(Al centro, la abogada Verónica Rivera. Foto: suministrada)
No es casualidad que organizaciones que defienden los derechos de las mujeres incluyeran el tema de un techo seguro en la propuesta que prepararon a la gobernadora Wanda Vázquez, quien, en vez de declarar un estado de emergencia por la situación de la violencia de género en el país, optó por emitir un “estado de alerta nacional”.
El derecho a una vivienda digna y segura es un derecho humano fundamental, y, precisamente, las mujeres han sido una de las poblaciones más afectadas en la actual crisis hipotecaria, coincidieron la abogada Verónica Rivera, de Ayuda Legal Puerto Rico; la sicóloga Tania García, catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico; y el abogado de casos de ejecución de hipotecas José Velázquez.
Sus expresiones formaron parte del foro ¿Cómo afecta la crisis hipotecaria a las mujeres? en el marco de las actividades de la Convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La moderadora fue Noeli Pérez de la Torre.
“Es bueno que empecemos a hablar del tema de la violencia económica como una manifestación bastante cruda de lo que es la violencia de género o la violencia contra la mujer, y, por eso, hemos creado un protocolo para casos de ejecución de hipotecas que va dirigido a las personas que dan servicios a sobrevivientes”, mencionó Rivera sobre la iniciativa Ayuda Legal Puerto Rico.
“A veces, son muy maltratadas por sus propios abogados y abogadas, y otros proveedores de servicios, pero muy maltratadas. En el caso de ejecución de una hipoteca, muchas veces, el codueño de la propiedad es la persona agresora. Hay que decirle que puede continuar con el proceso, pero si le tiene miedo, hay que verificar si hace falta una orden de protección y si la hay qué se va a hacer en el proceso de mitigación”, añadió la abogada.
Para lidiar con los casos de ejecución de hipotecas de poblaciones vulnerables, como las personas con diversidad funcional, ancianos y víctimas de violencia doméstica, Ayuda Legal Puerto Rico creó el documento Buenas prácticas de las instituciones financieras en el que reconocen la responsabilidad social que tienen los bancos, que deben, además, respetar el derecho a acceso de justicia de sus clientes en el manejo de sus préstamos hipotecarios.
“Nos dimos cuenta de que no era cuestión de ir a hablar y quejarnos, sino que teníamos que ir con exigencias porque, aunque el banco no es el estado, definitivamente, tramita un derecho fundamental que es el de la vivienda. Así que no debe haber dudas de que podemos hacer exigencias también en la banca y, en esas estrategias de buenas prácticas, le damos visibilidad a estas poblaciones. Por lo tanto, si hay una orden de protección, el banco tiene la responsabilidad de saber cómo manejar ese asunto”, puntualizó quien señaló que, una vez se experimenta la violencia doméstica, se “abren otras violencias posibles”, entre ellas las ejecuciones de hipotecas a mujeres que dependen económicamente de su agresor y que se quedan en la calle tras culminar la relación sentimental.
Por su parte, la catedrática García estableció que la pérdida del hogar no se da en el vacío, pues, según una investigación que presentó, las mujeres enfrentan el desempleo, la falta de acceso a los trabajos y, cada año, están más inmersas en la pobreza.
“Lo que estamos estableciendo es una relación entre violencia económica y violencia de género. Las estadísticas del 2018 lo que están presentado es que los niveles de desempleos de las mujeres ya están por encima del de los hombres, un poco más, son 9.4% vs el de los hombres que es un 9%. En participación laboral, también en 2018, las mujeres están alrededor de un 33% vs los hombres que están en un 48%. Así que ya estamos viendo una disparidad en términos del acceso al empleo de las mujeres y de la participación laboral en el mercado”, dijo la profesora.
“Eso combinado a que hay estudios que presentan que las mujeres tienen mayor escolaridad, sin embargo, tienen menos acceso al mercado laboral, y también en términos generales, devengan menos ingresos. Con ese panorama de menos empleos y menos ingresos, para enfrentar esta crisis hipotecaria, las mujeres están en mayor vulnerabilidad que los hombres”, añadió.
Comentó que conservar una propiedad se torna más complicado, cuando la mujer encara un divorcio y es víctima de violencia doméstica, porque, por lo general, no cuentan con los recursos económicos.
La investigadora hizo referencia al trabajo de la doctora Linda Colón, para indicar que la pobreza se ha agudizado en la vida de las mujeres, sobre todo, luego del paso del huracán María en el 2017.
Ante la precariedad económica que se vive en el país, por su parte, el licenciado Velázquez hizo hincapié en que las modificaciones hipotecarias para que la gente no pierda sus hogares no pueden darse con “mala fe”.
“Yo tengo 50 años y me dan una modificación a 40 años. Son modificaciones irreales que no están basadas en la buena fe. Existe una crisis real, y tenemos que empezar a crear política pública para modificar esos préstamos basados en la buena fe, y no en el capitalismo y neoliberalismo”, apuntó.
