(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Antes del 15 de agosto de 1989, la violencia doméstica era considerada un asunto privado entre las parejas con el resultado de que las mujeres, las principales víctimas, se mantenían desprovistas de protecciones básicas de derechos humanos.

Con la aprobación del proyecto legislativo, que luego se convirtió en la Ley 54 de 1989, se estableció como política pública la protección de la vida de las mujeres.

“Es una ley que está bien pensada, bien escrita, identifica adecuadamente los delitos, identifica un proceso criminal, pero da también la opción de un proceso civil, que son las órdenes de protección”, evalúa la directora ejecutiva del proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez.

La legislación, destaca Pagán Jiménez, creó un instrumento legal para que una mujer en una situación de violencia doméstica pudiera ir al Estado y reclamarle que la protegiera y que, a la misma vez, procesara al criminal. Además, permitió una ruta de escape para las mujeres que hasta ese momento no existía, al convertir en delito la violencia doméstica y al crear el instrumento civil de las órdenes de protección.

A la misma vez, sentó las bases para la creación de una infraestructura de servicios relacionados como son los albergues, los servicios de intercesoría legal y proyectos que surgieron más tarde de vivienda transitoria y de desarrollo económico.

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“Todos esos proyectos pensados desde una lógica que reconocía que una mujer en una situación de violencia, una situación de desigualdad, el Estado y la sociedad son responsables de apoyarla para que pueda salir de esa situación de violencia y vivir segura”, agrega Pagán Jiménez.

Para la psicóloga feminista Mercedes Rodríguez, la ley ha sido también un emplazamiento a los valores tradicionales que permiten el machismo, la violencia que explica por qué las mujeres son maltratadas. Es un tema, recuerda, que antes se trivializaba y no formaba parte de la agencia social.

“La Ley 54 ha tenido el poder de, por un lado, ofrecer un instrumento de valor porque las leyes representan los valores de una sociedad, así que esa ley ofrece un instrumento de valor, educación y de vindicación a las mujeres. Por otro lado, es un instrumento de lucha para el cambio social”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la organización feminista Taller Salud, Tania Rosario, resalta cómo las leyes son capaces de elevar los niveles de conciencia social.

“La gente empieza a asumir roles que no están contenidos en la ley. Los medios empiezan a cambiar cómo nombran la violencia de género”, describe.

Entonces, se acuña el término de violencia de género, que alude a la violencia que afecta, principalmente a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Al mismo tiempo, son más las voces críticas que reconocen lo problemático de hablar de “crímenes pasionales”, y “líos de falda”, un lenguaje que revictimiza y criminaliza a la mujer por haber sido víctima de violencia.

“La ley no obliga a los medios a cambiar su lenguaje, pero sí crea un nivel de conciencia más elevado sobre cuáles son esas otras áreas de la sociedad que permiten o que fomentan una cultura de odio a las mujeres”, menciona.

“Empieza todo el mundo a sentirse responsable y empiezan a haber modificaciones sociales. Los vecinos empiezan a sentirse que tienen que intervenir, las escuelas empiezan a crear protocolos de atención para manejar situaciones cuando un niño hace una revelación. La ley no obliga a nada de eso, pero que la ley exista y que sea una ley que tiene mucha garra y que las mujeres empiecen a poder solicitar órdenes y que de las órdenes hayan las posibilidades de tú obtener otras ayudas, pues empiezan a elevar la conciencia social sobre el problema”, puntualiza Rosario.

*La periodista Cristina del Mar Quiles colaboró en la redacción de este reportaje. 

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