Desde que se aprobó la Ley 54 en 1989, miles de personas que se declararon culpables por delitos de violencia doméstica han evitado la cárcel al participar de programas de desvío. El organismo creado para supervisar estos programas ha tenido largos periodos de inactividad desde su creación, por lo que desconoce su eficacia y bajo qué condiciones han estado operando. El feminicida confeso de Andrea Ruiz Costas estuvo en uno de estos programas y su récord criminal quedó limpio.