La jueza presidenta del Tribunal Supremo rinde cuentas sobre el manejo de casos de violencia de género

Maite Oronoz Rodríguez

Fotos por Ana María Abruña Reyes

Cuando se confirmó el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, y trascendió que ella había acudido varias veces al tribunal en busca de auxilio sin haber obtenido la ayuda que necesitaba, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, no tardó en expresarse por escrito.

En declaraciones que circuló a la prensa el 1 de mayo de 2021, dijo estar “absolutamente devastada”.

Citó a una reunión de emergencia con los jueces y juezas de las 13 regiones judiciales para evaluar el manejo de los casos de violencia de género que se presentan ante los tribunales. 

Anunció la designación de un comité para evaluar toda la información, documentos y grabaciones de las distintas vistas que se celebraron en el caso de Andrea Ruiz Costas. 

Y culminó diciendo: “Asumiremos nuestra responsabilidad sin excusas, rendiremos cuentas al País y haremos todo lo que corresponda. Tienen mi palabra”.

Oronoz Rodríguez ha sido afirmativa ante los reclamos de diversidad y de atención a los temas de género en los tribunales. Bajo su presidencia, se expandió el Proyecto de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica que opera desde el 2007, hasta ponerlo en vigor en ocho de las 13 regiones judiciales, y se amplió este modelo para incluir la atención de casos de violencia sexual; se han ofrecido decenas de adiestramientos sobre perspectiva de género para la judicatura, y se ha logrado que solicitudes que antes solo podían hacerse presencialmente, como las órdenes de protección, ahora se pueden realizar de forma electrónica. 

Además, ha sido vocal sobre su solidaridad con las víctimas de violencia de género y sus familiares. 

A pesar de esto, como presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, enfrenta el reto de acercar la Rama Judicial a las sobrevivientes de violencia y atender los reclamos de transparencia y rendición de cuentas. 

En su oficina en Puerta de Tierra, Oronoz Rodríguez respondió preguntas de la Unidad Investigativa de Género, que forman el Centro de Periodismo Investigativo y Todas. 

CQ: ¿Coincide con la percepción generalizada de que hay una resistencia histórica de parte del Poder Judicial de Puerto Rico a rendir cuentas?

Yo creo que hay una resistencia de todos los poderes judiciales de todo el mundo y de todas las entidades gubernamentales a rendir cuentas. En cuanto a los poderes judiciales, me parece que, distinto al Poder Legislativo y del Ejecutivo, el trabajo del juez siempre ha sido tan privado. En el Tribunal Supremo, tú estás escribiendo en tu despacho y nunca le ves las caras a las partes. En el Tribunal de Apelaciones, en Puerto Rico, tampoco hay muchas vistas orales y nunca tienes ese contacto directo. Las salas en el Tribunal de Primera Instancia, hasta hace poco, por más que son procesos públicos y la gente puede entrar, realmente no hay una masificación del proceso, hasta muy reciente con los proyectos de transmitir las vistas de manera virtual. Aparte de eso, el juez y la jueza no tienden a hacer expresiones públicas. Es un trabajo público, pero está bastante distanciado del público a quien le sirve. Así que creo que esa ha sido históricamente la percepción que hay de los distintos tribunales, no el de Puerto Rico únicamente. Y lo sé porque escucho y comparto con mis homólogos y homólogas en estos países, y tendemos a tener estas mismas conversaciones.  

En el tema de violencia de género, ¿usted coincide con los señalamientos de fallas sistémicas que han hecho, sobre todo abogadas que defienden a sobrevivientes de violencia doméstica, sobre el manejo de estos casos?

Por supuesto que existen fallas sistémicas y por más que le dediquemos el 100% de nuestro tiempo a esto, que, obviamente, no es una realidad, el sistema nunca va a ser perfecto y el que diga que no tiene fallas en su propio recinto, me parece que no está siendo honesto y honesta consigo mismo y, ciertamente, no con el país. Claro que hay fallas en un sistema liderado, ejecutado y trabajado por seres humanos, y somos imperfectos y es una organización grande, son procesos técnicos… Estás trabajando con los procesos más traumáticos y vulnerables, con las personas más vulnerables, así que fácil no es. Es un proceso sumamente complicado y yo creo que en eso he sido honesta conmigo y con el país, y abiertamente he dicho que tenemos que hacer, no solo ejercicios de autorreflexión, sino permitir también que otras entidades nos evalúen. Y eso, como te comentaré hoy, está en proceso, con miras a que mejoremos lo más posible. Pero, por supuesto que tenemos fallas, y muchas.  

[Al precisar sobre estas fallas, Oronoz Rodríguez mencionó que muchas mujeres víctimas sobrevivientes de violencia doméstica no llegan a los tribunales en busca de ayuda. Este es uno de los hallazgos del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales que ella designó para que evaluaran la intervención de las cortes en los casos que luego culminaron en feminicidios entre enero de 2020 y julio de 2021. De 24 feminicidios íntimos, solo en siete casos hubo intervención del tribunal antes del asesinato.

No es novedad, pues por décadas, defensoras de los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica han destacado cómo muchas evitan el proceso, lo desconocen, o una vez lo inician, se retractan, porque es agotador o atropellante.  

El mismo estudio, también identifica fallas de jueces y fiscales en el manejo de algunos casos. Por ejemplo, en uno, un juez reconoce la peligrosidad de un agresor, pero le habla a la víctima, en tono de regaño más que de preocupación por su seguridad, sobre  la “situación a la que usted se expone, relación enfermiza. Se expone a una tragedia”. En otro, un fiscal decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y lo despacha con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. En otro, una peticionaria de una orden de protección testificó haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía al agresor para que investigara si procedía la presentación de cargos por este delito. También se señaló que una perjudicada informó al tribunal su nueva dirección y esta se hizo constar en el expediente del caso, sin que se tomara alguna precaución para mantener su confidencialidad.]

Cuando hablamos con intercesoras legales, ellas ya han identificado unas estrategias para que las víctimas puedan lograr órdenes de protección o que se determine causa en el caso de los procesos criminales. Por ejemplo, decir explícitamente “temo por mi vida” o “tengo miedo”, utilizar palabras claves y comportarse de cierta manera. Pareciera que la que no tiene la oportunidad de tener la compañía de una intercesora legal está a merced del sistema, como si tuviera que jugar un juego del que no necesariamente conoce unas reglas que existen, pero no tiene por qué saberlas. ¿Por qué parece que el proceso tiene que ser así? 

Es aún para casos civiles, casos que no tienen que ver nada con violencia de género o agresiones sexuales, y llegar a un tribunal es intimidante; presentarte ante un juez, una jueza es intimidante. Así que en Puerto Rico y en otras jurisdicciones es un proceso difícil. 

Y si, encima, tú tienes que contar que la persona con quien tú llevas conviviendo, la persona que se supone que te está protegiendo, pudiera ser el padre, la madre de tus hijos, el único proveedor, y tú dar unos detalles bien íntimos, la gente tiende a acortar las versiones, a omitir datos. Si estás hablando de algo más serio, una agresión sexual, la manera en cómo el cerebro lo procesa, vas a tener detalles que no los vas a decir en ese momento. 

Parte de los adiestramientos que hemos estado dando a jueces y juezas es sobre cómo tú procuras información. La mejor manera es haciendo preguntas. Cómo tú haces preguntas que te lleven a esclarecer la verdad que, al final del día, es lo que es la función del juez y la jueza.

Pero, hago un paréntesis. Recuerda que hay distintas visiones de cuál es el rol de juez o de la jueza, y se nos enseña desde la escuela de Derecho que los jueces y juezas somos personas juzgadores imparciales y que uno está allí para escuchar y que, en el momento en que tú hagas preguntas, y depende cómo tú dirijas las preguntas, se pudiera entender o concebir que estás favoreciendo a un lado u otro, o incitando a que te divulguen información para llegar a un resultado concreto. Lo menciono meramente porque hay distintas escuelas de pensamiento y la gente concibe su rol de juez o jueza de manera muy distinta, desde el acercamiento a los hechos. 

Mi opinión, de lo que he leído y de lo que he aprendido en Puerto Rico y en otras jurisdicciones de expertas en el tema, sociólogas, psicólogas, juezas que se dedican hace muchísimos años a ver y atender casos de violencia de género, es que tienes que preguntar. No necesariamente porque hay que castigar a alguien. Es que si no preguntas, tienes una víctima en proceso que no te va a dar los detalles necesarios. Si tu rol es adjudicar si esta persona necesita una orden de protección porque su vida está en peligro, tienes que conocer si su vida está en peligro. Y a falta de un abogado o una abogada, y a falta, en ocasiones de una intercesora, el rol del juez o la jueza tiene que ser indagar la verdad y tienes que hacer preguntas. Y hemos tenido unas experiencias en seminarios en que una pregunta que parecía querer buscar algo es lo que te da el contexto, es lo que hace que surja una contestación que hace que te des cuenta de que la persona está en inminente peligro de muerte. 

Sabemos que cuando una mujer tiene que llegar al tribunal, ya muchas cosas han pasado. Las defensoras de derechos humanos dicen que cuando se tiene que llegar al tribunal, ya es muy tarde. Pero, está ahí por una razón. Y, aún cuando hay intercesoras, aún cuando hay jueces y juezas proactivos, que preguntan, el proceso es agotador y hace que, muchas veces, se arrepientan, o, cuando lo terminan, es a un gran costo emocional, físico y económico. Y, lo que he recibido de víctimas sobrevivientes con las que he hablado, es que pareciera que el sistema está diseñado para castigarlas a ellas antes que al agresor, aún cuando tienen todos estos apoyos. La pregunta es ¿tiene que ser así?

Hicimos una evaluación que duró varios años y revelamos los hallazgos a un grupo de entidades colaboradoras. Tú tienes personas que van a los tribunales y entienden que el proceso es adecuado, según el informe, con las luces y las sombras que pueda tener. Pero, a la luz de lo que surge del informe, el porcentaje de satisfacción del proceso es alto. Eso no quiere decir que no haya espacio para mejorar. Y sin duda, uno de los hallazgos fue, precisamente, lo que tú estás mencionando. 

Así que, ¿cómo tú [como juez o jueza] haces ese balance fino de respetar los derechos constitucionales de todo el mundo y facilitarle el proceso a la víctima? De no tener, por ejemplo, que decirle una vez su situación a algún policía, repetírselo a algún fiscal, decirla nuevamente en una Regla 6 [vista de determinación de causa para arresto], volver a decirla… Aun si el proceso fuera perfecto, ya tienes mínimo, cuatro o cinco veces que esa víctima tiene que ir al tribunal. Y ni hablar del peso que tiene económico ante una persona que, si fuera una mujer trabajadora, tiene que pedir días en el trabajo; si tiene hijos o hijas, manejar el cuido de su criatura; pérdida económica; y el agotamiento físico y mental de estar en un proceso que uno lo que quiere es que termine. Así que, una de las preguntas que surgió allí con el grupo que trabaja con víctimas es ¿cómo hacemos que ese proceso se aligere? Es un problema, como todo, complejo, porque cada caso particular es distinto. Así que, en ocasiones, la dilación es por motivo de la fiscalía o de la Policía. En ocasiones nuestra, del Tribunal, o por la pandemia vas a tener procesos que se han dilatado. La propia víctima, como tú mencionas en muchas ocasiones, quiere retirarse, no únicamente porque el proceso es tedioso, sino porque pudiera estar agobiada y mentalmente descompuesta. Así que las razones son múltiples y, por eso, es que es difícil hacer mecanismos para mejorar algo que tiene tantas razones de ser.

¿Hay mecanismos que sí hayan podido implementar para aliviar lo que pareciera ser la naturaleza del proceso?

Se hizo un formulario único para las órdenes de protección. Se hizo una sala municipal virtual, precisamente, para evitarle a la víctima, no solamente tener que trasladarse al tribunal, sino exponerse al agresor. Pueden hacer esas llamadas por videoconferencia desde el mismo albergue. Con los calendarios escalonados, se han minimizado las horas de espera y se ha minimizado el término en el que se otorga la orden de protección. Así que sí se ha trabajado y aún, en el periodo de un año, se ha trabajado. Hicimos un acuerdo de colaboración con el Centro Salud y Justicia, de court watching, donde entes externos se adiestran para ir entonces a procesos criminales de violencia de género, de ahí, hacer observaciones, sacar datos y hacerles recomendaciones a los tribunales de cómo pueden mejorar los procesos en esos casos. Eso es un programa de court watching de un ente externo al Poder Judicial.  

[La Jueza Presidenta también respondió sobre las experiencias de Andrea Ruiz Costas en los tribunales. Un mes antes de su desaparición, Ruiz Costas pidió una orden de protección, pero la jueza Sonia Nieves Cordero no la concedió y optó por citarla para la semana siguiente, junto con su agresor. En su próxima comparecencia, Ruiz Costas fue a denunciarlo criminalmente. Esa vez, una segunda jueza, Ingrid Alvarado Rodríguez, tampoco le creyó, y así quedó constatado en un audio filtrado de esa interacción. 

Desalentada por los resultados que había obtenido, fue al tribunal por tercera vez convencida de que no quería continuar con la petición de orden de protección. Sus palabras ante la jueza Nieves Cordero fueron “no quiero seguir con el caso, no quiero bregar más con esto”.

El 4 de mayo de 2021, cinco días después del asesinato de Ruiz Costas, el director administrativo de Tribunales, Sigfrido Steidel, ordenó la investigación. 

“No se cumple con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Disciplina Judicial contra las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodríguez dentro de los parámetros aplicables a este curso de acción”, concluyó la investigación cuyos hallazgos se dieron a conocer el 20 de octubre de 2021. Las quejas que presentó la mamá de la víctima, Olga Costas Rodríguez, en las cuales se alegaba que las juezas violentaron los Cánones de Ética Judicial durante las vistas a las que su hija compareció, quedaron archivadas.]

Voy a hablar de Andrea Ruiz Costas, porque creo que su memoria merece que la mencionemos y su familia ha pedido también que no la olvidemos, además de que fue el caso que generó unos procesos específicos de introspección del Poder Judicial, incluyendo la investigación sobre las juezas que atendieron su solicitud de orden de protección y la denuncia que ella hizo contra su agresor. El informe de la investigación sobre las juezas Sonia Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez establece cuál es su alcance y cuáles son sus limitaciones a la hora de poner sanciones. La pregunta con la que nos quedamos es ¿cuál es el análisis de las debilidades y vulnerabilidades de ese proceso judicial? 

De entrada, y yo sé, y estoy convencida, Andrea va a estar y va a ser una presencia siempre. Creo que es un hito en nuestra vida en común, yo no creo que nadie que haya vivido ese momento lo vaya a olvidar. Y si bien, a raíz de los feminicidios del principio del año 2021, surgieron otras iniciativas, las iniciativas de autorreflexión empezaron mucho antes. Las iniciativas para mejorar el sistema y para atender y erradicar la violencia de género empezaron mucho antes. 

De acuerdo. Me refiero al resultado de ese informe, que creo que había una expectativa mayor.

Mira, yo creo que es un poco injusto. Deja decir por qué entiendo que es injusto. Y, en parte, yo soy causante del problema. ¿Por qué? Por querer tener contestaciones relativamente rápidas, se le pide a un grupo de jueces y juezas en funciones, que seguían trabajando 24/7 en un turno completo de jueces y juezas, que en un periodo muy corto hicieran una evaluación de un tema muy complicado. Yo creo que hicieron un trabajo excepcional en un periodo relativamente corto de tiempo. Hacer unos hallazgos, algunos de los cuales conocíamos, otros no, se da dentro de un marco de una pandemia, así es que ni siquiera hay un referente. 

Por imperfecto que pudiera ser, yo no he visto este ejercicio de autorreflexión en otros poderes y en otras entidades que tienen que ver directamente con el tema de violencia de género. Así que, si bien no es un proceso perfecto y puedes tener personas que hubiesen querido mucho más, yo creo que hay que dar un poco de crédito a que se hizo, que se hizo en un momento complicado en el País, que fuimos el único ente que tuvo un poco de espacio para hacer una mirada crítica, real, aun con las limitaciones que pudiéramos tener de que estamos haciéndolo interno. 

Pero, pretender que en 30 días o 60 días demos soluciones a un problema milenario, estructural, sistémico, que abarca a todas las entidades gubernamentales de Puerto Rico, que abarca e incluye a los medios de comunicación que ciertamente no en todos momentos hablan con la sensibilidad que deben tratar este tema y, en muchas ocasiones abonan al problema de género en la manera en que se expresan sobre hombres y mujeres.

Y pretender que entonces, en este periodo de tiempo, nosotros tribunales y Fiscalía y el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia y la Policía resolvamos todos los problemas, yo creo que es dañino porque le quitamos responsabilidad a otras entidades y a otros cuerpos y a otros grupos. Pero es que no es real tampoco solucionar un problema, cuando ya llegó. 

Claro, jueza, pero estamos refiriéndonos a unos informes de unos casos en específico. Una investigación que se hizo sobre el tratamiento del caso de Andrea Ruiz Costas y el otro informe que examinó los casos de feminicidios en los que las víctimas habían tenido interacción con los tribunales. En este último sí se identificaron unas fallas. La pregunta que queda sobre la mesa es ¿cuáles son las consecuencias para esos jueces que atendieron estos casos?  

Vuelvo a la premisa, y no estoy hablando específicamente del caso de Andrea, voy a hablar en términos generales. Pensar que equis juez o equis jueza es responsable de que asesinen a una mujer me parece una adjudicación muy injusta. El juez y la jueza puede haberlo hecho todo bien y el fiscal y la fiscal extraordinariamente bien, y el policía también, y los albergues dieron la ayuda necesaria, y todavía puede ocurrir un feminicidio, porque no es una problemática que tú puedes decir a ciencia cierta o con unas estadísticas matemáticas de si el juez lo hace bien o la fiscal lo hace bien, vamos a evitar todos los feminicidios en Puerto Rico. No estoy minimizando nuestro rol ni lo que tenemos que mejorar en el proceso. Pero, no puede ser que una problemática tan compleja se quiera solucionar con algo tan simple como echarle la culpa a un juez o una jueza en un momento dado y que por ende, ocurrió un feminicidio. Me parece injusto. Me parece injusto singularizarlo y minimizarlo porque es un problema muchísimo más amplio.  

Realmente, no podemos saber si en ese caso, que es del que más información tenemos, se hubiesen concedido los recursos o se hubiese hecho diferente, Andrea estaría viva. Pero, en la medida en que no hay un análisis más profundo o unas consecuencias, más allá de hablar de la discreción judicial, ¿qué es lo que le dice el Poder Judicial a las víctimas?

Mira, seis de las víctimas [de las siete que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales identificó] tenían una orden de protección. Así que es un poco para poner en contexto que tampoco esa es la solución. O sea, a seis de las víctimas se les dio la orden y aún así las asesinaron, pero yo creo que el tribunal sigue siendo, con todo el espacio que tenemos para mejorar, la mejor alternativa en muchas de las ocasiones, posiblemente, en la gran mayoría de las ocasiones. Yo creo que acudir, ya sea a la Policía, o a la Fiscalía o a los tribunales, y obtener una orden de protección, en la gran mayoría de las ocasiones, funciona. Y creo que la ayuda que se recibe en los tribunales, no solamente por el personal adiestrado, por las intercesoras, por los enlaces que tenemos con el Departamento de la Familia, los enlaces que tenemos con la Policía, con los albergues, yo creo que se les da a las víctimas más ayuda que si no vinieran a los tribunales o a los albergues, a que si no buscaran ayuda en términos generales. ¿Que nos quedamos cortos? Por supuesto. Por supuesto. Y es una conclusión lógica. Como país, cuando tú ves lo que ocurre en Puerto Rico, cuando tú ves la cantidad de mujeres que asesinan, cuando tú ves la cantidad de mujeres que son agredidas, acechadas, violadas, pues claro que tenemos un problema de país. Y mi compromiso es que, desde el Poder Judicial, demos la mejor respuesta posible: a las víctimas cuando llegan y a los familiares. Y puedo entender, yo no estoy ajena, yo puedo entender la frustración cuando ocurre una tragedia como las que han ocurrido este año y el pasado, y que las contestaciones no sean satisfactorias porque no estamos solucionando el problema. Y no, no los vamos a poder solucionar todos. Así que la pregunta que nos hacemos al interior es, dentro de lo que controlamos, dentro de lo que estamos llamados a hacer como Poder Judicial, dentro de los servicios que damos, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo le decimos a esa víctima que, a pesar de que ocurren eventos nefastos, trágicos, horribles en el País, que somos una alternativa real para una víctima? Y yo creo que lo somos, Cristina, y creo que seguimos siendo una opción por la cantidad de mujeres y de hombres que siguen viniendo a los tribunales a buscar ayuda y que se les da. Pero, somos un sistema falible.  

El que esas personas que acuden a los tribunales obtengan los remedios que necesitan, ¿es una cuestión de suerte? ¿Suerte del juez que le toque?  

No. Yo creo que es una multiplicidad de factores. Yo creo que tú tienes distintos tipos de víctimas. No hay un perfil de víctima. Tú tienes víctimas con ciertas necesidades, tienes distintos tipos de agresores. Tienes personas que son más receptivas a la ayuda que se le puede brindar y hay personas que no. Y tiene mucho que ver con el proceso en el que están en el momento y el trauma que han sufrido, en qué momento del trauma están, si están listas o no a recibir cierta ayuda. ¿Que hay jueces más sensibles que otros? Por supuesto. ¿Que hay jueces más preparados que otros? Por supuesto, como en cada profesión. 

Yo pienso que nosotros como sociedad fallamos en que, y es necesario, no podemos dejar de hacerlo, nos enfocamos mucho en vamos a prevenir ese acto de violencia, vamos a alertar, vamos a darle herramientas a esa víctima que sepa cuando está in crescendo esa, esa volatilidad y esa violencia de ese agresor. ¿A dónde ir a buscar ayuda? ¿Qué albergues le quedan cerca? ¿Qué mecanismos tiene para proteger a sus hijos, a sus hijas o a sus mascotas además de ella misma? ¿Tú sabes dónde no nos enfocamos? En el agresor. ¿Por qué no hay un enfoque masivo, coordinado, concertado para acabar con el problema singular, el problema principal de la violencia de género, que es el agresor? O la agresora, pero numéricamente sabemos que hay más agresores. Y nos enfocamos en la víctima y nunca en el agresor, que es el único que puede parar el patrón de abuso de violencia. Y no lo hay. Y las entidades gubernamentales no se enfocan en eso. Las entidades no gubernamentales no se enfocan en eso. El periodismo no se enfoca en eso. La televisión, los medios. Nadie se enfoca en lo que realmente puede cambiar hacia el futuro esto de manera positiva, que es que trabajemos en que no haya agresores. 

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Cristina del Mar Quiles
Escrito por Cristina del Mar Quiles
Periodista y educadora de Caguas, Puerto Rico. Ha trabajado por los pasados 12 años en prensa escrita, radio, multimedios y de manera independiente como reportera, editora y productora.