Foto de archivo por Ana María Abruña Reyes
El reconocimiento del derecho al aborto es una de las demandas del periodismo feminista. Acompañar y documentar la lucha en su defensa es una tarea para la que colegas de otros países de América Latina y del Caribe nos han abierto el camino.
De ellas y elles hemos aprendido cómo el periodismo cumple su responsabilidad social al enmarcar el aborto como un tema de derechos humanos y de salud pública. Desde los medios de comunicación, el reto es traducir los lenguajes jurídicos y médicos, y distinguir –como en todo trabajo periodístico–, los hechos y datos comprobables, de las opiniones y las ideologías.
Como periodistas feministas, hace tiempo que entendimos que nuestro punto de partida son los derechos humanos, y esos no se ceden ni se negocian; se defienden.
“Los derechos humanos son inherentes a todas las personas; no se compran, no se venden, no son privilegios y no hay que merecerlos”, señala Karla Ferrer Arévalo, en su columna para Todas Abuso de poder al servicio del terrorismo antiderechos: nula dignidad.
Tampoco podemos ser meras espectadoras o documentalistas pasivas ante las amenazas que se levantan a derechos que también tenemos quienes hacemos periodismo. El periodismo feminista es transparente con su audiencia sobre estos posicionamientos. Rehúye de la falsa “objetividad”, esa mal llamada “imparcialidad”, que realmente ha servido para mantener en el poder a quienes siempre lo han tenido.
Por tanto, no hay espacio en nuestro trabajo para la tergiversación a partir de la manipulación de los sectores antiderechos; la imposición de preceptos morales de grupos religiosos ni para la desinformación. Por el contrario, es nuestra función reducir el estigma que existe en torno a lo que realmente es el aborto: un procedimiento médico común que realizado en condiciones de seguridad no conlleva mayores riesgos.
¿Cómo hacemos una cobertura responsable sobre el derecho al aborto?
No hablamos sobre el derecho al aborto de una manera aislada.
La posibilidad de la interrupción voluntaria de un embarazo es parte de los derechos sexuales y reproductivos que tienen las personas gestantes. Por lo tanto, hay que contextualizar. ¿Por qué quienes quieren prohibir el aborto son las mismas personas que se oponen y obstaculizan la implementación de un currículo con perspectiva de género? ¿Qué implica una prohibición al aborto en un país donde no existe de manera generalizada educación sexual integral? ¿Por qué no hablamos abiertamente de anticonceptivos ni son fácilmente accesibles?
Las mujeres y las personas gestantes no son las únicas responsables de un embarazo, en el caso de relaciones sexuales consentidas. También, con frecuencia, son víctimas de violencia sexual; es otro el responsable.
Mientras los cañones del movimiento antiderechos se enfilan hacia las personas que pueden quedar embarazadas, y la sociedad machista repite “si no quieres quedar embarazada, cierra las piernas”, se libera de responsabilidad a los hombres cis y personas con pene de evitar embarazos no deseados. El periodismo también tiene que hablar de esa responsabilidad sin caer en la trampa de adjudicarles poder sobre la decisión del cuerpo de quien gesta.
Además, no podemos adjudicarles responsabilidades a personas que han sido víctimas de violencia sexual.
No caemos en los falsos contrastes. No presentamos como iguales a personas o situaciones que no lo son.
“Si yo pude, tú también puedes”, es una generalización falsa, además de tóxica e injusta.
En las coberturas sobre el tema del aborto, es importante tener en cuenta que la decisión de terminar un embarazo es individual. Las circunstancias y experiencias de quien decide abortar son tan únicas y exclusivas de esa persona como las de quien opta y desea llevar un embarazo a término.
La experiencia de una mujer que ha tenido un parto prematuro y su bebé ha sobrevivido contra todos los pronósticos es una historia de éxito y alegría para ella y su familia, pero no tiene que ver con la experiencia de una mujer que ha decidido abortar luego del primer trimestre de embarazo. Si esta última ha podido hacerlo de manera informada y segura, su historia también es meritoria de reconocimiento. Una experiencia no contrasta con la otra en igualdad de condiciones.
Buscamos fuentes de autoridad y de credibilidad.
Un sacerdote que plantea una prohibición al aborto, y que dice sin ninguna pena que las niñas y adolescentes violadas deben ser obligadas a parir, por más abogado que diga que es, habla en nombre de su ideología religiosa, atravesada por la misoginia, y no es una fuente fiable ni respetable.
En cambio, no deben faltar las voces feministas, de mujeres, personas trans y no binarias que son y representan a la población afectada por las legislaciones antiaborto, pero que siguen siendo minoría en las coberturas tradicionales.
Damos espacio a las voces expertas.
Y sin la influencia de ideologías religiosas que sabemos que parten de concepciones muy machistas sobre cuál es el rol de las personas en la sociedad y que no reconocen la diversidad sexual. ¿Quiénes son voces expertas? Autoridades médicas de experiencia, personas con amplio conocimiento en el derecho en Puerto Rico, pero, sobre todo, personas que puedan abundar sobre por qué el aborto es un tema de salud pública y derechos humanos.
Recurrimos a datos e investigaciones.
Es fundamental incluir datos de fuentes oficiales, pero sobre todo de organizaciones especializadas que trabajan, desde el marco de los derechos humanos y la salud pública, sin la influencia de iglesias ni corrientes antiderechos, como la Organización Mundial de la Salud.
Existen organizaciones que, en su nombre, parecen grupos profesionales acreditados, pero que, en realidad, representan facciones cuyas ideologías religiosas les impiden dar crédito a las posturas institucionales y representativas de su gremio. Por ejemplo, el Colegio Estadounidense de Pediatras es un grupo antiderechos de las personas LGBTTIQ+ que se hace pasar por la principal asociación de pediatras de Estados Unidos para impulsar medidas conservadores de extrema derecha, principalmente contra la adopción por parte de parejas homosexuales y en contra del matrimonio igualitario.
Algunas organizaciones que pueden proveer datos verificados sobre las consecuencias de la penalización del aborto son el Instituto Guttmacher, que se dedica a la investigación y promoción de política pública que adelante los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Otras organizaciones que realizan investigación sobre el tema son el Centro para los Derechos Reproductivos, la Kaiser Family Foundation e Ibis Reproductive Health.
Validamos las experiencias de las personas que deciden abortar y no las exponemos sin su consentimiento.
La decisión de terminar un embarazo es individual y las circunstancias en las que ocurre solamente les competen a quienes la toman. Es también su decisión compartir o no sus razones con quienes les rodean. La imposición de una moral religiosa misógina en nuestra sociedad mantiene el tema como un tabú y estigmatiza a quienes optan por este procedimiento de salud. Juzgar o no como válidas las razones de una persona para abortar, o privilegiar unas razones sobre otras, no es tarea del periodismo. Existen múltiples razones y ninguna está más justificada que otra. Mientras sea una decisión personal, todas las razones son válidas.
No vinculamos el tema del aborto con el de la adopción.
Las mujeres y personas gestantes que deciden abortar no les deben nada a las familias que no pueden tener crías biológicas. El aborto es una decisión individual, como lo es llevar a término un embarazo. Es posible fortalecer las leyes que faciliten la adopción y la educación para que personas y familias adopten entre la población infantil y adolescente bajo la custodia del Departamento de la Familia, y también promover la protección del derecho al aborto y ampliar su acceso.
No vinculamos el tema del aborto con la baja poblacional.
Las mujeres y personas gestantes no son responsables de la baja en la tasa de nacimientos. Tampoco son incubadoras al servicio del país; son personas con una vida hecha, con el poder de tomar decisiones a base de sus circunstancias. Por lo tanto, vincular en una historia periodística ambos temas, como si fueran causa y efecto, es irresponsable; es desinformación. La baja poblacional se atiende con políticas públicas que apoyen colectivamente el trabajo de criar en Puerto Rico. La labor periodística, en cuanto a la baja poblacional, debe ir dirigida a contar los vacíos de política pública que hagan de la crianza un trabajo compartido y deseable.
No utilizamos fotografías de mujeres en avanzado estado de gestación ni de sonogramas.
En ambos casos, se trata de imágenes que alimentan la narrativa antiderechos, que ignora el poder decisional de cada persona de decidir lo que ocurre con su cuerpo. Además, usar este tipo de imagen es una forma de desinformar, pues la mayoría de los abortos ocurren en las primeras semanas de gestación, cuando aún no es evidente el embarazo. Según se ha documentado y han atestiguado proveedores de este servicio, la mayoría de los abortos que se realizan en etapas más avanzadas responden a condiciones médicas o defectos congénitos del feto.
Desde el nacimiento de nuestro medio, en Todas, hemos tomado la decisión editorial de ilustrar nuestras coberturas, columnas y reportajes, principalmente, con fotografías de manifestaciones y protestas, tanto en el tema del aborto como en otros temas que abordamos desde el periodismo feminista. Proponemos una narrativa de militancia, pero también de acompañamiento y solidaridad feminista. Evitamos el morbo que utilizan los grupos antiderechos y optamos por mostrar la realidad de las mujeres y personas gestantes que pueden tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo en libertad.
Salimos del binario.
Las personas no binarias, de género fluido, hombres trans y personas que no se identifican como mujeres y tienen la capacidad física de gestar existen son parte de nuestra sociedad y tienen derechos. Para ellas, elles y ellos también es el reconocimiento del derecho al aborto. Es a nosotras y a nosotres a quienes se nos va la vida, a quienes pretender obligar a parir. Y, cuando hablamos de nosotras y nosotres, distingamos también quiénes podremos tener el privilegio de, aún en las circunstancias más restrictivas, procurarnos a toda costa un aborto seguro, y quienes, por falta de acceso, son las que se verán obligadas a recurrir a métodos inseguros, las que serán criminalizadas u obligadas a parir.
No podemos hablar de relaciones familiares que están sujetas a un nacimiento.
La narrativa antiderechos fundamentalista ha insistido en inculcar términos incorrectos al referirse a relaciones familiares que el aborto busca evitar, por ejemplo, “madre”, “hijo” o “hija”. En el periodismo, lo correcto es hablar de mujer y persona gestante, y de feto. Lo otro es engaño y tergiversación, asuntos en los que el periodismo no puede tomar parte.
Hablamos de personas que defienden el derecho a decidir y no de “proaborto”.
Las personas que defienden el derecho a decidir, defienden el derecho a la vida porque la vida de las mujeres y las personas trans gestantes importa. Igualmente, creen que los proyectos de vida de cada una de esas personas importan por encima de las circunstancias en las que quedaron con un embarazo que no desean continuar. Además, no son promoventes del aborto. Defienden el derecho al aborto, así como defienden el derecho de la niñez y la juventud a una educación sexual integral que les permita tomar decisiones sabias e informadas sobre sus cuerpos y sobre cómo relacionarse con otras personas; creen en el acceso a métodos anticonceptivos que eviten, precisamente, embarazos no deseados, y reconocen que la terminación de un embarazo es una, muchas veces, una decisión difícil que toma una persona en unas circunstancias en las que no desearía estar. Entonces, no existe tal cosa como “proaborto”. El término correcto debe ser “personas en favor del derecho a decidir”.
No caemos en falsas dicotomías.
Las amenazas al ejercicio del derecho al aborto no son un asunto simplificable a “pañuelos verdes” versus “pañuelos azul celeste”. No son un debate ni son dos caras de una misma moneda; son vulneraciones de derechos. ¿Por qué? Porque no estamos en igualdad de condiciones. Lo que gana o pierde un grupo o el otro no se puede medir de la misma manera.
Las personas se que hacen llamar “provida”, dicen defender “las dos vidas”, y visten el pañuelo azul celeste, ignoran el ejercicio de los derechos humanos, la libertad personal y la autonomía sobre el propio cuerpo. Sus posturas están influenciadas por preceptos morales y religiosos misóginos que no pueden ser generalizados a la totalidad de la población. Sin embargo, pretenden hablar por nosotras, por todas las mujeres y personas gestantes. Sus posturas solo representan sus propias ideologías. Pero, las políticas que impulsan no tienen consecuencias sobre ellos mismos. En nada les afectarán. No serán obligadas a abortar. Solo pretenden congraciarse con quienes piensan igual; ganar adeptos a sus propias congregaciones religiosas y políticas. Realmente, no son provida, son antiderechos.
Como el aborto es un derecho, es una mala práctica abrir “encuestas” y “debates” en redes sociales. El derecho no obliga, por lo que quienes no deseen realizarse un aborto no deberán ser obligadas a hacerlo. Sin embargo, poner su opinión en igualdad de condiciones que la de una persona que podría requerir este procedimiento de salud es un mal servicio público, desinforma y atenta contra la vida y seguridad de una parte de la población.
Nombramos a los responsables políticos de las consecuencias contra la vida de las mujeres y personas gestantes.
Es fundamental señalar con nombre y apellidos a quienes atentan contra nuestros derechos y rescatar el récord de quienes se han expresado en favor de la defensa del derecho al aborto y, en la práctica, han traicionado esas posturas.
Recordamos las luchas de América Latina y el Caribe.
Puerto Rico tiene su propia historia de lucha en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que también se ha nutrido de las luchas de grupos de puertorriqueñas y mujeres negras y racializadas en Estados Unidos. Al mismo tiempo, es parte de un contexto caribeño y latinoamericano imposible de ignorar. Las victorias recientes por el reconocimiento del derecho al aborto en Argentina, Colombia y México, por ejemplo, muestran que el camino feminista es el de la lucha organizada hacia la legalización y la accesibilidad, sin perder de vista los movimientos en los países donde aún no se reconoce el derecho a costa de la vida y la libertad de quienes optan por abortos no legales o que sufren una emergencia obstétrica.
Visibilizamos las desigualdades. Los problemas sociales no afectan a todas las personas por igual.
Aun con las prohibiciones, hay quienes, comoquiera, podrán abortar. Son las personas que pudieran tener los contactos para realizarse el procedimiento de manera segura, o el dinero para pagar un viaje a un lugar donde así lo pueda hacer quienes podrán pasar por encima de legislaciones que busquen limitar el acceso al aborto. Pero, quedan entonces las que no podrán hacerlo, las mujeres negras, pobres e inmigrantes, y las personas trans que continúan enfrentando el discrimen en el acceso a servicios de salud.
“Está comprobado que las restricciones afectan de mayor manera a las mujeres negras, pobres, y negras y pobres. La prohibición pone en riesgos sus vidas en mayor proporción que las vidas de las mujeres blancas. Estas últimas tienen mayores posibilidades de acceder a abortos seguros debido a que se benefician de un sistema que se basa en el privilegio blanco”, nos recuerda la abogada feminista Mariana Iriarte en su columna para Todas Restringir el aborto no es estar a favor del derecho a la vida.
Recalcamos que legal no es lo mismo que accesible.
La lucha por el derecho al aborto, así como el acceso a la educación sexual integral y métodos anticonceptivos no acaba en la legalización. El periodismo feminista reconoce que, aun cuando el aborto es legal en Puerto Rico, no todas las personas tienen la posibilidad de ejercerlo si así lo requieren. Las clínicas que ofrecen el servicio de terminación de embarazo son pocas, y la mayoría están ubicadas en el área metropolitana. La falta de acceso al ejercicio del derecho también es un problema de salud pública que le corresponde al periodismo denunciar.
Nos toca seguir aprendiendo.
Como periodistas feministas, continuamos educándonos. No nacimos siendo periodistas feministas y ninguna de nosotras nos formamos solas. Otras vinieron antes, abrieron camino y nos contaron de las mejores prácticas para comunicar lejos de los estereotipos y el discrimen, siempre construyendo memoria. Seguimos aprendiendo también de quienes están en la calle luchando, armando estrategias de comunicación y educación, de quienes defienden los derechos humanos, y de quienes día a día se aseguran de tratar con respeto y dignidad a todas las personas. Ese, también, es un trabajo del periodismo.
Recursos para fortalecer el trabajo periodístico
A continuación, algunos recursos para fortalecer el trabajo periodístico en la cobertura de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto, que han nutrido este artículo y el trabajo de las periodistas de Todas.
Periodismo feminista por el derecho a decidir: Hablemos de aborto es un curso abierto en línea del medio feminista de Argentina Latfem, que está disponible gratis para quien quiera completarlo.
¿Cómo hablar sobre el aborto? (IPPF)
Guía para hablar orgullosamente del aborto
Resources for Journalists Reporting on Abortion
How to report on abortion – A guide for journalists, editors and media outlets
Cristina del Mar Quiles y Amary Santiago Torres son periodistas y son cofundadoras de Todas.
