(Ilustración por Rosa Colón)
Las restricciones mayores a la autonomía de los cuerpos de las mujeres y de las personas trans ha sido una de las consecuencias de la crisis sanitaria que comenzó en Puerto Rico en marzo del año pasado.
Los anticonceptivos orales y otros métodos de planificación han sido reconocidos por las organizaciones internacionales de salud como medicamentos esenciales porque les permiten a las mujeres y personas gestantes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin el miedo a un embarazo no deseado.
No obstante, a raíz del COVID-19, y según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), el acceso a anticonceptivos está disminuyendo. La planificación familiar y la anticoncepción se encuentran entre los servicios de salud más interrumpidos.
Al comienzo de la pandemia, el UNFPA, Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Victoria modelaron el impacto potencial de la pandemia sobre los servicios de planificación, y determinaron que seis meses de grave inestabilidad del sistema de salud en 114 países de ingresos bajos y medianos podrían dejar a 47 millones de mujeres y personas gestantes sin posibilidades de usar anticonceptivos. Esta situación tendría como resultado 7 millones de embarazos no planificados. A este panorama se le suma la violencia sexual que también está en aumento, lo que incrementa aún más el riesgo de embarazos no deseados.
Por otro lado, el 12 de enero de 2021, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció un requisito federal a la píldora abortiva. Las personas que deseen interrumpir un embarazo, con este medicamento, tienen que ir a un hospital o consultorio médico para obtener la pastilla.
En desacuerdo con lo establecido, la jueza Sonia Sotomayor manifestó en su escrito de disidencia que esta decisión muestra que “durante la pandemia, no solo se trata el aborto de manera excepcional, sino que impone una carga innecesaria, irracional e injustificable a las mujeres que buscan ejercer su derecho a escoger”.
Según UNFPA, “los embarazos no planificados tienen graves consecuencias para la educación, los recursos y medios de vida de las mujeres y las niñas, pero también traen el riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo, e incluso de mortalidad, en un momento en que los sistemas de salud de muchos países están sobrecargados. Las mujeres de países de todo el mundo están denunciando obstáculos para recibir atención prenatal y servicios de parto seguro”.
Más complicaciones para las personas trans
En el caso de las personas trans, la pandemia ha complicado aún más la obtención del plan médico del gobierno.
“Si un participante viene a mi agencia porque quiere recibir tratamiento hormonal, pero no tiene plan de salud, pues tenemos que hacer el proceso para sacar el plan. Entonces, ahí, es que vienen las dificultades que se le ponen a la comunidad trans para poder comenzar el tratamiento hormonal. Si antes de la pandemia, para sacarlo era difícil, ahora con la pandemia es peor. Sin eso (el plan médico), no te van a recibir en las clínicas para el tratamiento hormonal”, explicó Karina Torres, quien trabaja en Trans Tanamá, un programa dirigido a personas trans, entre 16 y 29 años, para servir y educar sobre salud sexual.
Según Torres, las oficinas gubernamentales mantienen una discriminación constante hacia las personas trans cuando necesitan solicitar documentos.
Las personas trans necesitan un plan médico para las terapias hormonales porque, antes de empezar el tratamiento, los médicos les envían a realizarse pruebas. Estos laboratorios son costosos, expresó la también activista Torres.
A este panorama se le añade que solamente hay tres clínicas que realizan este servicio.
“En Puerto Rico, hay pocas clínicas que ofrecen el servicio de tratamiento hormonal. Y los que hay solamente se encuentran en el área de San Juan, Mayagüez y Rincón”, mencionó Torres.
Además, en el país, no hay, hasta el momento, un plan médico que cubra la compra de hormonas que necesitan hombres y mujeres trans.
“Sí hubo un intento por el Departamento de Salud de incluir unos tratamientos hormonales para que pudieran cubrirlo la reforma, pero no se sabe bien cómo ellos identificaron esas hormonas. Ellos (Departamento de Salud) pusieron nombres de tratamiento de hormonas que en Puerto Rico no utiliza la comunidad trans. Así que añadieron 10 medicamentos y de los 10 medicamentos solo se utilizan dos. No hicieron gran movimiento para que esas hormonas las cubra el plan médico”, aseguró Torres.
Los precios varían según la farmacéutica y en dónde estén ubicadas. Por ejemplo, la compra de hormonas en el área metropolitana son más caras. En general, este medicamento fluctúa entre $20 hasta $100, expresó Torres.
A pesar de que en Puerto Rico, los datos sobre el estatus socioeconómico de la población trans son escasos. Un reportaje publicado por el Centro de Periodismo Investigativo sobre la comunidad trans, luego del huracán María, reportó que las personas trans tienen un ingreso por debajo de los $24,980.
“El informe sobre las experiencias de participantes latinos del US Transgender Survey de 2015, que incluyó a Puerto Rico, reportó que cuatro de cada 10 (43%) personas trans vive en pobreza”, se indicó en el reportaje.
“Antes y ahora, con la pandemia, el gran problema que enfrenta la comunidad trans son los trabajos. Muchas personas que no tienen trabajo dejan la transición o no entran a la transición porque no la pueden cubrir. En Puerto Rico, hay mucha discriminacioón hacia las personas trans en el área laboral”, indicó Torres sobre el desempleo en esta población.
Según Amnistía Internacional, “en muchas partes del mundo, las personas trans están excluidas de la educación o del empleo formal, lo que las confina a un abanico limitado de oportunidades laborales. Gran parte del trabajo disponible es informal o está en sectores que se han visto muy afectados por la pandemia”.
