Pese a que las abogadas tienen mayor preparación académica que sus contrapartes masculinas, estas experimentan las inequidades de un mercado laboral machista en la práctica de su profesión.
Un estudio de Microjuris y Estudios Técnicos reveló que las mujeres representan 45.4% de los profesionales del derecho en Puerto Rico. Sin embargo, solo 7% de las abogadas que trabajan en bufetes llegan a ocupar puestos como socias de capital. En cambio, el 23% de los hombres logran acceder a estos puestos directivos.
“Este dato contrasta con el hecho de que el estudio también apunta a que las abogadas tenemos una ventaja de tres puntos sobre los abogados, en términos de preparación académica”, destacó la abogada Ataveyra Medina Hernández, CEO de Microjuris, sobre que el 37% de las mujeres en la abogacía tienen estudios posgraduados, en comparación con el 34% de los hombres.
La principal ejecutiva de la empresa multinacional dijo que los datos tienen sentido, tomando en cuenta la sociedad patriarcal en la que se desarrolla Puerto Rico, pero ello no dejó de sorprenderla por la magnitud de la brecha. Además, instó a estudiar a fondo si la cultura laboral dentro de los bufetes de abogados crea o no espacios reales para ascender en la jerarquía organizacional.
“Hay que empezar a entender el rol que tienen los bufetes en Puerto Rico, en términos de formulación de política pública y de asesoría a agencias de gobierno. […] Son instituciones importantísimas, así que su composición importa”, puntualizó.
El techo de cristal como posible explicación a los sesgos de género
Esta limitación en el acceso a los puestos con poder decisional, se puede explicar con la metáfora del techo de cristal, que se emplea en estudios de género para explicar cómo las barreras sociales limitan el ascenso profesional de las mujeres en una sociedad patriarcal, indicó Medina Hernández.
A las mujeres se les imponen socialmente los roles de la crianza. Esto podría representar una de las barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a escalar ascendentemente en su profesión es la maternidad.
El referido estudio expuso que en el 40.3% de los hogares de abogados hay presencia de menores de 18 años. En el caso de las abogadas madres solteras, en dos de cada diez hogares, las crías están en edades tempranas, por lo que requieren mayor dedicación de tiempo.
Medina Hernández explicó que las posibilidades de ascenso en el competitivo ambiente de abogados depende, en ocasiones, de las confraternizaciones en entornos sociales –para conectar con socios y potenciales clientes– que se dan fuera de la jornada laboral.
“Considerando estos perfiles, pudiéramos pensar que no son espacios tan accesibles para mujeres que tienen una carga de cuido de familiares en el hogar”, señaló Medina Hernández, quien considera que el ascenso profesional en los bufetes tiene que ver, también, con el acceso al poder que, en una sociedad patriarcal, está dominado por los hombres.
La directora de Análisis y Política Social de la firma Estudios Técnicos, Anitza Cox Marrero, enfatizó que las abogadas que optan por ejercer en la práctica privada como solo practitioners también son atravesadas por las condiciones sociales machistas y tiene implicaciones en el desarrollo de su profesión.
Cox Marreo destacó que, aunque el estudio tiene aportaciones muy valiosas, lo más revelador fueron los sesgos de género que se evaluaban por primera vez en la investigación, que se realiza anualmente desde 2019.
Indicativos de brecha salarial por género
Aunque el estudio no evaluó diferencias en salario, sí obtuvieron datos de los ingresos en los hogares de profesionales del derecho. En el caso de los abogados, 37.4% reportó ingresos de sobre $100,000. Sin embargo, el 28.9% de las abogadas estaban en ese renglón.
“Es un punto para continuar conversando y estudiando, pero igualmente apunta a unas diferencias importantes”, sostuvo Cox Marrero.
El estudio utiliza fuentes secundarias, como datos del Buró del Censo de Estados Unidos, aparte de contar con los resultados de una encuesta dirigida a una muestra representativa de 535 personas.
Los datos del Censo, por ejemplo, engloban los salarios de trabajadores de la industria legal por lo que no pueden tener un dato preciso de una posible brecha salarial por géneros entre abogados y abogadas. No obstante, Cox Marrero detalló que en esos datos se evidencia una diferencia de $14,000 entre los salarios de hombres y mujeres en ocupaciones legales, lo que es un indicativo de la disparidad salarial.
Profesión blanqueada, masculinizada y envejecida
En la población general de Puerto Rico, las mujeres representan el 52.5%, mientras que los hombres ocupan el 47.5%. Aunque, en la abogacía no hay la misma proporción. La investigación de Microjuris y Estudios Técnicos expone que 54% de los abogados son hombres y 45.4% son mujeres.
“En Puerto Rico, la proporción mayor es de mujeres. Así que, ahí vemos una posibles barreras de entrada incluso a la profesión en general, para el género femenino”, dijo Cox Marrero, quien destacó que hay muchas abogadas trabajando en el tercer sector.
El 52.5% de los profesionales del derecho, en Puerto Rico, se identificaron como personas blancas, y 34.4% como multirraciales, en la encuesta de Microjuris y Estudios Técnicos. Solo el 4.5% se identificaron como personas negras, lo que tampoco es proporcional a los datos oficiales de composición racial en Puerto Rico.
El estudio también evidenció que el 41% de las personas encuestadas vieron un cambio en las necesidades de sus clientes. Se identificó una mayor demanda de los servicios legales, pero ello no se tradujo en mayor remuneración. La nueva clientela no necesariamente tiene capacidad de pago. Además, se dirigen a temas laborales, desahucios y de sucesiones.
La investigación sacó a relucir un envejecimiento en los licenciados activos en Puerto Rico. La mediana de edad es de 50 años, pero se constató que hay abogados de hasta 84 años ejerciendo su profesión.
La importancia de un estudio longitudinal
Cuando Medina Hernández comenzó a trabajar con Microjuris, tenía la curiosidad de conocer las condiciones de profesionales que operan el sistema de justicia en el país. También, reconoció la importancia de promover una investigación longitudinal, que permitiera comparar los datos y ver el desarrollo profesional del gremio a través de los años.
Uno de los cambios que han visto en los tres años en los que se ha realizado el estudio es el aumento del porcentaje de personas no binarias en la profesión. De una muestra de 535 abogados, el 0.2% se reconocieron fuera del binarismo de géneros.
“Pienso que [el incremento] tiene que ver con esa mayor conciencia o que, tal vez, las personas están pudiendo identificarse de una manera más precisa. Tal vez, antes, en las encuestas tradicionales, la pregunta era binaria y, al darles ese espacio, se tiene el dato”, explicó la abogada.
Al ser una profesión tan regulada, le parece importante que los datos del estudio puedan utilizarse para la formulación de política pública, para que tenga base en la realidad de las personas profesionales del derecho.
El estudio también provee para plantearse nuevas preguntas y que se continúe desarrollando conocimiento con perspectiva de género, puntualizó Medina Hernández.
