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A diario, vemos mujeres asumiendo -con mucho entusiasmo- la misión de ser las custodias del pacto patriarcal. Mujeres que, gracias a los logros de los feminismos a través de las décadas, logran hoy tener acceso a espacios de poder. Y utilizan ese poder para añadir límites, condiciones, trabas, vergüenzas y culpas a las mujeres que estructuralmente no tienen -ni tendrán- acceso formal a él. Esto se percibe desde todos los espacios sociales: en la legislatura, en los templos, en las facultades universitarias y en las organizaciones de base comunitaria.
“La peor enemiga de una mujer es otra mujer” es la falacia que hace que el patriarcado gane terreno, y que también resulta en jugosos dividendos para las personas que la asumen como mandato político. El ser una mujer machista en este país “paga” muy bien. Más aún si la ficha utilizada para ganar favor político es la criminalización y prohibición del aborto, pues el ejercicio de la autonomía corporal es fundamental en el contestatario reconocimiento de que las mujeres somos personas, independientemente si queremos parir o no. Así es como las siervas del patriarcado en la legislatura pretenden construir una carrera política: sobre las ruinas de nuestras libertades.
Entre las “enmiendas” recientemente propuestas para el Proyecto del Senado 693 está la de establecer que una persona que requiera interrumpir un embarazo pasadas las 20 semanas esté obligada a someterse a un parto prematuro y a tener la opción de entregar la criatura en adopción. A modo de considerar a las personas que no cuentan con la posibilidad de gestar y poder ser “vehículos de logro” de los deseos de las maternidades ajenas.
Se repiten cual mantras las narrativas que nos posicionan unas en contra de las otras. Narrativas que construyen imaginarios morales sobre nuestras decisiones y maneras de ejercer nuestra libertad. También, se crean mandatos romantizados sobre lo que es ser “mujer” y lo que es ser “madre”, asumiendo que lo segundo es requisito para lo primero.
Yo quise ser madre. Y, en el camino hacia lograrlo, tuve cuatro pérdidas. Esas pérdidas de mis embarazos deseados me causaron un dolor indescriptible. Sin embargo, jamás culparía a nadie por ellas, ni siquiera a mí misma. Toda la rabia que me ha generado mi proceso la tengo bien dirigida: al sistema de salud capitalista, violento, racista e inhumano que no me proveyó todas las opciones de tratamiento necesarias y a tiempo para identificar la causa del problema: el síndrome antifosfolipídico. ¿Cuánto dolor se me hubiese evitado si se me hubiese atendido con respeto y dignidad desde mi primera pérdida?
El hecho de pretender que una persona, en contra de sus deseos, se someta a un proceso de preñez, que de por sí resulta intenso y difícil para las que lo asumen de forma voluntaria, me resulta sumamente cruel. No se trata de que “el nacido” cumpla con mi “sueño de ser madre”, se trata de que la gestación y la maternidad se deben asumir de manera voluntaria. El deseo de gestarlo es lo único que humaniza al feto. Ni las legislaciones, ni los debates pendejativos sobre la supuesta viabilidad, ni las vergüenzas ni la demagogia a las que nos pretenden someter. El deseo de gestar posibilita partos y crianzas liberadoras. Las condiciones en las cuales se gesta, se pare y se cría también deben reclamadas; el único rol del Estado es asegurar la dignidad de las personas que gestan y paren, así como las oportunidades y accesos necesarios para crianzas felices y dignas.
Mi lucha no se trata de estar a favor del aborto como un fin en sí mismo, sino como una importante garantía de libertad. Nunca me posicionaré a favor de parir como única opción. Mucho menos, estaré dispuesta a que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer en nuestra intimidad. El diminuto senador nos llamó asesinas, criminalizando sin reparos nuestro ejercicio de autonomía, como si el contexto en el que la persona queda embarazada no fuera importante. Como si negarse a gestar y parir por no contar con los recursos, los deseos y los apoyos necesarios, fuera un crimen. Senadores electos “democráticamente” apuestan a que la maternidad sea forzada en Puerto Rico.
El aborto es legal y reglamentado en Puerto Rico. Las personas embarazadas abortan y abortarán si así lo desean y lo necesitan. La legislatura no pasará juicio sobre las razones por las cuales una persona aborta. La línea que separa la adopción como acto de amor solidario del vientre obligado a gestar por encargo del Estado es muy fina. La maternidad será deseada y libremente asumida o no será.
No nos obligarán a abortar, ni a parir, ni a gestar para dar en adopción.
Las mujeres no le debemos nada a nadie nunca.
