(@rd3causales)

Santo Domingo.- Frente al Palacio Nacional, la feminista Raquel Rivera, rodeada de miles de personas, anunció ayer que, tras 73 días de resistencia, se levantaba el Campamento de la dignidad, instalado por grupos feministas para exigir que en la República Dominicana se permita el aborto legal si la vida de la madre corre peligro, el feto es inviable o en caso de violación o incesto.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Apoyo 3 Causales (@rd3causales)

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

“Él apareció y me dijo que habláramos aparte. Ahí, me dijo que él ha estado visitando una psicóloga porque ha tenido pensamientos de suicidio y hasta pensamientos de homicidio en contra mía. Yo me quedé fría, pero no le mostré temor. Le pregunté: ‘¿todavía tienes esos pensamientos?’. Y él me respondió que sí”. 

Silvia, seudónimo para proteger su identidad, viajó con una visa desde la República Dominicana hacia Puerto Rico este año, luego de que su exesposo la amenazara de muerte en múltiples ocasiones. La mujer realizó una denuncia en la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de la Procuraduría Fiscal de su país, pero no prosperó porque su agresor nunca se presentó a la cita. 

(Imagen para la campaña ¡Cambia ya!, de Puerto Rico, por la artista Mónica López)

Las redes sociales han sido pieza clave para que los trabajos de educación en torno a la erradicación de la violencia machista sigan adelante en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, a pesar de las restricciones, retos y distanciamientos físicos que trajo consigo la pandemia por el COVID-19.

(Foto suministrada)

(Santo Domingo).- Hace seis años, una dominicana llamada Yocelyn Guerrero fue despojada de su nacionalidad. Desde entonces, aunque logró, en parte, una solución legal, lucha por la ciudadanía plena para miles de dominicanos de ascendencia haitiana que, como ella, fueron desnacionalizados con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y a quienes, a su juicio, la ley 169-14, promulgada tras una dura presión internacional, no ha restituido plenamente sus derechos.