Fotos por Karmen Rebecca Rosa Encarnación para Revista étnica
La jefatura del Departamento del Trabajo y los Recursos Humanos (DTRH) ha reconocido públicamente que es ilegal que los patronos les prohíban a las personas lucir su afro, trenzas u otros peinados protectores, inherentes de la raza negra, en el trabajo. Pese a reconocer esta protección de ley, la agencia no ha divulgado las herramientas para fiscalizar este tipo de discrimen ni el gobierno tiene una estructura que proteja los derechos de quienes lo sufren fuera del ámbito laboral —en las escuelas, al acceder a vivienda o servicios públicos—, coincidieron las personas expertas y activistas que depusieron recientemente en una vista pública del Senado de Puerto Rico.
La discusión sobre el discrimen y acoso por la textura del cabello y los peinados asociados a la raza negra surgió durante la evaluación que hace la comisión senatorial de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Proyecto del Senado 1282. La medida fue presentada por los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, a petición de la estudiante universitaria y activista antirracista, Alanis Ruiz Guevara.
“Este no es un proyecto que se basa en ideales políticos sino en la dignidad humana que merecen las personas negras y afrodescendientes en este país”, leyó Ruiz Guevara, quien recientemente descubrió que su experiencia se asemejaba a la de otras personas jóvenes con quienes coincidió en el programa Afrojuventudes, creado por Revista étnica y Colectivo Ilé.
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Cuando tenía solo 8 años, el colegio privado en el que estudiaba le negó la entrada al salón de clases por llevar el pelo trenzado. Sin este peinado protector, fue objeto de acoso por parte de compañeros de clase. Su familia se vio forzada a hacerle un alisado el año siguiente, un estilo cuyos químicos están asociados a mayor incidencia de cáncer uterino.
“Estas reglamentaciones son un acto violento debido a que les deja saber a la niñez negra y afrodescendiente que sus cabellos no son aceptados, que su ancestría no es aceptada y que para estar en dichos espacios deben cambiar su apariencia a una eurocéntrica”, expuso Ruiz Guevara en el salón María Martínez de Pérez Almiroty durante la vista del 23 de enero.
El proyecto pretende enmendar siete leyes, que abordan desde el reclutamiento de empleados en el gobierno hasta el discrimen en el empleo, el acceso a servicios públicos y a vivienda, así como el derecho del estudiantado del sistema de instrucción pública a no ser discriminado por esta causa. Además, define como acoso laboral cualquier comentario o burla sobre los peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y orígenes nacionales particulares.
Los peinados protectores son aquellos que se usan para mantener el cabello rizado de forma natural recogiéndolo y protegiendo las puntas del daño cotidiano.
El secretario del DTRH, Gabriel Maldonado González, dejó plasmado, mediante una ponencia escrita, que las políticas de vestimenta e higiene que exigen que un empleado o contratista lleve el cabello de determinada forma “son ilegales si tienen un impacto negativo en el empleo de personas de una raza o color en particular y si no están relacionadas con el trabajo o no son necesarias para el funcionamiento de la empresa”.
Afirmó, además, que consideraba que tanto la textura como los peinados protectores están cubiertos bajo la categoría de raza, que está protegida contra el discrimen en la Constitución y en la Ley contra el Discrimen en el Empleo (Ley 100 de 1959).
“Estas personas están protegidas y pueden reclamar sus derechos ante la Unidad Antidiscrimen o los tribunales”, expresó en representación del secretario, la procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo Rivera.
Según datos que el DTRH proveyó a Todas, la Unidad Antidiscrimen ha atendido un promedio de 8 querellas por discrimen racial anualmente durante los últimos cinco años fiscales. Ninguna de las 40 querellas recibidas entre el año fiscal 2019 a 2023 están relacionadas a comentarios de acoso o prohibiciones en cuanto al cabello, informó la portavoz de la agencia.
Sin embargo, en lo que va del año fiscal 2024 —que comprende desde julio de 2023 a junio de 2024— se han sometido cuatro querellas por discrimen racial, y todas ellas han sido relacionadas al cabello.
El DTRH indicó que tiene solamente 13 querellas activas, de las cuales una está ya en la etapa de negociación y otras dos han sido citadas para este mes. También, proveyó información sobre 12 querellas inactivas o resueltas: en la mitad de los casos se llegó a un acuerdo, en el 33% hubo un cierre administrativo o permiso para litigar, y en el 17% hubo determinación de no causa probable.
En la UAD, laboran cuatro abogados y cinco investigadores, informó la portavoz de la agencia a preguntas de Todas. Esta unidad tiene la función de investigar y mediar entre las partes involucradas. Tras la investigación, puede determinar causa o no causa probable por razón de discrimen. Sin embargo, la propia portavoz admite que “la UAD no tiene la autoridad para adjudicar disputas ni conceder compensaciones o cualquier otro tipo de remedios a las partes”. Comentó, además, que el tiempo que demora la evaluación de cada caso depende del planteamiento, la interacción entre las partes y “la conciliación que se logre”, por lo que no ofreció un promedio del tiempo que demora la resolución.
En la página de inicio del portal Web del DTRH, la agencia ha destacado una campaña de medios para aumentar la fuerza laboral, “Puerto Rico está faja’o”, así como enlaces rápidos para información sobre algunos de sus servicios; al momento de publicación, ninguno de ellos orientaba acerca de la presentación de querellas por racismo.
Sin herramientas para defenderse contra el racismo
La escritora Mayra Santos Febres enfatizó en la falta de orientación sobre los remedios que existen para quienes sufren este mal social. Cuestionó que existan protocolos contra el hostigamiento sexual y laboral, pero no así contra el acoso racial. “Como país que ha caminado solamente 150 años desde que tenía la ley que apoyaba y sistemizaba [el racismo] y decía que era legal vender personas, nosotros los afrodescendientes necesitamos herramientas para defendernos del racismo sistémico, que bajo millones de formas perpetúa una discriminación, empobrecimiento y segregación de la participación plena en este pueblo”, puntualizó.
La también catedrática e investigadora del Programa de Diversificación Académica en Estudios en Afrodescendencia y Racialización en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico enfatizó que esto no se debe quedar en una mirada meramente individualista.
“No es cuestión de cómo se trabaja en las escuelas [o] en la familias, nada más. Es también que se creen instrumentos, como es la ley, para que las personas que hemos sido deshumanizadas y racializadas tengamos herramientas para podernos defender y exigir unos derechos que desde la creación de las naciones a todo ciudadano y ciudadana se les reconoce”, expresó.
A diferencia del DTRH, el director de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla Ruiz, favoreció una medida que prohíba textualmente esta manifestación de discrimen. Destacó que no existe organismo como la UAD que tenga jurisdicción en las instituciones educativas, religiosas u oficinas gubernamentales donde la gente acuda para ciertos servicios. El campo de acción de la UAD se limita al ámbito laboral.
“¿Dónde irían estas personas que son discriminadas en sus colegios privados porque hay un reglamento que dice que no se permiten las trenzas? Pues, no existe una agencia. ¿Dónde irían las personas que entran a una oficina, y les dicen: ‘A ti no te voy a atender hasta que te cortes el pelo’? ¿Dónde van a ir las personas que desde una tribuna, desde un púlpito les dicen: ‘Tú eres puerco, eres negro, eres bruto’? Es necesario que se establezca legislación”, comentó Padilla Ruiz ante la necesidad de instrumentalizar el derecho civil.
La CDC atendió aproximadamente 12 querellas por discrimen racial en 2023, la mayoría de ellas por eventos suscitados en colegios privados. El organismo permanece, sin embargo, sin quórum desde julio de 2022, porque el gobernador Pedro Pierluisi no ha hecho cuatro de los cinco nombramientos del que se compone la Junta de Comisionadas y Comisionados.
Padilla Ruiz, al igual que otros deponentes, recomendó que se refuerce el aspecto de la prevención mediante campañas educativas. “Al final del día, ¿en qué se traduce una multa… si no hemos provocado un cambio en la actitud y en la conciencia de las personas que son los llamados a implementar esa política pública?”.
“No puedo entender ni una sola razón para oponerse a una medida como esta… porque si estuviese legislado, [si] estuviese expuesto, todas las personas que vinieron aquí a deponer hubiesen sabido claramente adónde tenían que ir a hacer un reclamo”, agregó el abogado.
De hecho, el Departamento de Justicia presentó un memorial en el que avaló el P. del S. 1282, con una serie de enmiendas técnicas, según corroborado por Todas.
El proyecto de ley está siendo respaldado también por una docena de organizaciones antirracistas, algunas de las cuales presentaron ponencias y depusieron en vistas públicas, como Taller Salud y NEGRX, que es una organización estudiantil en la Universidad Sagrado Corazón.
La Cámara de Representantes tuvo este mismo proyecto bajo su consideración en 2021, pero la Comisión de Gobierno —que preside el dirigente del Partido Popular Democrático y aspirante a la gobernación, Jesús Manuel González Ortiz— lo dejó engavetado. El proyecto había sido presentado por legisladores de cuatro de los cinco partidos representados en la asamblea legislativa.
