Cuando un grupo académico investiga un problema de su propia comunidad, no son pocos los retos que pueden surgir en el proceso. Aspectos tales como tratar de armonizar la rigurosidad investigativa con el deseo de hacer activismo, así como tener que lidiar con la dificultad de potencialmente estudiar a personas conocidas de su entorno o círculo de amistades, son solo algunos de los dilemas que deben ponderarse en el diseño del proyecto.

¿Qué sucede cuando trabajas desde las ciencias sociales y conoces que en tu universidad se ha normalizado por años el problema de acoso de profesores hacia estudiantes? ¿Cómo abordar la situación entendiendo que el trabajo académico puede ser en ocasiones una gran herramienta para promover la transformación social y combatir la cultura de la impunidad?

El pasado 12 de marzo, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) de Puerto Rico anunció la suspensión indefinida de los torneos y eventos que se llevaban a cabo como parte de la acción deportiva del semestre académico de enero a mayo 2020. Un mes después, la misma organización comunicó la cancelación definitiva de todas sus competencias debido a la emergencia de salud provocada por la COVID-19.

Temporadas de algunos deportes no pudieron terminarse. Otras competencias nunca ocurrieron, como las Justas de Atletismo y Festival Deportivo que la LAI, que se celebra anualmente en abril.

A juicio de dos atletas de las jerezanas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la pausa en las competencias de la LAI y la incertidumbre en el contexto de la COVID-19, no deben usarse como pretextos para quitar fondos o desmantelar programas deportivos universitarios.

La mayor parte del estudiantado del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPRH) desconoce los protocolos de atención al hostigamiento sexual, reveló la investigación Repensando la universidad como espacio seguro, que seis estudiantes del bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación-Acción Social (INAS) presentaron el martes.

El proyecto educativo, requisito del curso Metodología de Acción Participativa, tenía el propósito de consignar la información que tienen los universitarios sobre las políticas institucionales e identificar sus necesidades. Fue un trabajo de las coinvestigadoras Crystal Caballero Colón, Dagnairé Rodríguez Sánchez, Karina Reyes Carrasquillo y Esmeralda Hernández Pérez, y la profesora Migna Rivera García.

“Héctor O’Neill es buen alcalde”. Así despachaban algunas personas las serias acusaciones por violación y abuso de poder que enfrentó el ahora exalcalde Guaynabo. Hacían mención de su obra de varios años en este municipio metropolitano para defenderlo y pedir encarecidamente que no continuaran haciendo referencia a las agresiones que este cometió contra una oficial de la policía municipal de Guaynabo. Así como acosaba a las mujeres que supervisaba en su ayuntamiento, su embriaguez de poder lo llevó a impulsar proyectos ambiciosos que hoy tienen a Guaynabo en una crisis fiscal que ha llevado a la actual administración municipal a cancelar proyectos por falta de fondos. Esa actitud de “macho” y “cacique” bajo un manto de impunidad llevó a O’Neill a operar como le diera la gana durante más de dos décadas de mandato.

“Pero él es buen profesor, los estudiantes lo quieren mucho”. A esa apología para obstaculizar cualquier intento de denuncia de acoso sexual en la Universidad de Puerto Rico se une el planteamiento de que “eso siempre ha ocurrido” y “también sucede en otras universidades”.