que, durante años, han atendido a las víctimas sobrevivientes de violencia de género sin los recursos necesarios por la falta de apoyo gubernamental.
“Nosotras no recibimos fondos del gobierno ni los queremos, pero sabemos que hay organizaciones que los necesitan, principalmente los albergues, que es un asunto de vida o muerte, y el gobierno lo sabe”.
Sobre la expresión de la gobernadora respecto que no es justo que la OPM reciba pocos millones para operar, comentó que “la Oficina de la Procuradora tiene muchos más fondos que las organizaciones sin fines de lucro que trabajamos la violencia hacia las mujeres. La gente afuera reconoce más el trabajo que hacemos nosotras sin dinero que el que hace la oficina de la procuradora con más de $4 millones”.
Añadió que el incumplimiento de la OPM con sus responsabilidades no se debe a la falta de fondos, sino a la falta de voluntad y la mala administración del dinero.
“Lo primero que hay que preguntarse es cuánto pagan de alquiler en esa oficina para 17 personas en la milla de oro, ¿qué sentido tiene eso en una oficina de gobierno que se supone que atiende las necesidades de las mujeres en el país?”.
Pagán Jiménez dijo que el colectivo espera a que se establezca el nuevo gobierno para solicitar a la legislatura que se investigue el desempeño de la Oficina de la Procuradora.
