Mientras dentro de la corte federal, los representantes de los fondos buitres reclamaban la mayor tajada posible del pago de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), en la avenida Chardón, frente al tribunal, cientos de personas se manifestaban contra el plan de ajuste que permitiría destinar la mayor parte de los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a los bonistas por los próximos 40 años.
La jueza Laura Taylor Swain escuchaba esta mañana argumentos en favor del plan y testimonios de ciudadanos preocupados por lo que este implicaría en su futuro y en el de Puerto Rico.
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Afuera, era evidente el rechazo al acuerdo. La mayoría de los reclamos giraban en torno a la necesidad de que se audite la deuda de Cofina que economistas locales e internacionales han catalogado de impagable e ilegal por haberse excedido de los márgenes que establece la Constitución de Puerto Rico, y a que se definan los servicios esenciales para que se puedan proteger.
El plan de ajuste de Cofina redirigiría dinero que debería estar destinado a esos servicios esenciales a los bolsillos de bonistas que compraron bonos de Puerto Rico a precio de quemazón y que ahora reclaman un pago superior.
Menos alternativas para la juventud
Entre la multitud, cargaba con su cartel la psicóloga Sonia Santiago, portavoz de Madres contra la Guerra, organización antimilitarista que rechaza el reclutamiento de jóvenes por parte del ejército.
“Con esta acción (si se ratifica el acuerdo de Cofina), se van a agudizar las crisis y, al agudizarse las crisis, se van a ensañar los reclutadores militares contra nuestra juventud, porque el caldo de cultivo para el reclutamiento militar es, precisamente, las condiciones de pobreza”, expuso Santiago.
El aumento en los créditos en la Universidad de Puerto Rico, mencionó, es una de las formas de promover que más jóvenes caigan ante las ofertas del ejército.
El destino de las maestras será la indigencia
La presidenta de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, resaltó la composición mayoritariamente femenina del magisterio puertorriqueño -75% del total y 90% en el nivel elemental-, un grupo que ya ha sido impactado con ajustes a su sistema de retiro, cierre de escuelas y eliminación de plazas docentes. Además, sufren condiciones precarias en los planteles del país.
“El acuerdo de Cofina destinaría a estas compañeras y a los compañeros a la indigencia. Es un acuerdo que pone la deuda primero que la gente. ¿Qué implicará para las maestras? Que los servicios esenciales no se garanticen, que no se garanticen los salarios de las trabajadoras y los trabajadores cuando se colecte del IVU, que gran por ciento del IVU vaya destinado a los buitres y no a los salarios, el pago de las pensiones y la educación pública de este país”, evaluó Martínez.
La Federación de Maestras y Maestros es uno de los grupos representados en corte por el abogado Rolando Emmanuelli.
Jubilaciones de precariedad extrema
Por su parte, Ana Serrano Reyes, jubilada como trabajadora social desde el 2011, contó que mantiene con otro trabajo para poder 
suplementar su pensión.
Aun así, su mayor preocupación es que ni siquiera lo que ella ha podido recibir le tocará a su hija, quien es maestra.
“Mi jubilación ha sido un proceso positivo, pero también difícil. Yo logré jubilarme teniendo derecho a plan médico, pero eso no ha sido así para mis compañeros, lo tienen que costear de su retiro. Mi hija, que es maestra, no va a tener retiro, no tiene nada. Al ver la situación de deterioro a la cual están sometiendo, no solamente los envejecientes del país como yo, sino a las personas jóvenes, una se pregunta, ¿dónde vamos a parar?”, lamentó.
Su hija, Edna Rodríguez Serrano, trabaja en un Head Start tras haber quedado desplazada del Departamento de Educación.
“No se ve bien el Departamento de Educación. No llama ya estudiar educación para ejercer en el Departamento de Educación”, expresó desilusionada.
“Si no damos la lucha, no le veo futuro a la posibilidad de trabajar como maestra en el Departamento de Educación”.
María de Lourdes Santiago, comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, organización que convocó a la manifestación desde las 7:00 a.m., auguró un panorama desolador si se ratifica este acuerdo.
Mencionó entre las principales afectadas a las jubiladas, que recién han culminado la crianza de sus hijos y, entonces, se enfrentan a la necesidad de cuidar de sus padres y madres.
“En la medida en que esas mujeres que se acercan al retiro tienen nuevas responsabilidades y menor ingreso, estamos hablando de la pauperización de la mujer puertorriqueña. Son unas consecuencias muy severas”, señaló.
Destacó, además, las “señales preocupantes” que ha dado la Junta de Control Fiscal de ir contra las madres de niños y niñas de educación especial.
“El tema de la educación especial es un tema esencialmente femenino. La inmensa mayoría de las custodias son mujeres, así como las maestras, las psicólogas, terapistas, patólogas del habla. Entonces, en la medida en que se nieguen servicios, quien va a llevar la carga más pesada es la mujer puertorriqueña”.
Llamado a la movilización ciudadana
La excandidata a la gobernación de forma independiente, Alexandra Lúgaro, también asistió a la manifestación y consideró que el plan de ajuste de Cofina traerá miseria al pueblo de Puerto Rico.
“Estamos condenando a otras generaciones que no tienen la culpa de lo que hicieron los que vinieron antes que nosotros y que, por cuatro décadas, van a estar pagando este acuerdo. En mi caso, yo voy a tener 77 años cuando acabemos de pagar este acuerdo. Mi hija va a tener casi 50 años”, reflexionó.
Pero, observó posibilidades para frenarlo.
“El mensaje importante aquí es que esto sí se puede frenar. Hay litigios que se están llevando en los tribunales, pero la participación ciudadana, esta presión de tirarse a la calle, es bien importante porque los jueces lo que tienen en la sala ante su consideración son los testimonios de los que quieren cobrar”, resaltó.
“Si no hacemos esta presión en la calle, a los jueces se les hace muy fácil llegar aquí y decidir, pero los jueces tienen que tomar un sinnúmero de factores ante su consideración y uno de ellos es cómo le hacen daño al pueblo, así que si el pueblo está presente, si el pueblo reclama sus derechos, podemos frenar estos acuerdos que van a ser nefastos para el país”.
Entre los grupos que coincidieron se incluyen Prosol-Utier, la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico y su Comité de Jubilados, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, la Coordinadora Sindical, Vamos, la Colectiva Feminista en Construcción, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Colectivo Dignidad, Mentes Puertorriqueñas en Acción, Center for Popular Democracy, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, Únete, Educamos, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y su Capítulo de Jubilados, el Junte de Artistas Boricuas, la Unión General de Trabajadores, el Movimiento No a la Reforma Laboral, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y la Federación Central de Trabajadores.
