(Foto por Luis Meléndez en Unsplash)
Los largos turnos laborales que le tocaron durante los brotes de influenza y micoplasma, anteriores a la crisis de COVID-19, le provocaron a Aisha Rosario Burgos, una enfermera de 24 años, una parálisis facial que la mantiene hace tres semanas fuera de su trabajo. Si su neurólogo la autoriza, podría volver al hospital esta semana para asumir un nuevo reto, el coronavirus.
“De diciembre para acá, hemos atendido a muchos pacientes con influenza y micoplasma. Por consiguiente, muchos empleados se enfermaron a la misma vez. No teníamos el personal completo. Hemos tenido que doblar turnos”, aseguró la profesional, quien también es madre de un niño de 4 años.
Desde que se reportó el 8 de marzo el primer caso de una persona bajo investigación por sospecha de COVID-19, los números van en aumento. Hasta el momento, hay 573 casos positivos de coronavirus en Puerto Rico y 23 de estas personas han muerto. De las fallecidas, dos eran enfermeras. El personal sanitario, enfermeras como Rosario Burgos, se encuentran en la primera línea de riesgo de contagio y asumen los mayores costes físicos y emocionales. La situación se exacerba cuando, además, son madres solteras. Esta es la situación de Rosario Burgos.
Las tareas no remuneradas (labor doméstica) y remuneradas, aunque precariamente, (maestras y niñeras), vinculadas al cuidado, cobran mayor relevancia ante una pandemia y recaen, casi siempre, sobre las mujeres. Ante la orden de distanciamiento social emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, muchas también tienen que asumir el rol de maestra y el cuido de los hijos por más tiempo.
Evidente brecha salarial en el sector de la salud
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de quienes trabajan en el ámbito de la salud son mujeres. En Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reportó que, en 2019, habían 21,000 técnicos de salud mujeres y 7,000 hombres.
El Negociado del Censo de Estados Unidos agrupa las ocupaciones de cuidado médico junto con las de asistencia social y, para el 2018, reportó que habían 36,427 hombres empleados en esta industria y 88,221 mujeres. A pesar de tener una mayor presencia, las mujeres cuentan con un salario menor. El salario promedio para los hombres es de $21,663, mientras que para las mujeres es de $18,480. Esta cifra representa una diferencia de más de $3,000 o casi 15% para las mujeres cuando son ellas las que cargan sobre sus espaldas la mayor responsabilidad social.
Ante la crisis, se vuelve indispensable pensar en cuál será el rol del gobierno para atender la crisis de cuidados en detrimento de las mujeres. Las enfermeras están más expuestas al virus y a la sobreexplotación por sus tareas cotidianas. Luego de terminar una jornada laboral de doble turno (16 horas), muchas no tienen otra opción que asumir por completo las tareas de cuidados y domésticas.
En el mensaje que ofreció la gobernadora, el lunes, 23 de marzo, solo mencionó un bono de $4,000 para enfermeras y enfermeros del sector privado y público, pero nada dijo sobre las múltiples jornadas que realizan quienes tienen que asumir las tareas de cuidados y otras domésticas en plena crisis, y si habría una compensación económica adicional por este trabajo.
“Yo tengo un niño. Se me hará más difícil cuando salga del trabajo tener que llegar a casa, muchas veces, tarde. El protocolo que tengo que seguir para no traer ningún tipo de bacteria a mi casa que pueda afectarlo a él. Buscar quién me lo pueda cuidar sin que tampoco él se exponga a otras personas. Yo lo estaría dejando con mi mamá, si ella no empieza a trabajar”, expuso Rosario Burgos.
Una experiencia que se repite
Maribelis Caraballo Torres también trabaja como enfermera en un hospital y es madre soltera de dos niños, de 8 y 11 años. El cierre de escuelas y cuidos también le ha afectado para continuar trabajando durante de la emergencia sanitaria.
“He tenido que buscar quién me cuide a los nenes mientras yo trabajo. Quien era mano a mano conmigo era mi mamá, pero ella está con micoplasma. Así que está aislada también. Se me ha hecho bien difícil. Después de una guerra campal, su papá tuvo que optar por cuidarlos, porque papá no es usualmente quien se queda con ellos”, detalló la mujer de 33 años.
En las dos situaciones, tanto en el caso de Rosario Burgos como en el de Caraballo Torres, las abuelas asumen la responsabilidad del cuidado de los nietos para que sus hijas puedan trabajar. Así que el cierre de escuelas y cuidos también representa una jornada adicional para las abuelas.
Los modelos económicos tradicionales invisibilizan el trabajo de la reproducción social, aquellos procesos que se realizan para garantizar el funcionamiento de la sociedad: cocinar, limpiar, lavar, hacer las compras, cuidar de los niños y de los ancianos.
El Departamento del Trabajo cuantifica los oficios domésticos entre las personas que están fuera del “grupo trabajador”. Del total de personas fuera del “grupo trabajador” en el 2019, el 60.3% o 952,000 eran mujeres, de las cuales el 52.6% o 501,000 se dedicaba a oficios domésticos, en comparación con 18,000 hombres.
Esta desigualdad pone de relieve que el funcionamiento del sistema capitalista no reside en la reproducción de la vida humana, sino en la reproducción social. El sistema tiene que resolver de alguna forma cómo la gente come, duerme, se viste, se cuida y se forma. Una vez visible esta desigualdad por género, es evidente el rol central que juega el trabajo doméstico y de cuidado, mayoritariamente, llevado a cabo por mujeres para que otras mujeres, enfermeras, puedan atender la crisis del COVID-19.
Caraballo Torres expresó que cuando sale del hospital, dependiendo de la hora, llega a cocinar para que sus hijos puedan comer.
“Tengo algunos días que los cojo para lavar ropa, otros para barrer y mapear. Tengo las tareas divididas por los días que tengo libres”, abundó.
Condiciones laborales desfavorables
Las dos enfermeras denunciaron que su lugar de trabajo no cuenta con el equipo, personal e infraestructura para manejar varios casos de coronavirus a la vez.
“Sobre todo, la infraestructura. No es un edificio que cuente con cubículos separados por pared, son cubículos divididos por cortinas. Contamos con un solo cuarto de aislamiento, el cual no tiene presión negativa que es lo que hace el aislamiento como tal”, señaló Caraballo Torres.
El Centro de Periodismo Investigativo reportó en un reportaje titulado Incongruencias en los datos impiden saber si hay suficientes ventiladores y camas de aislamiento para pacientes de COVID-19 que no están claras las cifras de cuartos de aislamiento y ventiladores porque los grupos que manejan la emergencia ofrecen datos diferentes. “Eso hace imposible calcular si el gobierno y los hospitales privados están preparados para el escenario de contagio que tienen ante sí”, expone.
“Las condiciones en las que estamos trabajando, actualmente, han sido sumamente difíciles. El ejecutivo se mantiene diciendo de que sí hay equipos, pero el equipo no está llegando a nuestras manos. Para yo obtener una mascarilla N95 tiene que ser un caso positivo o un caso altamente sospechoso. ¿Qué es altamente sospechoso? Que el paciente esté esperando el resultado de las pruebas. Se le ha planteado a la administración de que ahora mismo todos somos altamente sospechosos, porque de cada paciente positivo pueden haber de cinco a 10 personas contaminadas y no saberlo. ¿Por qué tenemos que suplicar un equipo de seguridad cuando sabemos la pandemia que estamos viviendo?”, contó, por su parte, Elimae Maldonado Hernández, enfermera anestesista en la sala de operaciones de Centro Médico y delegada del Departamental de Servicios Médicos y de Anestesia.
La mascarillas N95 son máscaras ajustadas que filtran el 95% de las pequeñas partículas transportadas por el aire.
El 22 de marzo, en entrevista con El Nuevo Día, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, dijo que “la realidad es que, en este momento, hay materiales en los hospitales. Pero, van a escasear en algún momento. Los hospitales están tratando de manejar eso”.
Maldonado Hernández también señaló que “no hay un protocolo estandarizado para el manejo del COVID-19”.
“No han educado al personal. La educación fue un papel: ‘Toma. Esto es el COVID-19, fírmame aquí’. Un documento que muchas personas no leen. Un documento que no te brinda información que puedas aclarar en persona. Cómo vestirse. Cómo desvestirse. Cómo son los kits que nos van a dar en caso de que llegue un caso de COVID-19. Nada de eso lo hemos tenido”.
Por otro lado, la disminución dramática en las admisiones hospitalarias ha provocado problemas en el flujo de dinero en la industria sanitaria. Varios hospitales comenzaron a reducir el personal sanitario, en algunos casos, hasta el mes de julio. Además, los han enviado a agotar sus licencias de vacaciones y enfermedad.
“Es algo absurdo que, en estos momentos, están censanteando el personal de enfermería porque ha bajado el volumen de las funciones que se realizan. Si el Departamento de Salud y el Task Force de salud está indicando que el pico grande va a venir en mayo, pues nosotros necesitamos a esos profesionales en la línea de batalla para recibir a esos pacientes”, sentenció Ada Quiñones Romero, delegada de la Unión General de Trabajadores de Centro Médico.
Las enfermeras Aisha Rosario Burgos y Maribelis Caraballo Torres coinciden en que la mayoría del personal de enfermería son mujeres y que se encuentran en una situación laboral y personal similar a las de ellas.
Hasta la menstruación se trata como un peligro
A pesar de que los hospitales están tomando las medidas de higiene pertinentes para evitar la propagación del virus en el personal de enfermería, las dos enfermeras aseguraron que no se les ha indicado cómo van a gestionar el sangrado menstrual cuando tengan el traje protector puesto.
“Para poder ingresar al hospital, no podemos entrar con el uniforme. Tengo que ir vestida de civil y cambiarme dentro de la institución. Una vez nos cambiamos, no podemos salir del hospital. Hay áreas asignadas. Si estoy asignada en un área, no me puedo mover para otra. Persistentes en el lavado de manos y desinfectar las áreas, no se nos ha dicho nada sobre la menstruación. Solamente, nos han provisto las batas amarillas de aislamiento. Nada más”, informó Torres Caraballo.
En China, las administraciones hospitalarias les proveyeron a las enfermeras pastillas para retrasar la regla. Las mujeres que forman parte del personal sanitario denunciaron que no tenían tiempo para cambiarse las toallas sanitarias por la gran cantidad de pacientes con COVID-19 que atendían a diario.
“Esta medida da cuenta desde qué discurso se sigue abordando el cuerpo menstrual, uno donde este estorba a la mirada del otro. Y que cuando de productividad económica se habla, debe de ser suprimido. Todo esto, al amparo de que la menstruación, aún sigue siendo tabú. Inclusive, en lugares, donde en “diez” días se logra construir un hospital especializado a los ojos del mundo. Exaltamos los logros tecnológicos, los avances científicos, pero aún estamos desconectados de nuestros propios cuerpos, de nuestra propia sexualidad”, cuestionó la terapeuta menstrual y psicóloga Diana Betancur Toro.
Apuntó que el discurso biomédico dominante no es suficiente para entender las necesidades de los cuerpos menstruantes. Al no comprenderlas, las desarticula y, en esta ocasión, las suprime.
“Las medidas que no incluyan la voz de ese cuerpo menstrual y su capacidad de gestionar su propia sangre, serán medidas que le siguen respondiendo a los discursos patriarcales, capitalistas y biomédicos que homogenizan ese cuerpo en la mirada del hombre”, aseguró.
Por su parte, la educadora en salud Marisabel Román Afanador expuso que “el asunto que me preocupa de esta política es que sea más importante la producción que puedan tener las mujeres, en términos de la producción de trabajo, versus poder menstruar o poder ir al baño con calma. Hay que empezar a atender las necesidades de la menstruación, pero también hay que empezar a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en el país y en el mundo”.
“No puede ser posible que una persona no tenga tiempo de ir al baño. A mí, me preocupa porque si no puede ir al baño para cambiarse su toalla sanitaria, quiere decir que tampoco puede ir al baño a orinar. Y los peligros de aguantar las ganas de orinar por los tóxicos que tiene la orina son alarmantes. Las personas definitivamente necesitamos ir al baño. Eso es un derecho laboral”, subrayó Román Afanador.
Según Betancur Toro, lo ideal sería que todas las personas que menstrúan decidan sobre sus cuerpos y cómo van gestionar la menstruación, y no acomodarse a las decisiones administrativas hospitalarias.
“Entonces, se sigue respondiendo a la productividad económica de ese cuerpo que menstrúa y no a los tiempos que necesitan para gestionar su sangre menstrual. La salida fácil y que sólo responde al capital e interés de unos pocos, es que la persona que menstrúa se las ingenie para aguantar 16 horas, así sea sacrificando el cuerpo mismo”, dijo.
Tanto Betancur Toro como Román Afanador coincidieron en que la copa menstrual podría ser una alternativa para gestionar la menstruación. “Sus características, en cierta medida, cubren esas necesidades, pues está hecha de un material que le permite estar en el canal vaginal hasta por 12 horas, siempre y cuando se use el material adecuado para cada cuerpo”, explicó Betancur Toro.
Indispensable una respuesta con perspectiva de género
“Es necesario tener una perspectiva de género con los roles de primera respuesta porque los desastres afectan de forma desigual a hombres y mujeres porque nuestra sociedad distribuye de forma desigual entre hombres y mujeres todo: el acceso, el poder, el dinero. En general, los privilegios están desigualmente repartidos”, evaluó la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez.
“La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo en Desastres publica un informe anual con datos desglosados por género. A mí, me gusta mencionar esas cosas porque siento una incomodidad cuando se pretende tratar este tema como si fuera una opinión. Que yo tengo la opinión de que debe haber una perspectiva de género en los contextos de desastres. Lo que yo estoy tratando de estipular es que hay una recomendación internacional basada en evidencia de que se utilice la perspectiva de género para la toma de decisiones en los contextos de desastres”, puntualizó Rosario Méndez.
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