La propuesta de la organización Ayuda Legal Puerto Rico para tipificar la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica ya es parte de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, también conocida como Ley 54, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi estampara hoy su firma en el proyecto legislativo que, a esos fines, aprobaron ambas cámaras legislativas.
Al darle paso al Proyecto del Senado 865, se define a la violencia económica como la conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso o uso de cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales.
También, se incluye ocultar información relacionada al pago de alquiler o hipotecas, o de desalojos forzosos, el ejercicio de influencia indebida en las decisiones o comportamiento o las decisiones financieras y económicas de una persona, así como la interferencia en la relación o desempeño laboral de una persona o en su negocio propio. Incluye, además, el usar indebidamente los recursos económicos de la persona para beneficio propio, y el impedir el acceso a cursos formales de estudios para perjudicar el desempeño académico de la víctima.
La medida esperaba por la firma del gobernador desde el 10 de julio.
Importante tipificación
Aunque la Ley 54 ya abordaba la violencia económica bajo la categoría de violencia psicológica, dejaba fuera particularidades específicas, obstaculizando que las víctimas pudieran obtener recursos útiles al momento de buscar ayuda.
Jenice Vázquez Pagán, quien investiga este tipo de violencia en el contexto del país, explicó en entrevista con Todas que, cuando se habla de violencia económica, se hace referencia a un tipo de violencia doméstica o de género en la que la persona agresora, comúnmente un hombre, controla las finanzas de la víctima y asume el poder decisional sobre el dinero de la pareja.
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“Es una manifestación diferente [de la violencia doméstica] y tiene impacto en la calidad de vida y en los derechos humanos de las sobrevivientes y en los de sus hijas e hijas”, sostuvo.
La medida, presentada el 28 de abril de 2022 por las senadoras María de Lourdes Santiago Negrón, Migdalia González Arroyo, Ana Irma Rivera Lassén, Gretchen Hau y los senadores Rafael Bernabe Reifkohl y Juan Zaragoza Gómez, por petición de Ayuda Legal Puerto Rico, contiene disposiciones específicas para abordar la violencia económica cuando se solicita una orden de protección.
Estas medidas incluyen proteger a la víctima en su lugar de trabajo, garantizar la continuidad de los pagos de alquiler o hipoteca, y otorgar acceso completo a la información financiera relevante para la parte solicitante, entre otras acciones.
Además, responsabiliza a diversas agencias gubernamentales, como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, los departamentos de la Familia, Justicia, Educación, Vivienda, Desarrollo Económico, Salud, el Negociado de la Policía y al Instituto de Estadísticas, de asegurar la divulgación y el cumplimiento de la política pública contra la violencia económica.
Vázquez Pagán resaltó la importancia de la medida para combatir la violencia de género.
“Es importante primero poder nombrar las cosas para visiblizarlas”, dijo la investigadora.
Las repercusiones de la violencia son abarcadoras
En el contexto de una sociedad patriarcal y capitalista, en la que el dinero posibilita el acceso a diversos bienes para poder vivir, la violencia económica troncha el bienestar de la víctima en diversos ámbitos de su vida, si no en todos.
A base de su experiencia trabajando con esta manifestación de violencia, Vázquez Pagán explicó que el control financiero también supone no tener autoridad en asuntos de la vivienda, la vida recreacional, los servicios médicos, la educación y la seguridad alimentaria, pues todos estos aspectos en la vida de una persona, de una manera u otra, requieren de la adquisición y manejo de dinero. Por tanto, salir de la situación de violencia puede resultar sumamente aterrador para la víctima.
Se le añade a eso el hecho de que las mujeres son las que usualmente asumen la custodia de sus hijos e hijas en el caso de una separación de pareja, lo que implica que la víctima tiene que responder por su bienestar más el de sus crías.
“Muchas veces, [la mujer] se inmoviliza y se ve obligada a permanecer en una relación de violencia porque tienen el crédito afectado o no tiene suficientes recursos”, ejemplificó.
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Por otro lado, es común que las víctimas de violencia económica no sepan que sufren de este tipo de abuso.
“Fue hasta 1976 que las mujeres, con la reforma del derecho de familia, que pudimos tener una cuenta bancaria de manera independiente en nuestro país. Así que se ve muy normal que sea el hombre, entre comillas, la cabeza y quien controle los bienes de la familia”, expresó.
Está tan normalizado que se dificulta percibir cuando ese control, supuestamente inherente del hombre, se torna en violencia.
“Un asunto que nos concierne a todos y todas”
El problema de la violencia de género es algo que le debe importar a todas las personas, comentó Vázquez Pagán.
“Cuando se trata de la violencia económica en las relaciones de pareja particularmente, yo creo que, de igual forma, nos corresponde a todos”, añadió.
Una forma de contribuir a la erradicación de esta violencia, elaboró la profesora, es por medio del empoderamiento económico y la educación financiera para la niñez, para los jóvenes y para las mujeres.
“En términos generales, no es solamente generar ingresos, sino cómo los administro y cómo los invierto. Esa educación financiera que no se da tanto en nuestro contexto, yo creo que es importante también como una forma de prevenir esa violencia económica”, planteó.
Asimismo, Vázquez Pagán mencionó que, aunque es importante que las víctimas sepan que existen recursos para ayudarlas en situaciones de violencia, se debe recalcar que, cuando se ve la magnitud del problema versus la cantidad de programas que hay en Puerto Rico y cómo se distribuyen, la realidad es que hay mucho trabajo por hacer.
“Tendríamos que pensar que hay mayor necesidad de esos servicios, sobre todo, porque estos servicios especializados, en muchas instancias, los ofrecen organizaciones no gubernamentales que no tienen el apoyo necesario del gobierno. Reciben fondos, pero muchas veces no los suficientes y no de manera recurrente. Además, muchos de estos servicios también están concentrados en áreas particulares y otros sectores de nuestra isla no tienen servicios de ayuda para estas víctimas. Eso hace o limita que las mujeres puedan buscar recursos”, puntualizó.
Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.
