(La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz. Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes.)
“Las agresiones sexuales sabemos que ocurren, pero no hay una correlación de números con los casos en los tribunales… Sabemos que hay un problema”.
De esta manera, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, describió la incongruencia en este problema de salud pública en el que no concuerdan los casos por agresión sexual que el Negociado de la Policía registra versus los casos con algún tipo de convicción a nivel judicial. Simplemente, la diferencia es abismal.
Según explicó la jurista, la Policía recibió 1,385 querellas por delitos sexuales, en el 2017, y 1,182, en el 2018, en las que el 79% de las víctimas fueron mujeres. Menos de la mitad de esas querellas se esclarecieron, y apenas en el 14% de estas se radicaron cargos. Es decir, el 86% de las querellas se quedaron sin resolver.
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Oronoz Rodríguez indicó que el problema de falta de convicciones se hizo más visible luego que se implementara, en junio de 2019, la Sala Especializada en Violencia de Género en Utuado.
“Utuado es una región pequeña comparada con Bayamón, San Juan o Ponce. Sin embargo, tiene un por ciento de problemas y casos de violencia sexual o de género que está bien cerca, en números crudos, de los que se registran en la región de Bayamón, que es la más grande de Puerto Rico… La montaña presenta unos rasgos psicosociales muy particulares y entendíamos que era idónea para evaluar si funcionaba adecuadamente y expandir a otras zonas (la especialización) en delitos de violencia sexual”, detalló.
Antes de este proyecto piloto, solo se habían establecido salas especializadas en casos de violencia doméstica por Ley 54.
Ahora, se busca que todas las juezas y los jueces, así como alguaciles y personal administrativo, tengan acceso a información detallada y más abarcadora sobre este tema, incluyendo los procesos que vive una persona sobreviviente de agresión sexual, cómo debe ser el trato en todas las etapas del proceso para evitar revictimizar y procurar su seguridad, así como el perfil de quien comete el abuso sexual.
Por tanto, el 10 de diciembre, que coincidió con el Día Internacional de Derechos Humanos y en el marco de la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género, inició un nuevo ciclo del Aula de Estudios Jurídicos de la Academia Judicial Puertorriqueña para impartir los Módulos sobre Asuntos Fundamentales en los Casos de Agresión Sexual.
Dijo que se trata de cursos de alto contenido académico que se dictarán durante varios días lectivos hasta abril de 2021. Las doctoras Ilia Vázquez Gascot, Linda Lara García, Zahira Lespier Torres, así como la licenciada Aleida Varona Méndez, serán las encargadas de impartir los módulos en los que se divide la certificación. Los documentos de los módulos se distribuirán a todos los jueces y las juezas de modo digital como guía de referencia y estudio, como un tipo de manual de estrado.
“Porque más allá de que jueces y juezas conozcan cuál es el delito y los elementos, cómo se configura, estos temas de agresión tienen un componente psicosocial importante, y si no entienden la complejidad del tema en su totalidad, el servicio que nosotros como Rama Judicial vamos a ofrecer no va a ser completo”, declaró la jueza presidenta.
“No hay quejas particulares”
Oronoz Rodríguez rechazó que haya habido quejas sobre el manejo de los casos o que hayan encontrado algún problema particular de parte de los jueces y las juezas que incidan en la baja tasa de convicciones. No obstante, afirmó que siempre se pueden atender los casos de forma “más efectiva y sensible”, así como de una manera “más holística”.
“Los módulos no responden a problemas o señalamientos. Es un tema de importancia primordial en la Rama Judicial y sabemos que hay mucho desconocimiento… Lo que me gustaría es que jueces que no trabajen en salas especializadas tengan conocimiento del tema porque es un problema prevaleciente en Puerto Rico, que conozcan la razón de ser del problema más allá de que se presente un caso. Por eso, se le ofrece a todos los jueces y juezas, irrespectivo de la sala” en la que laboren, indicó.
Oronoz Rodríguez manifestó que también tienen acuerdos colaborativos con unas 50 organizaciones a través del país con las que buscan darles otros servicios a sobrevivientes de agresiones sexuales y violencia de género.
Los módulos estarán disponibles en la videoteca de la Rama Judicial como un recurso disponible en todo momento.
Otros pasos para la formación judicial
Se suponía que en mayo de este año la Rama Judicial realizara el Primer Congreso Judicial de Género, que sería requisito para todos los jueces y las juezas de la isla. La iniciativa iba a contar con recursos de España, Estados Unidos y Puerto Rico. No obstante, la pandemia por el COVID-19 obligó a posponer la iniciativa, pero están trabajando para que, en el 2021, se pueda realizar de forma virtual.
Tanto el Congreso como los módulos sobre agresiones sexuales se subvencionan a través de propuestas a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que, a su vez, recibe fondos federales que proporciona la ley Violence Against Women Act (VAWA), dijo la jueza presidenta.
Más salas especializadas
A largo plazo, las salas especializadas en violencia de género se establecerán en todas las regiones judiciales, “en cuanto se normalice” la situación por la pandemia, y se trabajaría para lograrlo de “manera integrada y holística”.
“Nos dimos cuenta de que cuando el problema llega a los tribunales la respuesta es remediativa. ¿Qué hacemos con la víctima, con el agresor y que podemos hacer sobre el problema? La Rama Judicial quiere insertarse en el asunto que tiene que atenderse mucho antes, hay que ser proactivos, educar a niños y niñas, atenderlo en las escuelas y a nivel de país de manera integrada y multidisciplinaria para que realmente tenga efecto. Aun si los tribunales fueran perfectos, si se atendieran con la sensibilidad y rapidez, no se elimina el problema si no eliminas la causa de la violencia de género, el discrimen y esa es la meta: atenderla de todos los flancos a través de los procesos judiciales, pero mucho antes a través de servicio y recursos educativos”, sentenció la jurista.
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