“No hay nada más lamentable que este tipo de ignorancia egocéntrica,
la que mata el alma, estrecha la mente y congela el corazón”.
– Dra. Miriam Al Adib Mendrini
El concepto “diversidad sexual” plantea que existen diferentes modelos y manifestaciones de la sexualidad, y que la variedad, la pluralidad y la multiplicidad son el motor de esta, al igual que en la naturaleza misma.
Desde siempre, han existido numerosas manifestaciones y experiencias no hegemónicas y disidentes entre las personas y sus culturas. De hecho, la diversidad sexual no solo apela al sistema sexo-género, sino que integra otras variantes, como la raza, las etapas vitales, las capacidades, la salud, la migración, los estereotipos y estándares socioculturales, el acceso a derechos, oportunidades, bienes y servicios, entre muchísimas otras interseccionalidades.
Las luchas civiles y los avances en derechos humanos han permitido que a lo largo de los tiempos y la historia se nombren, visibilicen y reconozcan las acciones, acontecimientos y obras que llevaron a afianzar las condiciones de las cuales disfrutamos hoy día. Sin embargo, a estas alturas de la existencia de la humanidad, las sexualidades no-normativas y autónomas continúan siendo el principal objetivo de dominación y control por parte de los sectores autoritarios que, disfrazados de democracia, obstaculizan la inclusión y la erradicación de la violencia sistémica.
Incluso, de estos mismos movimientos por la justicia social se han beneficiado quienes hoy en nuestro país insisten en imponer una mítica “verdad” –la suya– para dictar supuestos deberes según lo que se tiene entremedio de las piernas. Expertas en desarticular y descontextualizar derechos, datos empíricos, ponderaciones profesionales y políticas públicas han demostrado ser las impostoras políticas Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, integrantes del partido ultraconservador-fundamentalista Proyecto Indignidad, quienes sin responsabilidad se enorgullecen de su cruzada contra los derechos humanos y contra quienes los defendemos.
Su falta de criterio político queda evidenciada en la constante y descarada manipulación de la información y la opinión pública –con ventaja, premeditación y alevosía– para convencer a sus seguidores a través del engaño con un amplio repertorio de eufemismos y disparates. Dicho de otro modo, estas funcionarias públicas insisten en abusar del poder político que tienen, al cual como mujeres accedieron gracias a siglos de luchas feministas, las mismas que tanto critican. Así, se posicionan en sus cargos con superioridad en relación a cualquiera que refute sus estándares de terror. En otros lugares, a este tipo de personas se les conoce como dictadoras; en Puerto Rico, está normalizada la corrupción, el pensamiento y el accionar colonial del que forman parte quienes buscan restringir a toda costa el derecho a la autonomía.
La incoherencia de estas personas es tal que aluden a una supuesta “objetividad” y “sentido común” en sus argumentos, mientras reconocen abiertamente que, desde el poder político que tienen, solo buscan impulsar sus propias convicciones. Cual vicio terrorista e inquisidor, se han aferrado desde su absoluta carencia de cosmovisión y sensibilidad a la prohibición y el castigo de quienes accionamos por los derechos –muchos ya salvaguardados por leyes, otros por amparar y proteger.
Quienes elegimos romper con la complicidad del terrorismo antiderechos sabemos que legislar desde un enfoque moralista-prohibicionista no tiene absolutamente nada de ético, sino todo lo contrario. Sabemos que sus discursos de odio, desigualdad, exclusión, represión y escarmiento solo generan morbo y violencia. Sabemos que las personas marginalizadas son quienes sufren el abandono del Estado y las peores sanciones sociales.
Además del secuestro de los valores, imponiendo miedos, culpas y vergüenzas, incitan con su opinionismo a la cultura de la violación, a los prejuicios y estereotipos de género, a la supremacía de su “fe” y, en nombre de la tradición, pretenden someter a la niñez, a la juventud, a las mujeres+ y a las personas LGBTQI+ a doctrinas, prácticas y agresiones que degradan la dignidad e impiden la calidad de vida.
Partidarias del eslogan “a mis hijos los educo yo”, fomentan la institucionalización de múltiples formas maltrato contra la niñez y la juventud; sometiendo a las mujeres+ y personas femmes al imaginario dicotómico de santa/puta, cuando argumentan que somos las responsables cuando se nos acosa y abusa sexualmente, o cuando se criminaliza la práctica salubrista del aborto, promueven las relaciones de opresión-sumisión que dan paso a las violencias de género; argumentando “diferencias naturales” falsas y obsesivas, incentivan el discrimen y los linchamientos contra las personas LGBTQI+; para traicionar, engañar y sostener su posición autoritaria repiten el concepto disparatado “ideología de género”, y jamás reconocen que su agenda fundamentalista es tal ideología porque condiciona y obliga, o de lo contrario castiga.
Este nivel de “ignorancia egocéntrica” es tan malévolo como peligroso y, por nuestra salud, nuestra seguridad y nuestras vidas, no debemos reconocerles ninguna autoridad. Sus convicciones no deben legislar sobre nuestra existencia.Los derechos humanos son inherentes a todas las personas; no se compran, no se venden, no son privilegios y no hay que merecerlos. Es por ello que, sin el miedo, la culpa y la vergüenza que reparten, les digo a ambas individuas: Deshonorables, encárguense de reparar su propia dignidad y, de paso, quítense de la vía; la nuestra no les pertenece.
