(Foto de Ana María Abruña Reyes)
Hace 30 años, las mujeres que viven en Puerto Rico cuentan con una legislación diseñada para proteger sus vidas de las agresiones de sus parejas y exparejas. La Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, es considerada la legislación de derechos humanos más importante que se ha aprobado en el país.
“La aprobación de la Ley 54 significó en Puerto Rico ese momento histórico en el que como país dijimos: ‘La violencia en relaciones de pareja no es algo privado, es un asunto público que, como país, tenemos que atender’”, califica la directora ejecutiva del proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez.
Es una legislación de avanzada, la primera de su tipo en todo el continente de América, incluso, anterior a la ley VAWA (Violence Against Women Act) de Estados Unidos, aprobada en 1994. Establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico para preservar la integridad física y emocional, particularmente de mujeres y menores, crea el mecanismo de las órdenes de protección, tipifica la violencia doméstica como un crimen y al agresor como un criminal, y establece medidas de prevención.
“La Ley 54 tiene, en su contenido, una subversión de lo que era el estado, de lo que eran las relaciones entre los hombres y las mujeres. Esa ley es tan radical que dice que ya la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja y hablo de las mujeres que, típicamente, son las víctimas, no es asunto privado”, coincide la psicóloga feminista Mercedes Rodríguez.
La abogada y profesora María Dolores Fernós, quien fue la primera procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, en el año 2001, establece que la idea sobre una ley contra la violencia doméstica no se dio en el vacío.
El caso del asesino Richie Pietri
El proceso para la aprobación fue producto de una intensa lucha de años liderada por organizaciones feministas en busca de tipificar como un delito la violencia que se ejerce específicamente contra las mujeres. Pero, el caso que sirvió de catalítico para elevar la discusión pública fue el asesinato en 1988 de Ivonne Rodríguez por su esposo, el famoso baloncelista Richie Pietri, quien le propinó 28 martillazos mientras ella dormía.
Fernós recuerda, sobre todas las cosas, cómo se quiso pasar por alto este evento.
“Sus compañeros comenzaron a hablar maravillas de él y la sociedad machista intentó que no hubiera sanción penal”.
Originalmente, Pietri solo recibió una sentencia de probatoria. Luego, el Tribunal de Apelaciones lo envió a prisión.
Para esas fechas, la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico comenzó la elaboración de un proyecto de ley para penalizar la violencia entre parejas. Las organizaciones y políticas que lideraban el reclamo consiguieron el apoyo del gobernador Rafael Hernández Colón para presentar un proyecto de administración, lo que significaba que llegaba a la legislatura con la aprobación del primer ejecutivo.
Como era de esperarse, el proyecto tuvo resistencias.
Fernós recuerda el repudio que hubo en torno al debate del proyecto de ley, ante la insistencia de mantener la violencia de género como un asunto del ámbito privado. Con el fin de cabildear, trabajar juntas y educar a todas las organizaciones que pudieran ser portavoces de la ley, se creó la Coordinadora Paz para la Mujer.
“Éramos cientos de mujeres en el hemiciclo, sin importar la hora del día o la noche, mujeres comprometidas, molestas, convencidas de que se nos iba la vida en esto, unidas a legisladoras que dieron la pelea adentro en el hemiciclo”, como Zaida “Cucusa” Hernández en la Cámara de Representantes y Velda González en el Senado. Junto con el apoyo del Ejecutivo y el entonces presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, lograron la aprobación del proyecto.
Fue un proceso duro en el que las mujeres visitaron legisladores para tratar de convencerlos y, en la gestión, escuchaban comentarios machistas y expresiones negativas.
Uno de los cambios más difíciles, destaca la doctora en Derecho y abogada Esther Vicente, fue el de tipificar la violación conyugal como delito, pues los legisladores decían que se trataba de meterse en la cama de la gente, “pero es que el Estado se mete en las casas, en la cama y hasta en nuestro cuerpo”.
En el camino, esas batallas quedaban compensadas ante la solidaridad de las legisladoras que apoyaron el movimiento. Son muchas las que destacan el trabajo de Velda González, quien falleció en 2016. González convirtió su oficina en el centro de trabajo del esfuerzo.
“Nunca tuvimos tanta solidaridad, apertura, confianza y compromiso como el de Velda González”, lo que hizo el proceso se hizo menos pesado, resalta Fernós.
“Fue la legisladora que más aportó en el siglo pasado al fortalecimiento de los derechos humanos de la mujer. En particular, sin su ayuda, sin su persistencia como legisladora, sin su liderato, estoy segura de que hubiera sido muy difícil tener unas leyes como las que tenemos hoy, que son protectoras, son defensoras y son leyes para la justicia. Así es que, recordar a Velda González cuando recordamos el aniversario de la Ley 54, para mí, es una manera de honrar su vida y honrar sus aportaciones”, destaca, por su parte, la psicóloga Rodríguez.
Un antes y un después de la Ley 54
El resultado fue considerado un gran logro para las mujeres y para la humanidad, además que fue un ejemplo para otros países y jurisdicciones.
“Para las mujeres, la Ley 54 es un antes y un después, y significó una validación de la violencia específica por razón de género; sacar la violencia doméstica de lo privado y empezar a hablar de eso como un problema de salud pública sobre el cual el estado tenía responsabilidad”, cataloga la directora ejecutiva de la organización feminista Taller Salud, Tania Rosario.
“Yo me hice mujer en un Puerto Rico que tenía una ley aprobada que daba protección a las mujeres y a los hijos de las mujeres en casos de abuso intrafamiliar. Así que, a mí, no me tocó ser una mujer que viviera en un país que no pensara que esas garantías eran importantes”, agregó Rosario, quien recuerda que tenía 11 años al momento de la aprobación de la ley.
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Con la nueva legislación, se inició un cambio de cultura en la Policía, los tribunales y las agencias de gobierno que incluyó la redacción de reglamentos y protocolos. También, se crearon unidades especializadas donde se daban adiestramientos con más frecuencia para trabajar los asuntos de violencia doméstica, y se establecieron redes de trabajo para proteger la vida de las mujeres en Puerto Rico y proteger también la vida de sus niñas y sus niños y las de sus familias.
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*La periodista Cristina del Mar Quiles colaboró en la redacción de este reportaje.
