(Foto de @MrWolfheart en Twitter)
Agentes de la Policía Municipal de San Juan, portando armas largas, irrumpieron anoche en el negocio Loverbar, en Río Piedras, en un despliegue de abuso de poder contra un espacio que es frecuentado principalmente por personas LGBTTIQ+, denunciaron sus fundadores y activistas de derechos humanos.
Se trató de una gestión para corroborar los permisos de uso del negocio.
Video de La Police entrando.
¿Cuál es la necesidad? Cualquiera juraría que esto es un raid a un punto pic.twitter.com/MkFVHfVFsE— ✨ A d o n i s ✨ (@MrWolfheart) July 23, 2021
“Fue violento y no había necesidad de que esto pasara. Fue traumatizante para muches”, dijo Jhoni Jackson, fundadora de Loverbar, quien también catalogó la intervención como un duro golpe a un negocio pequeño en el que todes les trabajadores luchan día a día para sacarlo adelante.
“Espero que nunca vuelva a pasar. Fue traumatizante”, agregó sobre la llegada de cerca de 20 agentes armados.
Reclaman investigación independiente
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió una investigación sobre el incidente.
“Lo que hemos presenciado en vídeos y fotos en las redes sociales de lo sucedido anoche en Loverbar es alarmante. Ese local es un espacio seguro para la gente LGBTTIQ+. No hay razón que justifique el uso de armas largas, docenas de agentes y la fuerza intimidante de la Unidad de Impacto de la Policía Municipal de San Juan para alegadamente buscar un permiso”, aseveró Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.
“Esto nos recuerda a los tiempos en que se intervenía con lugares como Cups en Santurce, cuando nos perseguían e intimidaban en nuestros espacios seguros hace décadas atrás. No queremos pensar que hemos vuelto a los tiempos en que la homofobia y la transfobia se insertan en la Policía Municipal de San Juan. No podemos olvidar que el actual Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, lideraba un escuadrón en la Policía estatal que fue señalado en innumerables ocasiones por violar derechos civiles y prácticas homofóbicas y transfóbicas”, sentenció Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
El también portavoz de CABE, Giancarlo Colberg Ferrer, dijo que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, tiene que rechazar esta acción.
“No es aceptable que en estos tiempos las personas LGBTTIQ+ se sientan inseguras y violentadas por las mismas fuerzas que tienen el deber de velar por la seguridad de todes”, expuso.
Burgos indicó que CABE estará vigilantes a que se realice la investigación y ofrecerá apoyo a les propietaries de Loverbar para que haya algún resarcimiento por el daño causado por esta acción.
“La homofobia y la transfobia no pueden volver al gobierno municipal de San Juan”
Mientras, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano también exigió al alcalde Romero que explique la razón para la manera en que se llevó a cabo esta intervención, que describió como inaceptable, intimidante y temeraria.
“Miguel Romero tiene que explicar por qué se utilizaron armas largas, docenas de policías municipales y una actitud intimidante para alegadamente verificar permisos. Esto nos recuerda a los tiempos horribles en que se perseguía, se criminalizaba y se acosaba a la gente LGBTTIQ+ y no lo vamos a permitir», aseveró Serrano.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que en ese lugar asisten personas que han sobrevivido crímenes de odio, que han sido perseguidos por la misma Policía tanto municipal como estatal, que van allí precisamente porque se trata un lugar seguro para la gente LGBTTIQ+.
“Este abuso tiene que acabar. Aún si fueron a otros negocios, es inaceptable el uso excesivo de la fuerza y la intimidación para alegadamente ‘buscar unos permisos’. Este despliegue de fuerza excesiva e intimidante representa un abuso que no se puede tolerar. Miguel Romero tiene que detener esta práctica inmediatamente. La homofobia y la transfobia no pueden volver al gobierno municipal de San Juan”, sostuvo Serrano.
Municipio niega intervención discriminatoria
Este medio solicitó una explicación al Municipio de San Juan, que, en declaraciones escritas negó que la intervención en Loverbar estuviera motivada por la orientación sexual de sus clientes. Señaló que fue una de parte de un operativo de la Oficina de Permisos junto a la Policía Municipal, en la que se intervino en ocho negocios y, en siete de estos, se emitieron multas por tener operaciones sin los permisos correspondientes. En uno, que no fue Loverbar, se multó por ruidos excesivos.
“Las intervenciones no se llevan a cabo con ningún otro propósito que no sea asegurarnos que todos los negocios cumplen con la ley y con el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan. Estas intervenciones continuarán”, lee la declaración.
Se añade que, más allá de las multas que se impusieron, “no hubo ninguna situación”.
El Municipio no mencionó justificación para el uso de armas largas en una intervención de corroboración de permisos de uso.
Solidaridad por la permanencia de un espacio que busca ser seguro para todes
La intervención culminó con una multa de $2,000, por un tecnicismo en uno de sus permisos relacionado con su función de restaurante y barra.
“Lo que hay que hacer es cambiar el permiso, pero una multa de $2,000 nos afecta mucho. Aquí, trabajamos día a día para sobrevivir . Aquí, no hay ganancia y no hay ningún ahorro para multas”, explicó Jackson al también urgir a la Policía a que revise sus protocolos para este tipo de intervención.
Coincidió la también fundadora Carla Rodríguez.
“Seguimos. Loverbar es un espacio seguro para todes. Sobrevivimos diariamente con su apoyo porque no hemos cualificado para ninguna ayuda”.
Para poder seguir adelante y pagar la multa, el comercio solicitó apoyo solidario a través de ATH Móvil, a la cuenta de negocio Loverbar.
Lee aquí: Loverbar y las posibilidades de revitalizar un paseo desde la inclusión y la solidaridad
