(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes) 

Mami, que es maestra por vocación del sector público de enseñanza y que ha puesto su saber al servicio del país, un día llora (y ella rara vez llora), y dice: “Me botaron por la Ley 7”. A lo que, entonces, pensé: “¡Qué cosa más absurda!”. Para ese momento, todavía creía que todas las leyes eran buenas, que estaban hechas para protegernos, pero resulta que crearon una ley que justificaba despedir a maestras.

(Ilustración por Rosa Colón)

Cuando el 15 de marzo de 2020 entró en vigor la orden de estado de emergencia para frenar el contagio de la COVID-19 en Puerto Rico, no hubo mención de parte del Ejecutivo sobre cómo se atenderían los casos de violencia doméstica.

Desde otros países que ya enfrentaban una crisis sanitaria, llegaban testimonios y advertencias de que la cuarentena obligatoria había confinado a las mujeres víctimas de violencia doméstica junto con sus agresores.

Lee aquí: Urgen respuestas al COVID-19 con perspectiva de género

En las primeras semanas del toque de queda impuesto, la Policía adujo que hubo una baja en el número de denuncias, pero, de acuerdo con datos provistos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el número de víctimas de violencia doméstica a las que brindó servicios se duplicó en los meses siguientes a la pandemia con relación a los primeros dos meses del año.