¿Cuánto cuesta menstruar en Puerto Rico?

Menstruar no es un privilegio. Cuánto cuesta menstruar en Puerto Rico..

(Ilustración por Michelle Dersdepanian)

Una persona que tenga un período menstrual de aproximadamente cuatro días, en Puerto Rico, pudiera estar destinando alrededor de $12 mensuales en productos para la menstruación. Si esa cantidad se multiplica por los 12 meses del año, el costo sería de $144. Así lo evidenció el proyecto Menstruamos: Experiencias, actitudes y creencias en América Latina, a cargo de la profesora de la Universidad de Puerto Rico Yarimar Rosa Rodríguez.

“Si tú tienes una persona que menstrúa alrededor de los 10 o 11 años, y los síntomas de la menopausia empiezan alrededor de los 50, tienes ahí un mercado cautivo de personas que van a necesitar artículos para el manejo menstrual por un período de 40 a 45 años. Es decir, 480 meses en total. Estamos hablando cerca de $6,000 invertidos en productos menstruales a lo largo de nuestros años reproductivos”, explicó Rosa Rodríguez.

La también doctora en filosofía destacó que si una persona menstruante tiene un sueldo anual por debajo de los $12,000, los $144 en productos menstruales al año representa el 1% de su sueldo. Y si en un hogar tienes más de un cuerpo menstruante, esa gasto va aumentando.

Lee aquí: Marginada la conversación sobre menstruación en las escuelas del país

Desigualdad salarial

La menstruación es una causa de desigualdad económica y social cuando los cuerpos menstruantes son los más precarizados.

Según el economista José Caraballo Cueto, las mujeres en Puerto Rico tienen mayores logros educativos hace más de una década. No obstante, la brecha salarial reaparece entre hombres y mujeres una vez se ajusta por la escolarización de cada género. Las mujeres, en promedio, ganan 3% menos que los hombres.

El Nuevo Día reportó el 8 de marzo de 2020 que, a mayor nivel de educación, más grande es la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Entre los trabajadores que se graduaron de escuela superior, los hombres ganan una mediana de $2,555 más al año que las mujeres. En el caso de los que tienen algún grado asociado o estudios universitarios, la desigualdad asciende a $2,810 a favor de los hombres. Los hombres que completaron un bachillerato ingresan $6,274 más al año que las mujeres, mientras que esa diferencia se dispara a $11,858 para los que cuentan con una maestría.

Baja participación laboral de las mujeres

Por otro lado, al analizar las estadísticas de empleo y desempleo para el mes de enero, la tasa de participación laboral de los hombres es significativamente mayor que para las mujeres (46.2% hombres vs. 33.6% mujeres).

Cuando se le preguntó a la secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, sobre cómo evalúa esa diferencia, expresó que los números son bajos en ambos géneros. De igual forma, Torres Reyes destacó que “se está cerrando la brecha de género a través de los años si se compara con el año 1970”.

La principal razón entre las personas fuera del grupo trabajador para no participar en el mercado laboral fueron los oficios domésticos. En su mayoría, los oficios domésticos son realizados por mujeres y no son remunerados, aunque son indispensables para sostener la sociedad.

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Pobreza

No todas las mujeres menstrúan y no todas las personas que menstrúan son mujeres.

Sin embargo, en Puerto Rico, los datos sobre el estatus socioeconómico de la población trans es escaso.

En un reportaje publicado por el Centro de Periodismo Investigativo sobre la comunidad trans, luego del huracán María, reportó que las personas trans tienen un ingreso por debajo de los $24,980.

“El informe sobre las experiencias de participantes latinos del US Transgender Survey de 2015, que incluyó a Puerto Rico, reportó que cuatro de cada 10 (43%) personas trans vive en pobreza”, se indicó en el reportaje.

El Instituto de Desarrollo de la Juventud reportó, en el 2017, que la mediana de ingresos de una madre soltera a cargo de jóvenes menores de 18 años es de $8,790 anual.

Entre los niveles más altos de pobreza están menores entre 6 a 11 de edad con un 57.3%, menores entre 12 y 17 años con un 53.4% y las madres solteras a cargo de menores con un 70.1%.

Además, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no permite el uso de la ayuda económica para compra de tampones ni de toallas sanitarias.

Los datos mencionados permiten poner en relieve que el gasto en productos de gestión menstrual recae sobre una gran parte de la población que particularmente enfrenta una situación económica desventajada.

Además, entre todas las familias que viven bajo el nivel de pobreza, el grupo de mujeres negras representa el 49.8%, lo que implica que el acceso a productos para la menstruación también es un tema de raza.

Insuficiente exención del IVU a productos para la menstruación

Los productos de gestión de la menstruación quedaron exentos del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) con la reforma contributiva que se aprobó en 2018. Se trató de una propuesta de la representante Jackie Rodríguez.

Hasta entonces, el presupuesto del país recibía miles de dólares cada año a costa de una necesidad biológica exclusiva de mujeres y personas menstruantes. El pago de este impuesto se sumó por todos estos años al fondo que ya, de por sí, sostiene políticas públicas, servicios y proyectos que suelen ignorar las necesidades particulares de esta población.

La exención significó un paso adelante en la justicia de género que han tomado otros países, como India, Kenia, Colombia, Canadá y Australia.

La medida, sin embargo, no estuvo exenta de burlas machistas, que, incluso, comparaban los productos para menstruación con el papel de baño, ignorando que se trata de un asunto de género.

El tema de la accesibilidad trasciende la exención del IVU, como planteó la terapeuta menstrual Diana Betancur Toro.

“La justicia menstrual se está convirtiendo en retirar el IVU de los productos menstruales y ponerlos al alcance de todas, supuestamente. Pero, si no trabajamos la brecha salarial entre los géneros, los discursos raciales, no hay justicia menstrual. Quitar el IVU de los productos menstruales no es suficiente cuando hay personas que ni tienen para comprarlos”, abundó Betancur Toro.

La escritora feminista estadounidense Jessica Valenti argumentó sobre este tema en una columna que escribió para el diario británico The Guardian en 2014, The case for free tampons.

“Esto (la accesibilidad a productos para gestionar la menstruación) es menos una cuestión de costo que de principio”, expuso.

“El cuidado menstrual es cuidado de la salud y debe tratarse como tal. Pero, de la misma manera que la cobertura de seguros médicos o los subsidios para el control de la natalidad generan burlas o furia, la idea de que las mujeres obtengan pequeñas exenciones de impuestos para los productos menstruales provoca incredulidad porque algunas personas carecen de una increíble cantidad de empatía … y porque tiene algo que ver con vaginas. El acceso asequible a productos sanitarios rara vez se habla fuera de las organizaciones sin fines de lucro y cuando se hace, es con vergüenza o burla.”

Hay mujeres y hombres trans cuyos costos exceden los aquí mencionados. Son pacientes de condiciones, que provoca menstruaciones abundantes y sumamente dolorosas.

En Estados Unidos, todavía hay 31 estados que nutren sus arcas con impuestos derivados por productos que, por necesidad, consumen exclusivamente mujeres, hombres trans y algunas personas intergénero que menstrúan.

¿Qué está sucediendo con los cuerpos menstruantes?

La profesora Rosa Rodríguez, quien también participó del proyecto Menstruamos: Experiencias, actitudes y creencias en América Latina, ha constatado que “las mujeres, las que usan toallas desechables, muchas tienden a postergar la cantidad de horas en las que se cambian las toallas sanitarias”.

Si una mujer está menstruando por cuatro días, lo ideal sería que se cambie de toalla sanitaria cada dos horas. No obstante, las mujeres solo compran un paquete de 12 a 16 toallas. Esa cantidad no es suficiente para gestionar el sangrado por cuatro días.

“Pasan muchas más horas con las toallas sanitarias puesta porque cambiar cada dos horas es mucho más oneroso económicamente. Lo más saludable sería usar entre ocho toallas sanitarias diarias”, sostuvo Rosa Rodríguez.

El postergar cambiarse las toallas sanitarias tiene unas implicaciones físicas y psicológicas.

“La sangre no es mala. La sangre no se puede ver como un factor que trae enfermedad. Ahora, cuando la sangre sale del cuerpo y se mezcla con el oxígeno y con los ingredientes químicos que tiene una toalla sanitaria, esto puede hacer cambios en el área de la vulva y en el pH de la vagina”, explicó Rosa Rodríguez, quien dirige sus investigaciones académicas a evaluar la intersección del género y el sexo en el acceso a servicios de salud, así como el empoderamiento de las mujeres sobre procesos corporales como la menstruación.

En términos psicológicos, la menstruación se vuelve un proceso violento cuando crea una incomodidad corporal porque las mujeres no pueden acceder a la cantidad de toallas sanitarias suficientes para manejar el sangrado.

“La incomodidad no necesariamente viene del proceso de sangrar, sino que viene de estos preceptos y prejuicios socioculturales alrededor de la menstruación. Las condiciones que tenemos para cambiarnos de toallas sanitarias. Hay veces que la mujer sí tiene el recurso para cambiarse de toalla sanitaria, pero no tiene los espacios salubres para hacerlo. Los cubículos seguros, el agua, el jabón y el papel de baño se consideran recursos indispensables para el manejo menstrual”, aseguró Rosa Rodríguez.

Empleo y menstruación dolorosa

Al escenario de la desigualdad salarial, la baja participación de las mujeres en el ámbito laboral y el nivel de pobreza de los cuerpos menstruantes se suma la ausencia de regulaciones laborales con perspectiva de género para atender las necesidades de las personas que experimenten menstruación dolorosa.

Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la menstruación dolorosa es la causa principal para que las mujeres entre sus años de adolescencia, y de entre 20 y 30 años, se ausenten a la escuela y el trabajo. Esto significa que las niñas y las adolescentes pierden días de clases, muchas mujeres empleadas pierden días por enfermedad y otras que no tienen los beneficios de días por enfermedad pierden ingresos. Esa pérdida se suma a la brecha salarial.

Cuando se le preguntó a la secretaria del Trabajo cómo la Reforma Laboral del 2017 podría afectar a las mujeres que experimentan menstruación dolorosa contestó que “la Reforma Laboral protege los derechos tanto de las mujeres como de los hombres”.

Sin embargo, la Reforma Laboral aprobada bajo la ley de Transformación y Flexibilidad Laboral imposibilita aun más que las mujeres con menstruación dolorosa puedan acumular días por enfermedad. La ley establece que, para acceder al derecho de la licencia por enfermedad, las personas tendrán que trabajar 130 horas o más al mes. Eso es un promedio de 32.5 horas a la semana. Las personas acumularán hasta 12 días de enfermedad anualmente. Por consiguiente, una mujer que trabaje a tiempo parcial en una empresa privada no tiene derecho a días por enfermedad. Y si tuviera derecho a esos días porque trabaja a tiempo completo, solo podría ausentarse un día al mes, lo que no es suficiente para una mujer que experimente menstruación dolorosa. El dolor se puede prologar más de un día. Además, luego que la empleada agote sus 12 días de enfermedad por experimentar menstruación dolorosa, los días adicionales que se ausente por otra situación de salud, el patrono no se los pagaría.

Países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia y algunas empresas privadas de Reino Unido han implementado licencia por menstruación dolorosa. En su mayoría, son de uno a tres días.

En Puerto Rico, el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara, Juan Oscar Morales, expresó, en el 2017, que estaba dispuesto a recibir legislación para que las empresas permitan darles a las mujeres una licencia menstrual.

“No cierro las puertas. Hay que evaluarlo. Ver el proyecto que se radique y darle una evaluación seria y ver si amerita, en realidad, que se otorgue esa licencia que están pidiendo”, dijo Morales en entrevista con El Vocero.

Por su parte, la secretaria del Trabajo declaró que “hay que evaluar el lenguaje de ese proyecto porque podría discriminar a las mujeres”. Cuando la secretaria menciona que la licencia menstrual “podría discriminar”, se refiere a que se podría afectar el crecimiento laboral de las mujeres.

Ante las declaraciones de Torres Reyes, la abogada Mariana Iriarte Mastronardo argumentó. 

“En un país donde el hombre es el sujeto paradigmático del ordenamiento jurídico, pues podría ser que una licencia menstrual, en principio, se interpretara como dice la secretaria (que podría discriminar a las mujeres). Porque, y esto no significa que no la debamos aprobar, tenemos todo un andamiaje que solo le interesa atender los intereses de los hombres. Entonces, los intereses de las mujeres se atienden como si fueran asuntos especiales o como problemas jurídicos. Escuchamos por ahí, ‘pues, si tienen menstruación dolorosa, que se acojan a la licencia de enfermedad’. La menstruación no es una enfermedad. Es un proceso biológico”.

Para evitar la discriminación laboral de las mujeres que experimenten menstruación dolorosa, Iriarte Mastronardo señaló que el Departamento del Trabajo debe fiscalizar los derechos laborales de los cuerpos menstruantes.

“Establecer mecanismos con los que las mujeres puedan llevar sus quejas y obtener reparación de cualquier daño. Lo otro es la organización obrera. Las trabajadoras y trabajadores somos mucho más fuerte cuando nos organizamos y llevamos nuestros reclamos colectivamente”, añadió la también profesora de la Universidad de Puerto Rico.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer de este año, el partido Victoria Ciudadana presentó su agenda legislativa a favor de los derechos de las mujeres. La candidata al Senado por el distrito de San Juan, Rosa Seguí, mencionó la importancia de revertir la reforma laboral aprobada este cuatrienio para ampliar derechos laborales. Como, por ejemplo, aumentar las licencias de maternidad e instaurar la licencia por menstruación, entre otros.

Respuesta del Estado

La menstruación se vuelve política cuando la estructura no permite que las personas menstruantes accedan a los artículos de gestión menstrual por cuestiones económicas, explicó Rosa Rodríguez.

“Pensamos en la menstruación como un asunto individual y privado, y, para mí, esto es un asunto público y político. Como pensamos que les toca a los cuerpos menstruantes manejarlo, su espacio no se hace responsable de todo lo que necesitan para manejar saludablemente a nivel físico y a nivel psicológico la menstruación”, aseguró Rosa Rodríguez.

La creación de políticas públicas que ataquen directamente las desigualdades producidas por la limitación de acceso a productos para contener el sangrado y que protejan las necesidades particulares de los cuerpos menstruantes es un factor fundamental para tener una sociedad equitativa. Para esto, la menstruación debe dejar de ser “cosa de mujeres” y convertirse en un tema de país a la hora de pensar cómo garantizar igualdad de oportunidades.


* Cristina del Mar Quiles colaboró en este reportaje. 

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Alejandra Lara Infante
Escrito por Alejandra Lara Infante
Periodista interesada en temas de estudios feministas y decoloniales. Estudiante graduada en Estudios de Género con una especialidad en Investigaciones Feministas.