Un juez que reconoce la peligrosidad de un agresor, pero que, en vez, regaña en sala a la víctima. Un fiscal que decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y se conforma con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. Una peticionaria de una orden de protección que testifica haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía para que investigara y evaluara si procedía la presentación de cargos por delitos. Una perjudicada que informa al tribunal su nueva dirección y esta se hace constar en el expediente del caso sin que surja que se tomara alguna precaución para mantener la confidencialidad de la información.

Estos fueron algunos de los hallazgos que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales incluyó en su informe preliminar, divulgado ayer, jueves. Todas las instancias descritas fueron experimentadas por mujeres que luego fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. 

(La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz. Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes.)

“Las agresiones sexuales sabemos que ocurren, pero no hay una correlación de números con los casos en los tribunales… Sabemos que hay un problema”.

De esta manera, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, describió la incongruencia en este problema de salud pública en el que no concuerdan los casos por agresión sexual que el Negociado de la Policía registra versus los casos con algún tipo de convicción a nivel judicial. Simplemente, la diferencia es abismal.

Hoy, se cumplen cinco años de la histórica sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que reconoció por primera vez el derecho de adopción a una pareja del mismo sexo en Puerto Rico.

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) conmemoró el episodio histórico que protagonizaron Ángeles Acosta Rodríguez y Carmen Milagros Vélez Vega, quienes lograron el reconocimiento jurídico que venían luchando por unos 15 años, porque ambas eran madres de su hija Juliana.  

Cuarenta y tantos años después de empezar a acompañar a sobrevivientes de agresión sexual en los tribunales, todavía tengo viva en mi memoria la voz de un juez que, en tono fuerte y autoritario, interrumpió y regañó a la testigo-víctima que, a preguntas del fiscal, intentaba explicar la secuencia de actos violentos que contra ella había cometido el acusado. “No vuelva a decir que el acusado la violó. A usted no le corresponde determinar si el acusado la violó o no. Le corresponde decidirlo al tribunal y, para eso, estamos aquí”.