(Fotos de Ana María Abruña Reyes)
Conversar sobre crisis climática es pensar en la salud, el derecho a la vivienda, los desplazamientos de las comunidades, la transportación marítima, la energía eléctrica, el acceso a las tierras y al agua, y la dependencia a alimentos importados.
La emergencia climática no puede relacionarse únicamente con el calentamiento global o con la cantidad de huracanes, porque incide en aspectos sociales, políticos y económicos en Puerto Rico.
La lucha para evitar y mitigar daños catastróficos en el planeta Tierra está enlazada a otras luchas, que lideran un grupo mujeres que convocó a una audiencia en el foro La mar se levanta y nosotras también: la recuperación justa ante la emergencia climática, el pasado sábado, en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
“La emergencia climática es importante tomarla en serio porque es reconocer que la crisis no nos afecta a todas las personas por igual, y que, ciertamente, son las comunidades negras, las mujeres, las que resultan ser más marginadas, cuando hablamos de quienes viven y ocupan espacios de riesgos, y no se les da una voz cantante en los procesos de mitigación o adaptación”, expuso Ariadna Godreau, cofundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.
“La crisis no afecta a todas las personas por igual, cuando los mismos espacios costeros, son rentables para inversiones millonarias a través de esquemas como zonas de oportunidad o esquemas que le dan preferencia a los millonarios que vienen a especular sobre el terreno, pero que, cuando se trata de la posibilidad de vivir de una familia que vive en el sur de la isla, en una comunidad pesquera, se vuelve una buena justificación para privarle asistencia para reparar su hogar y se vuelve una razón irrevocable de que no puedes vivir ahí”, agregó la abogada, quien trabaja de la mano con personas que enfrentan la pérdida de su vivienda, al relacionar cómo algunas estructuras afectan las costas, pero las acciones del gobierno y los bancos dependerán de quién es el propietario.
Adriana González, defensora del Corredor Ecológico del Noreste; y Mabette Colón, de la organización Comunidad Guayamesa Unida por Tu Salud, en contra de la quema de carbón y las cenizas tóxicas de la compañía Applied Energy Services (AES), coincidieron en que las comunidades marginadas son las más afectadas de las decisiones de las grandes corporaciones y del gobierno.
“Las personas que menos aportan a este desajuste climático son las primeras que son impactadas, y lo vemos con las comunidades que viven alrededor de los depósitos de cenizas, donde hay vertederos, que son las primeras con asma, cáncer, problemas de aprendizaje”, mencionó la activista González.
Colón compartió que a diario enfrenta el reto de educar a las comunidades sobre el problema de salud y ambiental que provoca AES. Indicó que los vecinos, quienes trabajan para la compañía de quema de carbón, entienden que los activistas están atentando contra su sustento.
Incluso, los residentes del sector resaltan las buenas acciones de los dueños de la empresa que, además de proveerles empleo, regalan uniformes a los equipos de pelota y baloncesto de la comunidad afectada.
“No es justo que tengan que estar intoxicados por este tipo de desperdicio. Si toda una comunidad se une a la lucha que llevamos, sería un éxito. Se unió un pueblo que logró sacar a este gobernador tan corrupto, de igual manera, podemos luchar contra estas organizaciones y empresas que nos están contaminando y matando diariamente”, señaló Colón.
Elda Guadalupe, legisladora municipal de Vieques, resaltó que el pueblo viequense está a merced de que un desastre natural rompa la tubería submarina que suple agua, y señaló que las altas temperaturas han traído sequías prolongadas que han afectado la agricultura. Indicó, además, que luego de la salida de la Marina de Vieques, el pueblo no ha tenido acceso a las tierras porque llegó otro desplazamiento: las casas de verano.
“Hasta la transportación marítima incide con el cambio climático por el cambio de marejadas, el cambio del nivel del mar. Mientras el sistema no sea eficiente, ¿cómo va a enfrentar a un mar que se sigue afectando por los cambios?”, cuestionó.
A esta conversación urgente, se sumó la voz de la Isabel McCullough, de 16 años, una de las líderes del grupo Puerto Rico Climate Strike que reclamó acción a los legisladores, el pasado septiembre, en el Capitolio. En ese momento, los jóvenes solicitaron leyes ecoamigables, exigieron un plan de reciclaje y la disminución de los combustibles fósiles.
“Mi vida importa y mi futuro importa. Importa que pueda respirar bien… Nadie nos toma en serio. Tenemos una lista de demandas, entre ellas un estado de emergencia. Todos los gobiernos, los representantes, senadores, van a decir: ‘Yo tengo un plan’, que va a resolver la pobreza, el cambio climático, resolver la ecología, y, en dos o tres años, no se ha implementado”, comentó la joven en representación del descontento colectivo con la falta de acción gubernamental ante la temática ambiental.
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La moderadora Mariolga Reyes, de Junte Gente, uno de los organizadores del foro, contextualizó la crisis climática al puntualizar que las Naciones Unidas y la comunidad científica han advertido que las sociedades tienen hasta el 2030 para tomar acciones transformadoras, desacelerar los daños que se avecinan y adaptarse a los cambios inevitables.
Reyes lanzó un reto a las activistas para que se proyectaran hacia el futuro, y compartieran qué acciones son necesarias para lograr una recuperación y transición justa frente a la emergencia climática.
“Una gran victoria sería la posibilidad de interrelacionar todas las luchas y poder articular algún tipo de reclamo y sobre el territorio, ese derecho al país. Hay un problema con la toma de decisiones, que la hacen siempre los poderosos, y los poderosos, a la misma vez, no cuentan nuestros muertos, así que hay un problema de visibilidad. Cuando digo muertos, pensamos en los muertos de María, pero están los muertos de cáncer, hambre, son muertos que se atribuyen a esta emergencia ambiental”, reaccionó la licenciada Godreau.
Añadió que es urgente defender el derecho de la gente a quedarse en una vivienda segura, y que se cuestionen las relocalizaciones mediante la participación ciudadana.
“Creo en la fiscalización de los responsables, en la cárcel para los responsables y el señalamiento de los responsables. Desde quiénes son los que se están quedando con el territorio, quiénes están expulsando a la gente, quiénes se están dividiendo el país como si fuera un menú. Fiscalizar es una herramienta para ejercer soberanía y construir poder”, agregó.
Adriana González agregó que, para cambios reales en el país, “no podemos tener un sistema económico que se base en la extracción de recursos y en la explotación humana”. En términos de conservación del ambiente, invitó a la realización de una planificación sana y participativa que incluya educación para el pueblo.
La legisladora viequense mencionó que hay que dar pasos contundentes para construir un lugar donde se puedan producir alimentos de calidad y donde, además, los puertorriqueños tengan acceso y control de sus tierras y costas.
“Un Puerto Rico donde la situación de económica no determine el nivel de peligro al que enfrentas con el impacto del cambio climático”, dijo Guadalupe al instar a los presentes a aspirar a puestos políticos para insertar a seres con conciencia social en el gobierno.
“Hacer lo suficiente, no es suficiente, hay que hacer más”, acentuó.
