Cada vez que asesinan a una mujer, el dolor en las comunidades solidarias es profundo. En un país donde, según investigaciones, matan a una mujer cada siete días, el duelo se vuelve constante y, a veces, eterno. La ilustradora Elizabeth Barreto Ortiz tomó la rabia y el dolor para crear un altar que honra la vida de 12 víctimas de feminicidios íntimos del 2019.

Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes

Los derechos humanos son libertades fundamentales que tienen las personas por el simple hecho de existir. Respetarlos permite generar las condiciones materiales para que la ciudadanía viva dignamente en un contexto de justicia y paz.

Ante el pago de una deuda que no toma en consideración las necesidades de la gente, estos derechos que son responsabilidad del gobierno garantizarlos, según los organismos internacionales de derechos humanos, se han visto y se verán comprometidos, coincidieron, en entrevistas separadas, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez y la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Eva Prados Rodríguez. 

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) rechazó comenzar un proceso disciplinario contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez con relación a los procesos judiciales de Andrea Ruiz Costas tras no encontrar “evidencia clara” de negligencia en las vistas que ocurrieron un mes antes de su asesinato. 

Ruiz Costas acudió en tres ocasiones al Tribunal de Caguas en busca de protección ante un patrón de acoso, persecución y amenaza por parte de su expareja y luego feminicida, Miguel Ocasio Santiago. Ruiz Costas fue reportada desaparecida el 29 de abril de 2021 y días después fue encontrada asesinada. 

“La decisión aporta al sufrimiento que llevamos varios meses pasando porque la realidad es que en nada encontramos resolución. Nosotros estábamos esperanzados en que iba a ver una consecuencia por la manera en que se manejó el caso de Andrea, lo que conllevó a un desenlace fatal”, compartió la hermana de la víctima, Alexandra Ruiz Costas.

(La ginecóloga Yarí Vale Moreno muestra imagen de cómo luce un tejido embrionario en las primeras semanas de gestación.)

La Coalición de Centros de Terminación de Embarazo del Área Metropolitana advirtió ayer que el Proyecto del Senado 591 es un nuevo intento del sector fundamentalista de añadir restricciones al derecho al aborto en Puerto Rico y agudizar el discrimen por razón de género y edad al limitar las posibilidades de que menores puedan decidir no continuar con un embarazo no deseado.