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Cuando Michelle “Michellyn” Ramos Vargas llegaba a su negocio favorito en Yauco había que dejarle el canto. Todo el mundo sabía que ella era una de las reinas del karaoke y que iba a interpretar todas las canciones que pudiera de Ednita Nazario y alguna que otra de Ángela Carrasco.
Eso le contaba Michellyn a su mamá, Elia Vargas, quien lo recuerda como si hubiese estado allí.
“Me hacía los cuentos de que cuando llegaba, decían: ‘Aquí viene Michelle, así que sálganse”, contó Elia.
Prefiere mantener en su memoria la idea de ver a su hija feliz. La imagen de su cuerpo en la entrada de una finca en la carretera PR-114, en el barrio Sabana Grande, en San Germán es muy dolorosa.
A Michellyn, una mujer trans de 32 años, la asesinaron el 30 de septiembre. La Policía aún no sabe quién fue ni cómo pasó. Tampoco cuenta el crimen entre los 43 asesinatos de mujeres que tiene registrados en lo que va de 2020.
A diferencia de la Policía, el Observatorio de Equidad de Género cuenta 55 feminicidios este año.
Los contrastes entre las clasificaciones que hace la Uniformada y la entidad creada a principios de 2020 con el apoyo de Oxfam —como un esfuerzo colectivo de organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género en Puerto Rico— apuntan a una denuncia que se ha repetido muchas veces: existe un problema estructural que no permite a las autoridades recopilar y publicar información confiable sobre los asesinatos de mujeres.
“La situación de violencia es bien preocupante. Los datos, las estadísticas son importantes y la actualización de esos datos, que estén accesibles, que sean datos que se puedan usar de manera confiable para hacer estudios de comparación, para darle seguimiento a los casos, para el desarrollo de políticas públicas, para evaluación y poder comparar”, declaró la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario.
Adjudicar responsabilidades es también un asunto de lenguaje
Según la Policía, entre los asesinatos de mujeres, hay registrados 11 “por venganza o por rencillas”, nueve “por violencia doméstica”, ocho “por asuntos de drogas”, siete “sin determinar”, tres en medio de peleas o discusiones, dos durante un robo y tres como “pasional”. Esta última descripción es rechazada internacionalmente porque se lee como una justificación para arrebatarle la vida a una mujer.
El Observatorio, en cambio, utiliza el término feminicidio y adoptó para su trabajo el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El modelo define como feminicidio “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ocurrido entre familiares, en el hogar, en la comunidad o en cualquier otra relación interpersonal, así como perpetrada o tolerada por el Estado y sus agencias”. Esta definición, permite subcategorizar los crímenes, según las circunstancias en que fueron perpetrados.
De acuerdo con la analista del Observatorio, Debora Upegui-Hernández, las clasificaciones y los procesos que mantiene la Policía hacen muy difícil analizar el problema de violencia de género en Puerto Rico.
“Esta forma de trabajar se enfoca en el evento y no ve desde dónde surge la violencia. No están mirando el aspecto de género en facilitar que los agresores tomen la acción de quitarle la vida a una mujer o a una persona trans”, señaló la experta.
La magnitud de los feminicidios íntimos
Para la Policía, violencia de género se limita a la violencia doméstica, entendida como “todo aquel caso donde exista o haya existido una relación de pareja (en que ambas partes) cohabiten o hayan cohabitado”, confirmó el teniente coronel Rolando Trinidad, comisionado de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC), a preguntas de Todas.
Otros asesinatos de mujeres se clasifican como “crimen pasional”, que, según Trinidad, es para los crímenes vinculados indirectamente a alguna situación de pareja. Dio como ejemplo el asesinato de Alexandra Cardona Torrado, que fue impactada por las balas que dirigió a su amiga la expareja de esta.
Sin embargo, el término “crimen pasional” fue descartado hace años por organizaciones tanto de Puerto Rico como internacionales, como un vocabulario sexista que justifica la violencia machista, pues no es la pasión, sino el machismo y el sentido de propiedad la raíz de esta violación de derechos humanos.
“No pareciera que hay un protocolo para clasificar este tipo de crímenes”, observó Upegui-Hernández sobre las diferencias que da la Policía para clasificar algunos crímenes como de violencia doméstica y otros como “crimen pasional”.
“No hay una definición clara y, al decir ‘crimen pasional’, pareciera que se está disculpando la agresión. Es bien arbitrario y depende del ojo de quien lo mire”, agregó. Según dijo, desde el Observatorio se han hecho varios acercamientos para aclarar estas definiciones, pero distintos agentes de la Policía han tenido respuestas diferentes y ninguno ha provisto un documento oficial que las establezca”.
El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), sin embargo, amplía la definición para incluir feminicidios vinculados con un hecho de violencia doméstica, aunque la víctima no resulte ser la pareja o expareja de quien perpetra la acción. Tales son los casos de Cardona Torrado, que la Policía calificó como “crimen pasional” y de Jaimette Sánchez Ledée, asesinada por Pedro Montes Collazo, luego que este matara a su expareja Marilyn Reyes Ayala, y a su compañero de trabajo Alvin Sugrañes Negrón.
En la página oficial del Negociado de la Policía, la información sobre casos de violencia doméstica llegan hasta diciembre del año pasado. No hay un solo dato registrado sobre los incidentes en lo que va de este año. En el renglón de delitos sexuales y maltrato a menores, los números son del 2018, lo que significa dos años de retraso.
Ante la falta de información para atender un asunto que es urgente, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género dijo que le escribió al secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, para tener una reunión y aportar en la búsqueda de soluciones, pero una semana después ni siquiera le habían consignado si recibieron la comunicación.
Invisibilizados los transfeminicidios
Los informes de la Policía sobre asesinatos de mujeres en 2020 no consideran cinco de los seis transfeminicidios que el Observatorio incluye en sus estadísticas. Solo cuenta el de Yampi Méndez Arocho, hombre trans, a quien la Uniformada identifica con su nombre y sexo asignado al nacer.
La Policía solo clasificaría como asesinatos de mujeres si hubiesen completado los trámites de cambio de sexo en el Registro Demográfico, explicó Trinidad a este medio.
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Ínaru de la Fuente Díaz, fundadore de la organización interseccional La Sombrilla Cuir, expresó a Todas que la comunidad trans continúa dolida, tras el esfuerzo de años por visibilizar y promover el respeto hacia las personas trans.
Destacó que todavía falta el apoyo de las agencias públicas para asegurarles un trato digno en todas las esferas del servicio público.
“La Policía tiene que demostrar que verdaderamente tiene un interés en protegernos, contrario a todo lo que han hecho. Nos han humillado, tratado mal, nos han violentado incluso después de que nos morimos, se mofan y burlan de nosotres cuando estamos en el tribunal, nos hacen acercamientos sexuales violentos, todas esas cosas no nos muestra que la Policía tenga un interés alguno en protegernos”, denunció De la Fuente Díaz.
Los asesinatos a personas trans son motivo para causar mayor inseguridad a la comunidad que, entre el trato “humillante” que reciben y condiciones inestables en que viven, sienten que son tratades como si no formaran parte de la sociedad.
A su vez, De la Fuente Díaz atribuye la violencia, la pobreza y discriminación a los funcionarios del Estado que dicen ser inclusivos mientras, hasta el momento, no se han expresado respecto al aumento en asesinato de personas trans.
Por su parte, Ivana Fred, veterana portavoz y activista trans, ve el asunto con un poco de optimismo. Reconoció que sí hay un interés por parte de agentes de la Policía de cambiar el trato que les dan a las personas trans en Puerto Rico.
“Se ha mantenido en conversaciones conmigo y estamos en reuniones para darle fortaleza a los adiestramientos que hacen alusión al colectivo trans. Si bien es cierto que han cometido horrores en medio de las intervenciones, para identificar cadáveres de la comunidad trans, también es cierto que se han comunicado. Un grupo de hombres y mujeres de identidad trans nos hemos reunido para estos adiestramientos y tienen un interés genuino”, resaltó Fred.
Crímenes sin esclarecer
Una semana después del asesinato de Michellyn Ramos Vargas, entre las montañas de Villalba, Nashaly Cristina Torres Vargas fue acechada y ultimada a balazos por individuos que iban en dos autos y una motora. Su carro quedó con sobre 50 impactos de bala de distintos calibres. El nivel de violencia consternó a los residentes del pueblo, cuyas expresiones de asombro y tristeza quedaron registradas en varios medios de comunicación.
Un mes y medio después del asesinato de Nashaly, la Policía tampoco ha identificado el móvil del crimen y el caso se mantiene “bajo investigación” o de móvil “sin determinar” junto con otros seis asesinatos de mujeres, según los números de la Policía.
“Cuando en la investigación preliminar no se puede determinar causa de muerte, se clasifica como ‘muerte sin causa determinada’. Una vez se lleva a cabo el proceso médico legal en el (Instituto de Ciencias Forenses) ICF y se determina causa de muerte, se clasifica utilizando el informe suplementario como asesinato, muerte por sobredosis de alguna sustancia, suicidio o alguna complicación de salud, entre otros”, dijo el teniente coronel Trinidad.
El Observatorio mantiene un total de 22 feminicidios perpetrados entre enero y noviembre para los que aún no se cuenta información sobre su esclarecimiento. Aunque este medio lo solicitó, la Policía no proveyó la información completa que permitiría identificar si algunos de estos crímenes fueron esclarecidos y reclasificados.
Trinidad tampoco contestó preguntas sobre cuándo y cómo se actualizan los datos de años anteriores luego que se culmina una investigación.
A ciegas la Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Aunque la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) recibe fondos federales para levantar información estadística acerca de los crímenes perpetrados contra las mujeres, la agencia no lleva a cabo esa labor.
“Realizar y fomentar estudios o investigaciones, así como recopilar y analizar estadísticas sobre la situación de las mujeres” es también la primera función que se establece para la oficina en la Ley 20 de 2001, que dio paso a su creación.
La procuradora Lersy Boria Vizcarrondo atribuyó a la falta de fondos el no contar con una persona dedicada a recopilar estadísticas sobre la violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, ha mantenido contratos con el Negociado de la Policía para que, a su vez, la agencia pague la nómina de dos personas expertas en el tema. Así, la OPM, que está llamada a fiscalizar el trabajo de la Policía, delega en esa agencia la recopilación de los datos.
“Es parte de nuestros planteamientos que le hemos presentado a OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). La estadística oficial la tiene la Policía de Puerto Rico y la Administración de Tribunales. Nosotros somos agencia de cernimiento… Necesitamos un estadístico, trabajamos con una planificadora, pero también le hacemos un llamado al Instituto de Estadísticas para que podamos visibilizar qué es lo que está ocurriendo con nuestras mujeres”, respondió Boria Vizcarrondo a Todas.
El estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, realizado por Proyecto Matria y Kilómetro 0, y publicado en 2019, concluyó que, por año, la Uniformada informó de 11% a 27% menos mujeres asesinadas que los resultados de esa investigación, lo que sugiere que la Policía no actualiza ni verifica sus propios registros.
“Es lamentable que la Oficina de la Procuradora use las estadísticas de la Policía, que no tienen esa mirada [cualitativa] ni los conocimientos sobre lo que establecen los organismos internacionales que trabajan con estos temas”, criticó Lugo Nazario.
Orden Ejecutiva que no tiene prioridad
Los datos del Observatorio de Equidad de Género demuestran que ha ocurrido un incremento en el ritmo de los feminicidios entre septiembre y finales de noviembre de este año.
Aun cuando organizaciones feministas han reclamado desde noviembre de 2018 la declaración de un estado de emergencia para atender la violencia de género en Puerto Rico, no fue hasta finales de octubre, casi dos años después, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la Orden Ejecutiva para declarar los esfuerzos que combatan la violencia contra las mujeres como una prioridad.
Sin embargo, no ha ocurrido.
La orden no tiene fuerza de ley, por lo que no se imponen sanciones en caso de que alguna agencia incumpla con los requisitos establecidos. Incluso, en su penúltima sección, deja claro que la orden no pretende crear “derechos sustantivos o procesales a través de terceros exigibles ante foros judiciales, administrativos o de cualquier otra índole”.
Marilú Cintrón, directora de la Oficina de la Primera Dama, agencia designada para darle seguimiento al mandato, se mostró confiada en que la orden logrará adelantos antes de que concluya el año y que los esfuerzos continuarán durante el próximo cuatrienio.
“El gobernador electo (Pedro Pierluisi) debe tener mucho interés en darle continuidad”, afirmó Cintrón, al tiempo en que destacó que la “Oficina de la Procuradora de las Mujeres es la que está facultada en ley para hacer este ejercicio de fiscalización”.
Dijo que el gabinete constitucional y la gran mayoría de las agencias ya designaron personas empleadas de carrera que servirán como oficiales de cumplimiento de la orden. Afirmó que faltaban unas 15 agencias por hacer sus respectivos nombramientos, pero espera que todas cumplan.
Según Cintrón, la próxima semana se reunirán todas las personas designadas para hablar de los roles y funciones que llevarán a cabo, incluyendo establecer, de cara al presupuesto del próximo año fiscal, las partidas que deben asignarse para trabajar en protocolos en contra de la violencia, así como su participación en la Comisión Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (Comuvi), un ente nuevo, también incluido en la Orden Ejecutiva.
La Comisión incluiría un representante de la Federación y la Asociación de Alcaldes, respectivamente, con lo que esperan poder implementar iniciativas a nivel municipal. Además de una persona en representación del gobierno federal, lo que la convierte en un organismo “más amplio”, dijo Cintrón, que la Comisión Nacional de Erradicación de la Violencia (CNEV), cuyo objetivo es similar al que se le asignó a Comuvi.
Sin embargo, desde que la hoy gobernadora fue Procuradora de las Mujeres, la CNEV se ha desarticulado y ya no se reúne, aunque fondos federales que recibe la Policía y el Departamento de Justicia están condicionados a su participación en ese ente.
Tampoco está activo el Consejo Consultivo que se estableció en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de 2001, que debe estar integrado por “siete personas de probada capacidad y liderato, identificadas con el respeto por los derechos y la diversidad de las mujeres, y que demuestran tener conciencia de género”.
La procuradora Boria Vizcarrondo alegó que reclutar personas que trabajen de forma voluntaria es “bien dificultoso”, y que los terremotos y la pandemia por el Covid-19 paralizaron los esfuerzos dirigidos a crear ese consejo.
Aseguró también que la Orden Ejecutiva promulgada por la gobernadora no conflige con el trabajo que debe realizar su agencia y aseguró que, mientras más entes se involucren en la erradicación de la violencia, lo verá como “favorable”.
“La diferencia es que el Ejecutivo está ávido de apoyar la solicitud (de más fondos) de OPM…. Pero quiero ser bien enfática, la OPM sigue trabajando de manera independiente con todo lo que la ley dispone, pero en lo que dispone la Orden Ejecutiva no quiero aventurar a decir si se ha hecho cuando no me consta”, expresó.
María Dolores Fernós, primera procuradora de las Mujeres, subrayó en contraste, que la OPM dejó de cumplir con las funciones para las que fue creada casi dos décadas.
Mencionó la falta de recopilación y análisis de estadísticas, la pobre fiscalización de las agencias gubernamentales, la ausencia de análisis y realización de investigaciones y la falta de consistencia en sus campañas educativas.
“Hay varias organizaciones de mujeres que hemos echado a pérdida esa oficina. No tan solo por lo que no hace, sino porque se convirtió en un apéndice del partido en el gobierno, y eso tratamos de evitarlo desde el principio”, acotó Fernós.
“No hay manera de que una sociedad pueda saber si está adelantando o retrocediendo en el tema que sea si no lleva estadísticas. Las estadísticas son las que te dicen si las estrategias que has establecido para combatir un problema, lo estás, en verdad, resolviendo o si está peor para que puedas diseñar otra estrategia”, señaló.
Esta laguna fue la que motivó a Fernós a convocar al grupo de organizaciones que conformaron la coalición del Observatorio de Equidad de Género, “un organismo alterno, no gubernamental que llevara las estadísticas, llevara análisis y publicara sus informes y hallazgos”.
Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.
Edición
Cristina del Mar Quiles y Amary Santiago Torres
Reportaje
Istra Pacheco, Cristina del Mar Quiles y Gabriela Carrasquillo Piñeiro
Ilustraciones
Elizabeth Barreto
Visualizaciones
Laura Moscoso, Adriana Díaz Tirado y Génesis Dávila Santiago
Perfiles
Adriana Díaz Tirado, Amary Santiago Torres, Alejandra Lara Infante, Gabriela Carrasquillo Piñeiro, Génesis Dávila Santiago, Istra Pacheco y María de los Milagros Colón Cruz
Redes sociales
María de los Milagros Colón Cruz
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