Para cumplir con los ahorros exigidos por la Junta de Control Fiscal (JCF), la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) ha reducido en $119,000 sus gastos de nómina, resultando en menos empleados de carrera para ofrecer sus servicios de orientación legal, apoyo psicológico, apoyo en tribunales, referidos a víctimas de violencia de género y recopilación de estadísticas.
La reducción de nómina es una de las acciones que la OPM presentó en julio como parte de su Plan de Implementación a la Junta. El plan de la OPM, así como los informes de progreso presentados a la Junta hasta marzo de 2019, es parte de los cientos de documentos que obtuvo el Centro de Periodismo Investigativo tras una demanda de acceso a la información. La entidad periodística liberó los documentos el jueves.
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Menos personal ante más necesidades
La reducción en personal es un asunto con el que la OPM ha tenido que lidiar durante la pasada década. Hace 10 años, la oficina contaba con una plantilla de 56 empleados de carrera, a los que se les pagaba con fondos estatales. Para el año fiscal 2016-2017, esa cifra había disminuido a 20 y, según informó ayer la procuradora Lersy Boria, actualmente, son 17.
Específicamente, Boria indicó que, debido a las reducciones estipuladas por la Junta de Control Fiscal, la oficina no cuenta con fondos estatales disponibles para ocupar los puestos de estadística, educadoras, abogada I y auxiliar de administración de oficinas.
“Esta es un área de necesidad en nuestra oficina, debido a que nuestros datos reflejan un aumento en llamadas a la línea de orientación confidencial de OPM y se evidencia un nivel de mayor complejidad en los casos de violencia doméstica y agresión sexual que atendemos. Esta situación requiere de refuerzo del personal cualificado para prestar estos servicios y poder ocupar posiciones estratégicas como la de estadísticas”, expuso la procuradora.
Los datos que suministró la OPM apuntan a que tan solo entre enero y marzo de 2019, unas 1,974 participantes se han atendido en llamadas y casos en el Centro de Respuesta Integrada, Apoyo y Servicios, y se espera que esa cantidad se duplique al finalizar el 2019.
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Señaló que algunas de las plazas que quedaron descubiertas por el recorte en fondos estatales son sufragadas por personal en destaque, por lo que el ahorro en nómina sobrepasaría la proyección de $119,000. “Actualmente, la OPM refleja reducciones en esta área de $277,000”, adujo Boria.
Estos ahorros por encima de los $119,000 no son parte de las reformas estructurales informadas por la OPM a la Junta de Control Fiscal en sus informes de progreso.
Eliminación de imprenta y renegociación de alquiler
Los otros dos proyectos de ahorro que la OPM presentó a la Junta fueron la renegociación del contrato de arrendamiento de su oficina en la avenida Ponce de León y la eliminación de su imprenta, lo que potencialmente hubiese significado un ahorro de $38,000 y $26,000, respectivamente.
En total, según lo planteado por la OPM en su plan de implementación -un informe con claras deficiencias en reporte de datos y uso del inglés-, las tres iniciativas llevarían a una reducción de $183,000.
Para renegociar el contrato de alquiler, la OPM informó que sostendría una reunión el 15 de agosto de 2018. En su primer informe de progreso, ese mismo mes, la OPM notificó a la Junta que el contrato de alquiler era hasta 2021.
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Al ampliar para este reportaje, Boria indicó que “este contrato fue firmado bajo la administración de la licenciada Wanda Vázquez el 26 de agosto de 2011, con fecha de vigencia del 1 de diciembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2021. Nos encontramos en el proceso de negociación con la arrendataria para presentar una propuesta de reducción en costos para generar las economías anuales proyectadas”.
De otro lado, la OPM indicó a la Junta que eliminaría el área de impresión, donde se reproduce material de educación y orientación para distribuirse entre agencias, sector privado y la ciudadanía.
Boria explicó que se le solicitó una nueva oferta a la compañía de arrendamiento de los equipos, la cual produjo la renovación del contrato “generando una economía de $11,200 anuales” o el 43% de las proyecciones de ahorro en ese área.
Aunque la OPM reclama que “ha logrado cumplir con las proyecciones de ahorro más allá de lo estipulado” ($183,000), el informe de progreso de marzo de 2019, el más reciente disponible, establece que con las medidas implementadas, estaba $1,481 por debajo de los recortes proyectados para la fecha.
