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Dominicanas resisten en campamentos por su vida, su salud y su dignidad

Aborto tres causales República Dominicana

(Fotos por Inmagela Abreu)

(Santo Domingo, República Dominicana).- Las mujeres que acampan frente al Palacio Nacional de la República Dominicana, sede de la Presidencia, han soportado lluvia, calor con sensación térmica de 35 grados (95 grados Farenheit), un atentado con brownies contaminados e intimidación policial.

Lee aquí: Activistas dominicanas enfrentan envenenamiento y atropellos en campamentos por la despenalización del aborto en tres causales

Pero más de 60 días después, el campamento y la lucha feminista resisten, con sus casas de campaña, sus gestos de solidaridad y sus actividades educativas. La lucha por el derecho de las mujeres a decidir practicarse o no un aborto si su vida corre peligro, el producto es inviable o el embarazo es fruto de un incesto o una violación se ha expandido por el resto del país, donde ya hay 26 campamentos móviles (que se arman o desarman según las jornadas de protesta acordadas).

“Asumo la lucha a favor de las tres causales porque la realidad del barrio te hace conocer a diario casos de niñas y mujeres que, obligadas por el Estado, por la normalización de la violación y por la penalización del aborto, le tienen que parir un hijo a su violador, que en muchos casos es su familiar, biológicamente hablando”, explica Anny Minerva Jáquez, joven feminista y madre residente en Barahona, una provincia del Suroeste dominicano, donde, con otras mujeres, coordina el activismo en las comunidades.

Jáquez y las demás activistas continúan una lucha de más de 20 años para evitar la muerte y el sufrimiento de miles de mujeres. Se esperaba que, sin necesidad de estas jornadas, la prohibición al aborto en estas tres circunstancias extremas terminara en este gobierno, encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene, junto a sus aliados, mayoría en el Congreso. Pero la organización política, en teoría socialdemócrata, no ha sido coherente con sus posiciones durante la campaña y a principio de su gestión.

“Aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población no solo de la República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido”, dijo el presidente Luis Abinader en una entrevista con el periódico El País, publicada el 26 de diciembre de 2020.

Datos del Instituto Guttmacher señalan que el aborto se busca y se necesita incluso en entornos donde está restringido.
Antes de llegar al poder, sus compañeros de partido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también se comprometieron con las tres causales.

Lee aquí: Feministas dominicanas exigen despenalización del derecho al aborto en tres causales

Pero en vez de recibir este derecho para salvar sus vidas y su dignidad, un grupo de mujeres fueron agredidas cuando el pasado 20 de abril acampaban frente al Congreso Nacional. A pesar de que agentes armados destruyeron sus casas de campaña, las mujeres resistieron y permanecieron dos días frente al Congreso y sus compañeras se mantuvieron firmes frente al Palacio Nacional, sitio emblema de la lucha, al que les mandaron un gran contingente de policías con el fin de, aparentemente, intimidarlas.

Y siguen resistiendo. Hace dos semanas volvieron a acampar frente al Congreso, donde los diputados pro derechos llevaron lazos verdes a sus curules y los antiderechos, azules. Debatieron si aprobar o no un Código que penaliza completamente las causales o si incluirlas, como se exigía en un informe disidente.

La mayoría decidió en contra de las mujeres. Solo 14 diputados votaron en primera lectura en contra del Código que penaliza por completo el aborto, 146 estuvieron a favor. Ante esta votación, organizaciones del movimiento feminista convocan a una marcha nacional el 23 de mayo para demandar que se respeten los derechos de las mujeres.

Ahora, el proyecto debe ir a la Comisión de Justicia para su revisión, sobre todo de forma, y se espera que se lea nuevamente en la Cámara de Diputados en unos 21 días. Si finalmente la mayoría de los diputados y las diputadas aprueba este Código, pasaría al Senado, donde debe agotar un proceso de estudio y debate antes de la votación. En caso de que se apruebe en esa instancia, llegaría al Poder Ejecutivo, que puede observarlo o promulgarlo, lo que lo convertiría en ley.

Durante el gobierno pasado, el expresidente Danilo Medina observó el proyecto, lo que impidió que se convirtiera en ley, debido a que, tal y como ocurre ahora, los congresistas no votaron por la inclusión de las causales.
Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, ha informado que se celebrarán vistas públicas para que diferentes sectores opinen sobre el Código, pero no por los derechos de las mujeres, sino tras una polémica porque, de acuerdo con el proyecto, la corrupción solo sería sancionada con un máximo de tres años de cárcel. De todos modos, esto abre una brecha para que se discutan otros aspectos de Código, incluyendo la despenalización del aborto.

La activista Syra Tarevas, del Foro Feminista Magaly Pineda, explica que es posible que el debate no se cierre antes de que concluya la actual legislatura ordinaria, que inició el 27 de febrero, y tiene una duración de 150 días. Si termina la legislatura sin que se apruebe el Código, habrá que esperar hasta septiembre para continuar la discusión. Y como hace 20 años, entre tiempos legales y juegos políticos, se seguirá posponiendo el derecho de las mujeres a salvar sus vidas y su dignidad.

“Tenemos que seguir presionando, ganando opinión pública, exigiendo, educando a la sociedad, aumentando el costo político para los congresistas que han votado de esta forma y han dejado fuera las tres causales”, enfatiza Taveras.

Debate y escenario político

Durante los debates, la diputada por Santiago del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Magda Rodríguez, dijo:

“Las vidas de las mujeres dominicanas valen, importan y tienen garantía constitucional: en la niñez, en la gravidez, en la adultez y en la vejez, y no pierden sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, la salud e integridad, aunque estén embarazadas”.
Además del tema de los derechos humanos de las mujeres, también salió a relucir la hipocresía de algunos legisladores que consideran que las causales son la salida correcta, pero no votan por estas debido a conveniencias electorales.

“Ese diputado me decía ‘tú tienes razón, pero yo no puedo votar por las tres causales porque en mi provincia son muy religiosos y después me condenan y no votan por mí ‘. ¡Qué vergüenza y qué pena me da! Esa es la hipocresía en la que no creo”, enfatizó el peledeísta Luis Antonio Vargas, diputado por la provincia de Azua.

De su lado, los antiderechos se posicionaron tanto con discursos religiosos como con apelaciones al control del cuerpo de las mujeres y al nacionalismo. La diputada de Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Lourdes Aybar, con su pañuelo celeste atado al micrófono de su curul, dijo: “Hoy a nuestro país nos lo quieren invadir y los dos mensajes de mayor fuerza usados por quienes promueven la desgracia del aborto son: la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, ignorando entonces el derecho del ser que llevamos dentro; el segundo mensaje es querernos convencer de que otros países ya lo han aprobado, y yo, honorable presidente, concluyo con dos mensajes poderosos: ¡ay de nuestra patria si las madres de nuestros héroes hubieran sido abortistas, nunca hubiéramos tenido al líder fundador ni a su mensaje”.

Aybar agregó: “hoy mandamos un mensaje al mundo de que, aunque se derriben los muros de la piedad y el amor, aquí, en medio del mar, en esta isla caribeña llena de gente linda y de buen corazón, aquí, hoy, el Congreso se pone de pie y dice a una sola voz frente a esa invasión extranjera, República Dominicana es libre y República Dominicana es provida”.

La abogada y activista feminista Yildalina Tatem Brache explica que como las causales no están incluidas en el proyecto de ley de Código Penal que se discute en el Congreso, hay tres posibles escenarios en este momento: se aprueba sin las causales, se aprueba con las causales (hay un informe disidente para que se incluya) o el proyecto se queda pendiente para la próxima legislatura.

Algunos congresistas han ofrecido a las mujeres un proyecto de ley especial sobre las tres causales, pero Tatem Brache considera que es una trampa.

“Si no hay votos (suficientes) para aprobarlo en el Código, ¿por qué los va a haber para aprobarlo en una ley especial?”, se pregunta la activista. Además, si el aborto queda totalmente penalizado en el Código Penal, sería un reto jurídico abordarlo en otra ley. Grupos feministas han planteado que primero se despenalice el aborto en el Código Penal para que se considere una ley especial. Tampoco se ha aceptado esa posición en el Congreso.

Pero, ¿por qué es tan difícil aprobar las causales si los líderes del partido gobernante y con mayoría en el Congreso, oficialmente apoyan las causales, y el principal partido de oposición, el PLD, también? ¿Cómo esas posiciones no se reflejan en votos en el Congreso?

“El tranque se da porque a pesar de que está en el programa del PRM, todo indica que el PRM hizo un acuerdo con grupos antiderechos, conservadores, de ultraderecha y con las jerarquías de las iglesias para propiciar que siguiese penalizado el aborto en todas sus circunstancias en el Código. Como lo veo, mi teoría, no del movimiento, es que hay una lucha de poder muy grande en la jerarquía de las iglesias, que se han implicado tan a fondo en que el Código se apruebe penalizando el aborto en todas sus circunstancias, que sienten que, si pasa lo contrario, se debilitan frente a la feligresía y frente a su accionar ante el gobierno”, considera Tatem Brache.

Ante el tranque, el presidente Luis Abinader ha ofrecido otra vía para resolver el impasse: un referendo, que es rechazado por abogados y grupos feministas que consideran que los derechos humanos no deben llevarse a votación, sino facilitar su ejercicio, y también por sectores de las jerarquías de las iglesias, extrañamente con el mismo argumento.

Si se hiciera el referendo, el PRM no tendría que asumir la responsabilidad política de tomar una decisión que va a decepcionar a alguno de los grupos que le apoyaron en la campaña: o a sectores que podrían identificarse como progresistas, incluyendo a militantes del feminismo; o a conservadores vinculados a iglesias y a la ultraderecha que circunstancialmente votaron por el partido. Los derechos de las mujeres están en medio de esta lucha.

Pero, realizar un referendo es complejo, costoso-en plena crisis económica y sanitaria causada por la pandemia- y ya hay políticos, como el expresidente Leonel Fernández, que plantean que el tema de las causales terminará de decidirse en el Tribunal Constitucional.

“De manera que temas tan controversiales y de esta naturaleza tienen su decisión final en un Tribunal Constitucional. Aquí se puede plantear de dos maneras, algunos creen que se puede sacar del Código Penal, eso es una tesis, pero también puede hacerse a través de una ley especial, eso es otra tesis. Sea en el Código o a través de una ley especial terminará en el Tribunal Constitucional”, dijo Fernández, que también preside Fuerza del Pueblo, según recoge Diario Libre.

Si el tema llega al Tribunal Constitucional, posicionaría políticamente al expresidente Fernández, quien tiene gran influencia en el organismo.

Lucha política, salud y misoginia

Tras el atentado que sufrieron las mujeres que acampan frente al Palacio Nacional con brownies contaminados aparentemente de forma intencional, y que llevó al menos a once personas al hospital, el obispo Masalles publicó en su cuenta de Twitter: “Los abortistas juegan al victimismo por unos brownies con marihuana. Sería mejor investigar al pícaro que ordenó el ‘pedido’ y luego se esconde. También cuál es la empresa en el país que despacha mercancía fuera de la ley. Una tarea para la eficiente PN (Policía Nacional)”.

Además, durante el Sermón de las Siete Palabras pronunciado el pasado Viernes Santo en la Catedral de Santo Domingo, el padre Luca Burato denunció que hay quienes promueven “una cultura de la muerte”, refiriéndose a las feministas y grupos de derechos humanos que abogan por las tres causales. En tanto que el sacerdote Joel Villafaña acusó al feminismo de “destruir las familias”.

“Lo mismo podríamos decir del abandono entre las parejas, y la antigua y muy mala práctica de la infidelidad; aquí se nota un mutuo abandono que se radicaliza más con las muy atizadas y propagandeadas guerras de sexos que sostienen el antiguo machismo y el nuevo feminismo… repitiendo la historia de que cuando el oprimido se libera, entonces se convierte en opresor”, proclamó el sacerdote desde el lujoso púlpito.

En medio de estos ataques constantes, las mujeres siguen ampliando la lucha a más provincias. El domingo 25 de abril, un campamento feminista móvil recibió al presidente de la República en San Francisco de Macorís para demandar tres causales, cuando el mandatario se dirigía a un consejo de gobierno.

Acciones de visibilidad importantes ante una iglesia que no cesa en sus presiones. “A los legisladores del PLD les recuerdo que ninguna línea partidaria puede obligarlos a irrespetar el derecho a la vida, la Constitución y a proceder contra sus principios morales y religiosos”, publicó el obispo en su cuenta de Twitter. Y agregó que no deben sentirse comprometidos a permanecer en un partido “que no representa sus valores”, escribió el obispo Jesús Marte Castro en su cuenta de Twitter.

Mientras este juego político y la misoginia se agudizan, las mujeres más empobrecidas, aquellas que no están en capacidad de pagar un boleto para viajar fuera del país o ir a una clínica privada de calidad en su propia tierra a interrumpir un embarazo que pone su vida en riesgo, siguen muriendo.

“Si una tiene los medios económicos y necesita una interrupción del embarazo, coge un avión para Puerto Rico, para Boston, para Miami o cualquier otro sitio porque puede costear eso”, dice Glenis Checo, abogada y defensora de los derechos humanos. Recuerda que la diferencia entre clases se agudiza porque no se trata solo de dinero, también del visado que los dominicanos necesitan para viajar a la mayoría de los países, y que es más probable que obtengan personas de clase media y alta. Las mujeres de clase media y alta también tienen más posibilidades de tener contactos para desembarazarse de forma discreta a una clínica de calidad sin salir de su ciudad.

“Para una mujer de clase media alta que tiene dinero, es injusto tener que dejar que dejar su país, sus redes de apoyo para buscar un aborto fuera, pero para una persona que no tiene esos medios, se le hace más difícil y muere”, subraya Checo.

Ante el discurso de sectores conservadores de que las feministas mienten, ya que se permite el aborto en caso de que la vida de la gestante esté en peligro, pues se considera el “estado de necesidad”, Checo contraargumenta.

“Ese argumento es falaz. La mayor parte de los profesionales no se deciden a actuar. La prohibición tiene efectos reales en la capacidad de los médicos de decidir. El caso Rosaura Almonte lo demuestra clarísimamente. Si ves los hechos del caso, la recomendación de la hematóloga fue la suspensión del embarazo, fue la prohibición lo que impidió que tuviera su propio juicio médico, lo que les ató las manos”, concluye

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Enfermeras acudieron al Campamento de la Dignidad, frente al Palacio Nacional, para apoyar la lucha de las mujeres.

De acuerdo con un documento enviado a la prensa, los dirigentes de los gremios explicaron que en las maternidades del país se hacen más de 20 procedimientos de legrados y aspiraciones endouterinas cada día por abortos incompletos provocados de maneras inseguras, lo que ocasiona daños permanentes, como la imposibilidad de que la mujer quede embarazada otra vez.

Anny Minerva Jáquez, la activista que trata de educar a su comunidad en Barahona para contrarrestar la campaña de desinformación de sectores antiderechos, marcha para evitar el posible sufrimiento de mujeres de su familia y su comunidad. Cuenta que ya en su familia vieron cómo una mujer tuvo que soportar el peso sicológico y el riesgo para su salud de cargar con un embarazo incompatible con la vida porque el conservadurismo así lo decidió. Por eso, se viste de verde y protesta.

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