El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico firmó, el jueves, un acuerdo de colaboración con el Poder Judicial para realizar una investigación de los expedientes de los casos cerrados de feminicidios íntimos perpetrados entre 2014 y 2019.
La entidad creada en el 2020 para contabilizar y analizar la violencia de género en Puerto Rico podrá examinar los registros de los casos criminales y civiles que involucran a las víctimas antes de haber sido asesinadas por sus parejas o exparejas. También, podrán mirar el procesamiento de los feminicidas, como una manera de evaluar la ejecución de los tribunales.
Continuación del trabajo
El estudio tomará como punto de partida el informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, de Kilómetro 0 y Proyecto Matria, que investigó la incidencia de feminicidios en Puerto Rico. Además, integrará el 2019 al análisis porque no tienen datos sobre ese año, pues el mencionado informe llega hasta 2018 y el Observatorio nació en 2020.
“La investigación lo que busca es identificar en esos expedientes cómo fueron esos procesos […] para mejorar las estrategias de esas intervenciones a nivel judicial en las diferentes fases”, explicó Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.
La investigación, que es subvencionada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, contará con el trabajo de Lugo Nazario y Debora Upegui Hernández, como analista. Además, se les unirá la abogada Carmen Negrón González, quien fue procuradora de las mujeres, para apoyarlas con su conocimiento en asuntos legales.
Aseguran la independencia en la investigación
“Este es un trabajo independiente. El desarrollo de la metodología y el análisis lo estamos haciendo nosotros; es de nuestra autoría. La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) no tiene incidencia sobre ello. Para nosotros, es bien importante que haya esa independencia”, expuso Upegui Hernández.
A la vez, explicó que este acuerdo colaborativo lleva considerándose desde finales del 2020, cuando recibieron el acercamiento de OAT para entender cómo se estaban trabajando los casos de feminicidios íntimos en el sistema y para ver qué recomendaciones podrían hacer.
“Nuestra idea es poder identificar instancias donde se puedan hacer recomendaciones que luego se lleven a la ejecución para mejorar los procesos. Tanto para las víctimas, en estos casos de tribunales, como para que los abogados, fiscales [y] jueces entiendan las situaciones que viven las mujeres. Por eso, es importante ver qué se refleja en esos expedientes porque ahí es donde vemos lo que ellas enfrentaron, las problemáticas que denunciaron, por qué llegaron a los tribunales”, sostuvo Lugo Nazario.
La coordinadora del Observatorio también fue enfática en la importancia del trabajo interagencial en la atención de la violencia machista, que debe incluir al Negociado de la Policía, al Departamento de Justicia y a los tribunales.
“La necesidad del conocimiento, adiestramiento y entendimiento de cada una de las personas que participan en estas diferentes instancias [es importante] que tengan esa mirada de perspectiva de género”.
Poder Judicial apunta a la rendición de cuentas
En un comunicado de prensa, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez dijo que “con este acuerdo el Poder Judicial rinde cuentas al viabilizar la obtención de información indispensable para promover las mejores prácticas en el manejo y la atención de los casos de violencia de género en nuestros tribunales”.
Anterior a la firma de este acuerdo, y tras el asesinato de Andrea Ruiz Costas, la jueza presidenta creó, en mayo de 2021, el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios para recopilar información y ofrecer recomendaciones sobre los procesos administrativos y operacionales de los tribunales en los casos de feminicidios. Aunque no había una relación de colaboración formal entre el Poder Judicial y el Observatorio, el grupo usó como base los informes de femicidios del Observatorio.
En este informe publicado en agosto pasado, el grupo de trabajo identificó fallas como el trato de un juez que reconoció la peligrosidad de un imputado, pero que, en vez, regañó en sala a la víctima o la actuación de un fiscal que decidió “perdonarle” a un acusado una violación a una orden de protección y se conformó con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”.
En ambos casos, las víctimas fueron asesinadas luego.
Transparencia y participación ciudadana
“Parte del interés que tiene, para el Observatorio, poder hacer este trabajo es que se le permita el acceso a la sociedad civil a la revisión de los expedientes. Yo creo que eso lo que hace es crear un antecedente de que se puede hacer un comité de revisión de expedientes, que se hace en otros países y jurisdicciones”, puntualizó Upegui Hernández.
Los mencionados comités son grupos que revisan casos particulares para identificar aspectos a mejorar en el manejo de los casos en el sistema. La analista añadió que es importante que se incluyan a miembros de la sociedad civil y de organizaciones sin fines de lucro que representan un “lente alterno para mirar lo que se está haciendo porque tribunales no siempre tienen las mejores herramientas para ser críticos de su propio trabajo”.
