(Ilustración por Rosa Colón)

Son muchas las necesidades que han quedado al descubierto luego de los huracanes, los terremotos y ahora la pandemia en Puerto Rico. Hemos tenido que acostumbrarnos al encierro, a salir solo lo necesario y a compartir a través de pantallas.

Sin embargo, una necesidad tan básica como la comida, ha representado un reto para mucha de la población puertorriqueña. Si bien hace un año nos impusieron una cuarentena estricta que entre reaperturas y cierres no ha sido muy efectiva, el gobierno ha fallado una vez más en garantizar que cada persona tenga al menos tres platos de comida caliente al día en su mesa.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Bajo el lema Por lxs que estuvieron, lxs que estamos y lxs que vendrán: ¡Ni un paso atrás!, la Coalición 8 de marzo convocó a una manifestación para el próximo lunes, a las 4:00 p.m., en el Capitolio para denunciar la respuesta negligente del Estado ante la pandemia COVID-19.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Ante la percepción generalizada de que en Puerto Rico no hay racismo, activistas destacan que una de las formas más evidentes de discrimen es la exclusión de las personas afrodescendientes de los procesos de toma decisiones para el uso de terrenos en sus comunidades tras eventos naturales y otras emergencias, como la pandemia de la COVID-19.

En el conversatorio Racismo ambiental: el impacto que tiene en nuestras comunidades, organizado por la Fundación Segarra Boerman e Hijos, la abogada Ruth Santiago definió el concepto como “la concentración de actividades contaminantes que impactan, de forma desproporcionada, a comunidades mayormente afrodescendientes”.

(La última reunión entre el gobierno y las organizaciones fue el 22 de noviembre de 2019.)

A un año de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced divulgara un comunicado de prensa en el que declaraba una “alerta” de emergencia por violencia de género, organizaciones que reclamaban desde mucho antes acciones más contundes aún esperan por que se ejecuten las acciones por la protección de las niñas y las mujeres.

La implementación de un currículo con perspectiva de género y políticas públicas efectivas, así como la visibilización de las comunidades trans, que también sufren a gran escala la violencia machista, han sido algunas de las áreas donde el estado ha abandonado a la población, según destacaron las integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción durante un conversatorio ayer.