Sin educación con perspectiva de género, ¿hay Estado de Emergencia?

Foto de archivo de Mari Blanca Robles López

A un año de la declaración de un Estado de Emergencia para atender la violencia de género en Puerto Rico, la implementación de un currículo con perspectiva de género se mantiene como un punto pendiente en la agenda de quienes lideran los esfuerzos para avanzar hacia la equidad. Más que un asunto que queda relegado para adelantar otras urgencias, la perspectiva de género en la enseñanza pública del país no despega porque es blanco de ataques de sectores fundamentalistas y antiderechos que buscan frenar la metodología de análisis y prevención de las desigualdades que sostienen la violencia machista.

La orden ejecutiva que declaró, el 25 de enero de 2021, un Estado de Emergencia por violencia de género en Puerto Rico establecía que el gobierno estaba comprometido “con establecer un proceso para desarrollar un currículo con perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”. Ese compromiso le sucede a otros esfuerzos de hace más de 10 años también aguados por los mismos grupos.

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Durante su vista de confirmación en el Senado, el 18 de enero, el designado secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, admitió que cedió a cambiar el nombre del programa a Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos y su contenido, a petición de la senadora del partido Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve. Aunque aseguró que el material que debía incorporarse con urgencia en la enseñanza pública aún no está listo, minimizó los cuestionamientos sobre el cambio al señalar que “el nombre no hace la cosa”. 

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Durante los pasados meses, el subcomité de Educación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), creado para asegurar el cumplimiento de la orden ejecutiva, desarrolló unos lineamientos para que el DE desarrollase un currículo con perspectiva de género, que se implementaría en el sistema público de enseñanza. 

“Se trabajó todo un marco conceptual de cómo se debería integrar la perspectiva de género en la educación, tomando en consideración que, en el 2015, el DE había hecho un ejercicio de desarrollo de currículos en las diferentes áreas académicas”, explicó la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género y parte del subcomité, junto a otras expertas en el tema.  

La perspectiva de género, según la Organización de las Naciones Unidas “es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad”.

La perspectiva de género también permite identificar el discrimen por orientación sexual e identidad de género, en defensa de las comunidades LGBTTIQ+.

Ante la decisión de Ramos Parés, las organizaciones no gubernamentales en el Comité PARE emitieron declaraciones en las que desautorizan el desembolso de $250,000, al que habían dado paso, para el adiestramiento del magisterio en la perspectiva de género.

“Nosotras estamos muy claras de que los derechos humanos son indivisibles y que ningún ser humano debe ser sujeto de discrimen, pero hay que entender las raíces del discrimen por sexo y por género así como hay que entender las causas de la violencia de género para poder erradicar de nuestra sociedad estos terribles males. Al hablar de estos temas y de derechos humanos, hay que tener claro que no siempre se lograrán consensos y que el Estado tiene el deber de posicionarse del lado correcto de la historia”, puntualizó Vilma González, directora ejecutiva de la coalición Coordinadora Paz para las Mujeres.

Por su parte, la presidenta del Comité PARE y secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, respaldó la decisión de cambiar el contenido y nombre del currículo, pues confía “en el criterio del secretario de Educación” y está “segura que el currículo que se está desarrollando habrá de cumplir a cabalidad con la orden ejecutiva”.

No obstante, la fiscal Ileana Espada Martínez, oficial de cumplimiento del Comité PARE, estableció que debe atenerse a lo que manda la orden ejecutiva, que es clara en la perspectiva de género. 

“El secretario se está comprometiendo a implementar una educación con perspectiva de género aguada, que atiende los intereses de un sector que siempre se ha opuesto, que siempre se va a oponer y que es un sector que nunca ha estado a favor o al frente de esa lucha para erradicar la violencia de género”, sostuvo, por su parte, la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción Zoán Dávila Roldán

Evalúan los resultados

Compuesto por 19 miembros del gobierno y del tercer sector, el Comité PARE se ha reunido por meses para recomendar principalmente cambios sistémicos que lleven a erradicar la violencia de género en Puerto Rico, como exigía la Orden Ejecutiva 2021-013, que decretó el Estado de Emergencia.

“Hay que tener en cuenta que las metas [que establecía la orden ejecutiva] eran metas que se podían lograr a mediano y largo plazo, que no va a dar frutos inmediatos […] se puede evaluar el cambio o un efecto a dos o tres años, inmediato no se va a ver”, explicó Debora Upegui Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género, entidad que ha servido como observadora y asesora en el proceso de recopilación de datos y estadísticas del Comité PARE. 

La exigencia del Estado de Emergencia fue uno de los pilares de la lucha feminista puertorriqueña por varios años previo a su decreto. Desde 2018, la organización política Colectiva Feminista en Construcción ha liderado el reclamo, para que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de las vidas de las habitantes de Puerto Rico. 

“Se habla que se están haciendo estas cosas, que está esta página (la página Pare la violencia), que está haciendo algo. Pero, cuando tú coges el pulso en la calle, la realidad de las mujeres no ha cambiado ni un poquito […] ¿Cómo una contrasta cuál es la agilidad o la premura con la que se están trabajando unas cosas, en el tiempo que se tiene y con los recursos que se tienen?”, sentenció Dávila Roldán. 

¿Qué ha logrado el Comité PARE?

Luego de ser constituido, el Comité PARE comenzó labores, en marzo del 2021, cuando se crearon 12 subcomités que trabajarían, de forma individual, asuntos de política pública, estadísticas, educación, servicios, violencia sexual, desarrollo económico, recursos, seguridad, SAFE Kits, alianzas comunitarias, alianzas estratégicas y personas migrantes. 

 

(Visualización por Adriana Díaz Tirado)

La fiscal Espada Martínez destacó que el primer logro del Estado de Emergencia fue que se discutiera el asunto de la violencia de género como un problema de país. 

Para la portavoz de la Colectiva, el Comité PARE, en cambio, se ha atribuido un trabajo que no ha hecho. 

“Ese trabajo ya se había hecho cuando se aprobó el Estado de Emergencia, y el Estado de Emergencia se aprueba cuando la situación de no hacerlo era insostenible públicamente”, aclaró Dávila Roldán.

Uno de los trabajos del comité fue la campaña El momento del PARE. El esfuerzo, lanzado en julio, incluye piezas publicitarias, murales, talleres de capacitación para empleados gubernamentales, ejecuciones en las redes sociales de las diversas dependencias del gobierno y una página web con material educativo. Incluye también un directorio de servicios, organizaciones y albergues para sobrevivientes de violencia de género, un glosario, recursos de acceso a la justicia, estadísticas y otros.

Además de la página web, los contenidos de la campaña más visibles son los murales en el poco concurrido centro comercial Mall of San Juan, un anuncio de televisión sobre la realización de murales que no aborda de manera precisa qué es la violencia de género ni cómo se previene, y las piezas publicitarias en la página de Instagram del comité, iniciada hace seis meses, y que hoy cuenta con apenas 575 seguidores. 

“El contenido de la campaña, inicialmente, era bueno […] Sin embargo, en este momento, yo creo que hay un reto bien grande para esa campaña y es el reto de lograr llegar a espacios comunitarios en los que hay resistencia al tema de violencia de género, porque hay resistencia al tema de perspectiva de género”, argumentó Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, una de las organizaciones en el Comité PARE. 

A la vez, estableció que el gobierno debe consignar en la campaña cómo la perspectiva de género incide en la prevención e intervención con la violencia hacia las mujeres. 

También, se creó el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), un componente piloto del Departamento de Seguridad Pública, que centraliza el procesamiento de las órdenes de protección para facilitar el acceso a la información de los diversos componentes de seguridad. A cuatro meses de su establecimiento, el COPOP procesó sobre 2,200 órdenes de protección.

Espada Martínez añadió que, desde febrero, comenzará el plan de capacitación a cinco agencias gubernamentales, que incluye a los departamentos de Justicia y Seguridad Pública, en los que se impartirán talleres de perspectiva de género en el escenario laboral. 

Asimismo, Pagán Jiménez destacó la creación del protocolo para el diligenciamiento de los SAFE Kits para hacer justicia a las víctimas de agresión sexual, a través de la utilización del proceso de rapid DNA.

En busca de las acciones contundentes

Aunque el comité ha adelantado labores para incidir en el sistema gubernamental, ninguna ha significado cambios directos en la experiencia cotidiana de las mujeres. Puerto Rico, la gente y el Estado, sigue siendo machista y violento contra las mujeres, evaluó Dávila Roldán.

“Tenemos todos estos recursos, toda esta gente trabajando, todas estas organizaciones dando de su insumo y también aportando, pero no cambia la realidad”, argumentó. 

Por otro lado, para Pagán Jiménez es preocupante porque esos planteamientos “quieren decir que no hay una comprensión de que la violencia de género tiene unas raíces estructurales complejas que no se pueden resolver ni en tres meses, ni en seis meses, ni en un año. Estamos hablando de hacer un trabajo que requiere una transformación, no solamente de las industrias gubernamentales, sino también de las estructuras sociales y económicas en las que todas nos movemos”.

La declaración de emergencia detalla, entre las facultades y funciones del Comité PARE, acciones contundentes que pudieran tener efecto directo en mermar la violencia de género en el país.

Entre los mandatos se incluyen “establecer y recomendar iniciativas de rehabilitación dirigidas a romper el ciclo de violencia de género en todas sus manifestaciones” y “establecer procesos expeditos para el manejo de casos de violencia de género en los que se garanticen los derechos de todas las partes y se procure la seguridad de las víctimas”. 

Igualmente, pide recomendar “medidas reglamentarias, programas para la prevención y el manejo de casos de violencia de género”. Así como “medidas dirigidas a la rehabilitación, tanto de las víctimas como [de] los victimarios”. 

Mientras, las organizaciones feministas continúan ofreciendo los servicios que el gobierno no asume y realizan el trabajo en el comité de forma voluntaria y desde el compromiso que tienen con las comunidades.

“Todas estamos muy claras que el trabajo que estamos haciendo es parte de un proceso que va a tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Y para el largo plazo la meta es, por supuesto erradicar, de una vez, los feminicidios y la violencia hacia las mujeres de nuestra sociedad”, explicó Pagán Jiménez.

Añadió que la erradicación de la violencia de género le toca al gobierno, a las organizaciones y a las comunidades, porque pueden atajar el problema desde diversos flancos.

“Es un esfuerzo titánico, es un esfuerzo que las organizaciones hacen ad honorem”, recalcó Lugo Nazario. 

La fiscal Espada Martínez dijo que una de la prioridades del Comité PARE, para este año, debía ser la identificación de fondos para sufragar los servicios de las organizaciones no gubernamentales, como los albergues para las sobrevivientes de violencia. 

Estadísticas centralizadas

El subcomité de estadísticas, dirigido por el Instituto de Estadísticas, creó un tablero digital que centraliza los datos referentes a violencia de género de diversas agencias gubernamentales, como el Negociado de la Policía, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

El Observatorio de Equidad de Género es la única organización sin fines de lucro que forma parte de ese subcomité, en calidad de observadoras y asesoras. Como parte de su  contribución, incentivaron a las diversas dependencias gubernamentales para que recopilaran sus datos desagregados por género, aspecto imprescindible para trabajar con información de violencia de género, y a contratar estadísticos permanentes para que pueda conservarse el trabajo. 

“Han sido bastante abiertos a escuchar nuestras sugerencias. Sin embargo, yo creo que nosotros somos el único ente que ha estado reclamando y cuestionando la manera cómo se han estado haciendo las cosas, porque las demás agencias están ahí y lo que hacen es como escuchar y responder a los pedidos de información que se les hacen. Pero, de ellos no ha surgido gran participación en cuanto a qué es lo que debemos incluir [y] qué está faltando. No hay como un trabajo introspectivo sobre cómo ellos están haciendo las cosas”, dijo Upegui Hernández.  

Las integrantes del Observatorio entienden que el tablero tiene potencial para tener buena información, todo depende de que se esté actualizando y que las personas que lo trabajen tengan perspectiva de género. No obstante, el Instituto de Estadísticas trabaja con datos finales, para poder corroborarse, lo que hace que trabajen con un retraso. Por tal razón, entienden que las diversas agencias deben continuar desarrollando sus respectivos datos para poder actualizarlos en tiempo real. 

A su vez, destacaron que la gran ausente en el subcomité de estadísticas fue la OPM, pues sus representantes no asistieron a la mayoría de las reuniones. Además, apuntaron a que los datos de esa entidad gubernamental no estaban desagregados por mes y son algunos de los más desactualizados en todo el tablero. 

Cambios en Justicia

Aunque no se lo atribuye al trabajo del Comité PARE, Dávila Roldán entiende que, en el último año, han ocurrido sucesos importantes para las mujeres. A raíz del feminicidio de Andrea Ruiz Costas, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se reunió con la Colectiva, escuchó los reclamos y aseguró el acompañamiento de las víctimas por parte de fiscales, en las vistas preliminares de órdenes de protección. Posteriormente, ese proyecto se convirtió en la Ley 32-2021, que también exige la presencia de una intercesora o intercesor de la OPM.

El Departamento de Justicia, además, extendió sus Unidades Especializadas en Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores a sus 13 distritos judiciales y reclutó a 48 fiscales especializados. También, ofreció talleres obligatorios a sus empleados.

“No podemos esperar cambios de la noche a la mañana. El mundo es una diversidad, hay personas que creen en la violencia de género y hay personas que piensan distinto. La empatía y la sensibilidad no se enseñan; eso se vive. Así que estamos tratando de buscar a esos funcionarios, funcionarias y funcionaries, que realmente se vivan estos trabajos”, explicó, por su parte, la oficial de cumplimiento del Comité PARE sobre el proceso de reclutamiento del nuevo personal. 

Silencio ante medidas de austeridad

La portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción reclamó que, como grupo asesor del ejecutivo, el Comité PARE debió ser vocal para oponerse a las medidas de austeridad que se aprobaron durante el 2021. 

“De momento, es incongruente que tengamos un comité de trabajo que asesore al gobernador en materia de derechos de las mujeres, erradicación de la violencia de género y ni siquiera se exprese para denunciar cómo todas estas políticas de austeridad tienen un efecto directo en las vidas de las mujeres y su familias”, sentenció Dávila Roldán.  

Medidas como el Plan de Ajuste de la Deuda y los recortes en las pensiones precarizan la vida de las puertorriqueñas. 

“Las organizaciones sí han hecho expresiones en cuanto a eso, fuera de PARE, pero PARE es un instrumento gubernamental, por supuesto que el gobierno no se va a expresar contra sus propias acciones”, puntualizó, por su parte, Pagán Jiménez.

Avances en la legislación

Fuera del Comité PARE, ha habido ciertos aspectos destacados a lo largo del año del Estado de Emergencia por Violencia de Género, que incluyen las leyes aprobadas avaladas por el comité asesor, pero no fueron de su autoría. 

La Ley 21-2021, que criminaliza la venganza pornográfica, y Ley 40-2021, que tipifica a los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos en primer grado, fueron dos de las legislaciones más destacadas. 

Las doctoras Lugo Nazario y Upegui Hernández, del Observatorio de Equidad de Género, llamaron la atención sobre el desfase entre las ramas ejecutiva y legislativa. Relataron que, en ocasiones, la legislatura pedía las recomendaciones del Comité PARE de un día para otro, lo que era especialmente difícil para organizaciones que ofrecen servicios y su personal se dirige a esos fines.

Las investigadoras también colaboraron en la revisión del Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de  Mujeres y Personas Trans, por Razones de Género (feminicidios y transfeminicidios), cuya creación era mandato de la Ley 40-2021 y se basó en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razón de género.

Por su parte, la fiscal Espada Martínez añadió que el protocolo, firmado el 19 de enero, crea un comité revisor -compuesto por la Policía, Justicia, Ciencias Forenses, Salud, Instituto de Estadísticas y OPM- que se reunirá trimestralmente para discutir críticamente cómo se implementó el protocolo y si se hizo de la manera correcta.

“Creo que eso fue un gran logro[…] lo que queda pendiente es ver cómo se implementa [y] si realmente hacen una reeducación del personal. Como son las agencias, hay muchos individuos que están bastante comprometidos, pero la burocracia encima de ellos, pesa más. Yo creo que ese es el gran escollo del Comité PARE. Hay muchas personas que están comprometidas, pero la burocracia alrededor de ellos, de la institucionalidad no está tan dispuesta a cambiar”, concluyó Upegui Hernández.

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Valeria María Torres Nieves
Escrito por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Yauco, Puerto Rico. Egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con un bachillerato en Información y Periodismo. Le interesan temas de género, historia, política, cultura, raza y educación.