La inacción del gobierno para atender de manera eficiente la situación de violencia de género en el país movilizó a un grupo hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan, donde retumbó el reclamo de que se declare un estado de emergencia por las ocho mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el 2019.
La organización política Colectiva Feminista en Construcción convocó ayer, viernes, una manifestación bajo el nombre Nadie se busca esta violencia, en la que, además, se denunciaron otras violencias en contra de las mujeres y los ciudadanos como la pérdida de vivienda y las medidas de austeridad implementadas por el gobierno y la Junta de Control Fiscal.
Estos adoquines eran familiares para algunas de las asistentes, pues, en ese mismo lugar, el 23 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el Plantón 23N contra la violencia machista. El año pasado, también, se le exigió al gobernador Ricardo Rosselló que firmara una orden ejecutiva en la que se declaraba un estado de emergencia. En esa calle, acamparon hasta el 25 de noviembre sin ser atendidas por el primer ejecutivo, y enfrentaron los golpes de los policías.
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Ayer, las manifestantes se agruparon en ese mismo espacio frente a una valla anaranjada para alzar su voz. Del otro lado, un grupo de policías, compuesto en su mayoría por mujeres, acompañó a las participantes. Esta vez, las activistas pudieron hacer sus reclamos sin inconvenientes ante las miradas de quienes paseaban cerca del área de las sombrillas de colores.
“El gobernador aprobó una orden ejecutiva, donde decía que ahí estaba el plan integrado donde iba a atender la violencia de género del país. Fue una orden ejecutiva aguá. Simplemente, le reiteraba a las agencias de gobierno las labores que ya ellos tenían que hacer. Así que, como esa reunión en la que fuimos compañeras de la Colectiva, esa orden ejecutiva era para las gradas, para los medios. Por eso, estamos aquí, porque luego que se reuniera con nosotras y empezó el año, han muerto ocho mujeres”, expresó Zoán Dávila, una de las portavoces de la Colectiva Feminista en Construcción.
La activista se refería al documento que Rosselló presentó, el pasado marzo, en el que estableció “un plan de acción integrado para la prevención de violencia contra las mujeres”. El decreto incluyó 13 secciones de instrucciones y exhortaciones al Departamento de Seguridad Pública, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección y el Concilio de las Mujeres, entre otras agencias.
“¿Ustedes saben cuántas querellas administrativas contra policías se han presentado por violencia doméstica y hostigamiento sexual? 642 En los pasados seis meses, ¿saben cuántos incidentes de violencia de género la policía ha registrado en Puerto Rico? 3,609. Y de esos casos, ¿ustedes saben cuál es el por ciento de casos que han terminado en algún tipo de convicción o pena? El 1.25%”, informó a quienes acudieron a la convocatoria.
Dávila mencionó, además, que muchas mujeres han tenido que hacer sus relatos de violencia en las redes sociales y en los programas de televisión, porque sus denuncias no han sido atendidas correctamente en los cuartes de la policía y en los tribunales.
“Es lamentable que una mujer haya presentado una orden de protección, porque su excompañero fue a su lugar de trabajo a amenazarla y a decir que se iba suicidar, y que fue por los canales que el estado le pide que siga para protegerse, y que haya sido asesinada, apuñalada en su casa porque el fiscal decidió citar al agresor más de una semana después”, dijo la integrante de la Colectiva para recordar el reciente caso de Lourdes del Carmen Cuevas Natal, de 42 años, quien fue asesinada por su expareja Javier José Acevedo Rodríguez, en Ponce.
La integrante de la organización política hizo hincapié en los casos de policías agresores que no se han atendido y en la falta de evaluación de los SAFE kits. Ante este panorama, Dávila rechazó que Rosselló califique esta situación como “alarmante”, pues para ella y los presentes se trata de un estado de emergencia.
Informó que, recientemente, el gobernador declaró un estado de emergencia por “los hoyos en la carretera” del país. “Si las muertes de ocho mujeres de este año, las muertes de las 23 mujeres del año pasado y todas las situaciones de violencia que nosotras sufrimos, como el hostigamiento en las calles y las agresiones sexuales, no tienen más valor que atender los hoyos en las carreteras, ¿cuánto valen nuestras vidas?”, pronunció ante los gritos de indignación de los asistentes.
Por su parte, Vanesa Contreras, cofundadora de la Colectiva, trajo a la atención otras violencias que los ciudadanos de este país reciben cuando son desalojados de sus viviendas y son sometidos a medidas de austeridad implementadas por el gobierno y la Junta de Control Fiscal por los pasados meses.
“Estas opresiones no son individuales. Esto es un ataque a todo el pueblo de Puerto Rico, y todo el pueblo tiene que salir a la calle”, manifestó en el evento que también participó la agrupación Plena Combativa.
