Fotos y vídeo por Ana María Abruña Reyes

Cuando Elianni Bello Gelabert fue arrestada, acababa de llevar a su hija a la casa de la abuela paterna. En ese lugar, vive la única familia que la menor, de tres meses, tiene en Puerto Rico. La joven dominicana, de 22 años, enfrentaba una orden de desahucio, por lo que no tendría un hogar seguro.

El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico firmó, el jueves, un acuerdo de colaboración con el Poder Judicial para realizar una investigación de los expedientes de los casos cerrados de feminicidios íntimos perpetrados entre 2014 y 2019.

La entidad creada en el 2020 para contabilizar y analizar la violencia de género en Puerto Rico podrá examinar los registros de los casos criminales y civiles que involucran a las víctimas antes de haber sido asesinadas por sus parejas o exparejas. También, podrán mirar el procesamiento de los feminicidas, como una manera de evaluar la ejecución de los tribunales.

Un juez que reconoce la peligrosidad de un agresor, pero que, en vez, regaña en sala a la víctima. Un fiscal que decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y se conforma con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. Una peticionaria de una orden de protección que testifica haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía para que investigara y evaluara si procedía la presentación de cargos por delitos. Una perjudicada que informa al tribunal su nueva dirección y esta se hace constar en el expediente del caso sin que surja que se tomara alguna precaución para mantener la confidencialidad de la información.

Estos fueron algunos de los hallazgos que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales incluyó en su informe preliminar, divulgado ayer, jueves. Todas las instancias descritas fueron experimentadas por mujeres que luego fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. 

(La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz. Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes.)

“Las agresiones sexuales sabemos que ocurren, pero no hay una correlación de números con los casos en los tribunales… Sabemos que hay un problema”.

De esta manera, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, describió la incongruencia en este problema de salud pública en el que no concuerdan los casos por agresión sexual que el Negociado de la Policía registra versus los casos con algún tipo de convicción a nivel judicial. Simplemente, la diferencia es abismal.