(Ilustración por Rosa Colón)
Cuando el 15 de marzo de 2020 entró en vigor la orden de estado de emergencia para frenar el contagio de la COVID-19 en Puerto Rico, no hubo mención de parte del Ejecutivo sobre cómo se atenderían los casos de violencia doméstica.
Desde otros países que ya enfrentaban una crisis sanitaria, llegaban testimonios y advertencias de que la cuarentena obligatoria había confinado a las mujeres víctimas de violencia doméstica junto con sus agresores.
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En las primeras semanas del toque de queda impuesto, la Policía adujo que hubo una baja en el número de denuncias, pero, de acuerdo con datos provistos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el número de víctimas de violencia doméstica a las que brindó servicios se duplicó en los meses siguientes a la pandemia con relación a los primeros dos meses del año.