(Fotos por Gabriela Carrasquillo Piñeiro)

Durante 14 días, residentes del barrio Montones 1, en Las Piedras, se reunieron desde las 5:00 a. m. en medio de los estrechos caminos de acceso a la comunidad Estancias Pedrentinas para impedir la entrada a los contratistas que se disponían a instalar una torre de telecomunicaciones muy cerca de sus hogares. Cada auto que se acercaba por el camino era motivo de urgencia para los vecinos que se levantaban de sus sillas, tomaban sus carteles y bloqueaban la calle.

“Nosotros lo que tenemos es esto para manifestarnos. No tenemos otro lugar porque estamos atropellados. Estas antenas no las colocan en lugares donde vive la gente de dinero porque ahí afecta. Tienen que colocarlas en lugares donde están las personas pobres que no tienen dinero para defenderse”, describió la coordinadora de las comunidades, Miriam Velázquez, durante una de las manifestaciones.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Ante la percepción generalizada de que en Puerto Rico no hay racismo, activistas destacan que una de las formas más evidentes de discrimen es la exclusión de las personas afrodescendientes de los procesos de toma decisiones para el uso de terrenos en sus comunidades tras eventos naturales y otras emergencias, como la pandemia de la COVID-19.

En el conversatorio Racismo ambiental: el impacto que tiene en nuestras comunidades, organizado por la Fundación Segarra Boerman e Hijos, la abogada Ruth Santiago definió el concepto como “la concentración de actividades contaminantes que impactan, de forma desproporcionada, a comunidades mayormente afrodescendientes”.