Esta nota fue redactada, en colaboración, por las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, Gretchen Vargas Frechel y Génesis Ocasio-Nieves; la presidenta de la Junta Comunitaria Los Usubales, Zelidés Perdigón; la licenciada Belinés Ramos Negrón y la doctora Patricia Noboa Ortega, cofundadoras de la Clínica Legal-Psicológica.
Imagina mudarte a un lugar con la esperanza de que sus calles estarán asfaltadas; que cuando llegues en la noche, al fin, te sentirás segure; que contarás con áreas recreativas para que tus hijes, por primera vez, jueguen y compartan con otres niñes sin sentir miedo; que ese espacio ya no contará con factores que contaminen el ambiente. Como supone todo comienzo, esta vez, todo será mejor.
Estos sueños que albergaron les residentes de la comunidad de Usubal en Canóvanas, no nacieron en el vacío. Fueron promesas que escucharon del programa Nuevo Hogar Seguro, proyecto financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el gobierno de Puerto Rico, para el 2007. Bajo este programa, serían reubicades, basándose en un plan de mitigación para salir de las áreas inundables donde vivían, y de las terribles condiciones en que se encontraba su entorno y su salud. Según información del Negociado del Censo, de 2018, el 45% de les residentes de la comunidad de Usubal vive bajo el nivel de pobreza. El 31% son afrodescendientes, el 49% está fuera de la fuerza laboral, y muches son inmigrantes desplazades del barrio San Isidro, en Canóvanas, de Toa Baja, Dorado y otros pueblos.
Desde su llegada a estos terrenos, les residentes han podido identificar que es un área ecológicamente sensitiva, con áreas pantanosas, humedales, mogotes, áreas inundables, un sumidero –que ha sido contaminado durante años–, y una planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que, en ocasiones, ha tenido emisiones de gas que afectan la salud de les residentes. Aún así, se autorizó la construcción de este proyecto.
El 27 de febrero de 2022, se estuvo entrevistando a les integrantes de la Junta comunitaria Los Usubales, quienes querían dar a conocer sus preocupaciones ante la falta de respuesta por parte del Municipio de Canóvanas y otras agencias de gobierno, y llevar a la atención pública sus necesidades antes, durante y después de los huracanes Irma y María. También, para darle forma a su propuesta de desarrollar un espacio seguro para la recreación de las personas en la comunidad, en especial, la niñez, jóvenes, envejecientes y personas con alguna diversidad funcional, a quienes se les ha privado el derecho de tener un desarrollo pleno y el disfrute dentro de la comunidad.
“Buscamos una recuperación justa, vivir dignamente, recibir un trato desde la igualdad de derechos para nuestra gente, en la recuperación y la participación ciudadana”, comparte la presidenta de la junta Los Usubales, Zelidés Perdigón.
En este encuentro, cada une de les miembres de la junta comunitaria, denunció que la comunidad ha sufrido por años el discrimen, opresión, maltrato, indiferencia y abandono, tanto por parte del gobierno municipal como del gobierno estatal, y de la oficina de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, que administró el proyecto Usubal.
Desde el 2014, esta junta comunitaria ha solicitado apoyo para desarrollar un área recreativa que sirva para el disfrute de les residentes. El área, la tienen identificada. Ubica dentro de los planos de la urbanización y cuenta con unos terrenos que fueron adquiridos con fondos federales, como parte del proyecto, para ese único fin.
Sin embargo, estos terrenos nunca se desarrollaron. Los cambios continuos en las administraciones y la burocracia del gobierno no han permitido culminar lo que estaba propuesto, según el diseño del proyecto. Pese a que todas las solicitudes de la comunidad han sido presentadas por escrito, líderes han asistido a reuniones con jefes de agencias, han trabajado propuestas para atender las distintas situaciones, no han sido escuchades. En cambio, han sido minimizadas sus necesidades y ridiculizadas sus peticiones.
Partiendo del escrito Conversación justa sobre racismo y privilegios de raza y género en Puerto Rico, por Mariluz Franco Ortiz, Hilda Lloréns, María I. Reinat-Pumarejo, Bárbara I. Abadía-Rexach y Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, compartimos que en Puerto Rico, el discrimen y el racismo se experimentan a distintos niveles. Uno de esos niveles es el estructural, el cual puede manifestarse en la política de construcción, y en el uso del espacio. Otro es la marginación, que puede darse desde la omisión, falta de acción y respuesta por parte del Estado. También, se pueden manifestar de manera interpersonal, como puede ser minimizar, ridiculizar, mofarse o acusar a personas negras o afrodescendientes, como ha sido la experiencia de Usubal.
Reconociendo que, a través de la historia, ha habido una negación colectiva respecto al racismo en Puerto Rico, no quisimos dejar pasar un momento en que recién se celebró una Cumbre Afro, en la que se tocaron temas como políticas sobre la afrodescendencia, destrucción de mitos y de esquemas raciales, y se dieron diálogos centrados en raza, justicia y poder, para denunciar el discrimen en Canóvanas.
El 8 de julio del 2021, esta comunidad recibió la visita de personal de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec) y de otras agencias. También, participó la alcaldesa, Lornna Soto. La visita tenía el propósito de que se escucharan las necesidades de la comunidad. Les residentes solicitaron, entre otras cosas, que se implementen los códigos de orden público u ordenanzas municipales, se repare el sistema de alumbrado, se tomen en cuenta los aspectos ambientales, los determinantes que afectan la salud de les residentes, la cual está sumamente deteriorada y se atienda la necesidad de mejorar la infraestructura y se incluya a les residentes en la participación de toma de decisiones.
Indicaron, además, que el Municipio asfaltó solo una calle de la comunidad hace varios años, pero no culminaron con las demás, quedando nuevamente en promesas por parte del personal, que serían considerades cuando se contara con más fondos para asfalto. Sin embargo, una vez obtuvieron los fondos, la comunidad no fue tomada en cuenta para culminar lo iniciado.
“Nuestra comunidad y sus carreteras se encuentran en pésimo estado. En la reunión de la comunidad y en presencia de los jefes de agencia, la alcaldesa respondió que no hacía falta pavimentar las calles y que lo que queremos es tener las calles ‘negritas’. Reclamar la justa recuperación, exponer nuestras peticiones y no aceptar imposiciones, nos ha llevado a enfrentar el discrimen y amenazas, incluso, de funcionarios públicos”, compartió la presidenta.
Les miembros de la junta comunitaria interpretaron el comentario de la alcaldesa como uno despectivo y cargada de connotaciones racistas hacia elles, reconociendo que no es la primera vez que experimentan este tipo de discrimen. Los acuerdos a los que llegaron las agencias en esta visita, respecto a las necesidades de la comunidad, nunca fueron atendidos.
Como hemos atestiguado, en los huracanes, en los sismos, y en la pandemia, la respuesta del gobierno ha sido negligente. La falta de información sobre los programas de recuperación, la negativa ante el acceso a información de los planes de las agencias ante futuros eventos, y la pobre coordinación entre las agencias gubernamentales, han sido algunas de las barreras estructurales que hemos enfrentado, y que han provocado muertes en Puerto Rico. Las comunidades que históricamente han experimentado el discrimen, racismo y abandono no pueden esperar por el gobierno. Su vida está en juego. Por eso, se auto organizan, gestionan y encaminan proyectos comunitarios que parten de sus respectivas necesidades, algunas de ellas urgentes y apremiantes. La Junta de Usubal, no es la excepción, y ningún reclamo ha rendido fruto.
Esta junta comunitaria ha creado un plan para desarrollar las áreas recreativas de la comunidad, que este espacio cuente con un pequeño salón para reuniones y una cocina comunitaria que pueda funcionar para responder a necesidades inmediatas en un momento de emergencia. Para trabajar el diseño y la posible construcción del “Bosquecito Reina de Los Usubales”, recibieron la aprobación de una solicitud dirigida a la organización La Maraña y su proyecto: Laboratorio de Diseño participativo, lo que supone, que es la comunidad, con el apoyo de colaboradores, quien, finalmente, se agenciará poder contar y desarrollar un espacio como este que aporte a transformar su realidad.
“Usubal tiene un sueño. Usubal pide justicia social, Usubal reclama sus derechos y seguiremos en pie de lucha para poder vivir dignamente”, acotó Zelidés Perdigón.
