Denuncian trato hostil en vista pública sobre proyecto de libertad religiosa

Separación de iglesia y estado / Ana María Abruña Reyes

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Representantes del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunciaron ayer, miércoles, que la representante María de los Milagros Charbonier no les permitió deponer en conjunto en la vista pública que se realizaba en la mañana sobre el Proyecto de la Cámara 2096, que tiene el objetivo de establecer las “Guías para la protección de la libertad religiosa”.

Lee aquí la ponencia de CABE contra el Proyecto de la Cámara 2069

Amárilis Pagán Jiménez, una de las portavoces de CABE, expuso que la representante, “teniendo el control del micrófono y el mallete”, estuvo en una actitud hostil hacia toda persona que contradijera lo que ella opinaba sobre el proyecto.

“Vimos una representante destemplada, gritando, descontrolada y hostil cuando se le informó que de cada uno de nuestros grupos iba a haber dos personas, que no estábamos pidiendo tiempo adicional, sino tiempo igual al que se había consumido en el panel anterior, tiempo que superó la media hora por cada uno de los grupos que habían depuesto a favor del proyecto y ella simplemente decidió cerrar la sesión a gritos”, expresó Pagán a través de un vídeo que se colgó en Facebook.

Narró que luego que salieran de sala, a gritos, nuevamente llamó para que entraran a deponer.

“No respondemos ni a la violencia, ni a los gritos ni a las presiones indebidas, que nuestra agenda es una agenda de equidad y de dignidad”, señaló.

Osvaldo Burgos, también portavoz de CABE, expuso que el proyecto de ley en discusión “promueve el trato discriminatorio contra sectores de la sociedad”.

“Precisamente, en la propia discusión del proyecto tuvimos un trato discriminatorio porque se nos quería dar un trato distinto al que se le da a una agencia de gobierno que tiene todo el poder del estado”, señaló Burgos, quien describió como humillante e indigno el trato que les dio la representante Charbonier.

Tampoco pudieron deponer representantes de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

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