Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Puerto Rico es un país sumamente conservador. La influencia que líderes religiosos antiderechos tienen sobre un sector significativo de la población convierte a Puerto Rico en un lugar de peligrosidad para quienes piensan distinto o se distancian de las normas culturales dominantes en temas relacionados al género y la sexualidad.
Asimismo, los gobiernos liderados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han operado desde un conservadurismo ideológico que, en muchas ocasiones, viola el principio de separación de Iglesia y Estado.
En un contexto político en el cual prevalecen el colonialismo, el capitalismo y el fundamentalismo religioso, Puerto Rico nunca ha tenido un gobierno progresista ni democrático, a pesar de que los dos partidos políticos tradicionales se autodenominan como progresistas y democráticos en sus respectivas insignias.
En meses recientes, estaba en la fila de la cafetería de un supermercado en el municipio de Humacao. Detrás de mí, un hombre hablaba con otro sobre el trabajo de la legisladora del partido Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos. Decía “que esa mujer era una brava”, en alusión a la “buena” gestión que, supuestamente, hace desde la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Ante la descripción hecha por el hombre sobre la representante, la otra persona en la fila de la cafetería le respondió diciendo “amén, que Dios la bendiga [a Burgos]”.
Toda esta descripción y porras que surgieron en medio de una plática de supermercado eran en referencia a una figura política que, desde que llegó a la legislatura, ha sido consistente en proponer limitar los derechos de las personas trans y el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Lisie Burgos se ha convertido en una de las principales portavoces de quienes pregonan el odio y les niegan derechos, tanto a las mujeres, como a las personas que integran a las comunidades LGBTQIA+ en Puerto Rico.
La admiración hacia una figura como la de Burgos no debe causar sorpresa, especialmente en un lugar tan conservador y fundamentalista como Puerto Rico. Sin embargo, hay un aspecto que debe causar preocupación entre quienes defendemos una agenda de equidad y de derechos para todas las personas, indistintamente de su trasfondo, identidad y experiencias.
Más allá de lamentar (y con razón) que las perspectivas de Burgos puedan ser vistas como la norma cultural en el año 2023, la mayor preocupación debe ser que quienes piensan como ella se están organizando en busca de obtener poder políticos a través de las instituciones gubernamentales.
El partido Proyecto Dignidad ha sido enfático en decir que se continúan organizando con el fin de ganar en las elecciones coloniales pautadas para noviembre del 2024. Como institución, su meta ya no es participar meramente en un proceso electoral y tratar de que el partido se mantenga inscrito. Su objetivo es ganar poder político.
Posterior a las elecciones generales del 2020, el trabajo de base, reclutamiento y movilización de PD no ha cesado. Sus líderes han sido astutos en apelar a la población con la denuncia de problemas fundamentales, como es el aumento en el costo por los servicios de electricidad. En ocasiones, sus portavoces encabezados por la senadora Joanne Rodríguez Veve se han dirigido al país con elocuencia, carisma y seguridad. Este liderato político de PD contrasta con las figuras más conservadoras dentro del PNP y el PPD, quienes en reiteradas ocasiones han carecido del don de la palabra y la coherencia en sus planteamientos.
Tomemos los ejemplos de la exrepresentante del PNP, María Milagros Charbonier y el excandidato a la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado. Ambas personas son figuras políticas conservadoras, pero sin carisma ni elocuencia. Su proyección no inspira a nadie. Por el contrario, si bien el discurso de PD es uno marcado por el odio, la exclusión y el rechazo a la ciencia, la proyección de sus portavoces ha sido lo suficientemente elocuente como para continuar ganando adeptos. Recordemos que, en la política electoral, los factores de la imagen y la proyección del mensaje pueden ser determinantes a la hora de inclinar la balanza del apoyo popular.
El avance de PD no debe ser visto como un chiste o como un asunto que se debe menoscabar dentro del escenario político puertorriqueño.
No estoy convencido que quienes forman parte de las iniciativas de “alianzas progresistas de país” estén tomando en serio el avance del sector antiderechos en Puerto Rico. Recordemos que PD aglutina a personas de todas las vertientes tradicionales de la política puertorriqueña: estadistas, estadolibristas e independentistas. Es posiblemente la alianza de país mejor articulada y organizada en la actualidad.
No quiero imaginar lo desastroso que podría ser un potencial ascenso al poder de PD. No necesariamente la colectividad tiene que obtener la gobernación para ganar poder político. Con triunfar en algunos municipios y elegir a más personas a las legislaturas municipales y la Asamblea Legislativa, podría ser suficiente dentro de los objetivos de expansión que la colectividad pondera a corto plazo. Pensemos en lo que esto implicaría para el derecho al aborto. Pensemos en las consecuencias que tendría en los servicios precarios hacia las poblaciones trans de Puerto Rico. Pensemos en el impacto que esto tendría sobre los currículos escolares y la libertad de cátedra en la Universidad de Puerto Rico. Todo el odio y el deseo de quitar derechos que ya conocemos quedarían ahora oficializados bajo las instituciones políticas del país. Es importante mencionar que en las pasadas elecciones generales del 2020, PD llegó en tercer lugar en seis municipios del país, según los datos de la Comisión Estatal de Elecciones. En los pueblos de Ceiba, Naguabo, Florida, Camuy, Arecibo y Hatillo, el candidato a la gobernación de PD, César Vázquez, obtuvo más votos que Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño y Alexandra Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana.
Podrán argumentar que esta reflexión proviene desde el miedo hacia un partido político que continúa expandiéndose. Y la respuesta es afirmativa. Sí temo a lo que este potencial ascenso al poder podría implicar para los derechos de quienes históricamente han sufrido violencias dentro de una colonia fundamentalista y capitalista. Temo en lo que esto pueda implicar para quienes solo necesitan un poco de poder para implementar las indignas “terapias” de tortura hacia personas de las comunidades LGBTQIA+. Temo en que se eche a perder lo poco que hemos ganado en la educación sobre los temas de equidad y violencia de género.
Invito a quienes promueven alianzas de país desde la equidad y la solidaridad a tomar en serio estos avances del sector político antiderechos. Esta lucha ya no es solo en contra del bipartidismo corrupto que nos ha administrado por décadas. El verdadero proyecto digno es aquel que lucha también contra la colonia y contra los grupos que insisten en operar desde el odio y la exclusión.
¡Luchemos por un Puerto Rico libre, solidario y emancipado del fundamentalismo religioso!
