Hay que trascender el análisis legalista cuando hablamos de violencia machista

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Solo basta con sintonizar los noticiarios y programas de análisis social en Puerto Rico para darse cuenta que la mayoría de los recursos contratados por las estaciones de televisión y radio ejercen la profesión de la abogacía. Aunque algunas de estas personas hacen aportaciones y presentan perspectivas críticas de los principales problemas del país, en muchas otras instancias, la insistencia de explicar todo exclusivamente a base del Derecho trivializa algunas controversias y evita que otros acercamientos enriquezcan los debates sobre diversos temas de interés. 

En ocasiones, algunos abogados o “expertos en Derecho” (mayormente hombres) llegan a conclusiones que se amparan en el planteamiento de que un asunto se resolvió, solo porque ya se le dio la debida interpretación legal. En ocasiones expresan que no hay nada más que decir, ya que “los datos son los datos”, siendo esos datos los que dictamina el estado de Derecho vigente.

Aunque resulta positivo que quienes no ejercemos la abogacía también aprendamos y nos expongamos al análisis legal, la opinión pública que consumimos a través de los medios de comunicación masiva se queda corta debido a que rara vez nos exponemos a los acercamientos de otros profesionales e investigadores de campos como la sociología, la ciencia política, la psicología, la economía, la geografía, la pedagogía, la demografía, la salud pública, las ciencias ambientales, el trabajo social, entre muchas otras áreas académicas. Se nos priva de un análisis holístico y transdisciplinario que aporte a entender de manera amplia y balanceada algunos de los problemas que deseamos mejorar como país. 

Uno de esos problemas es la violencia de género en sus diferentes manifestaciones. En un lugar como Puerto Rico, en donde predomina el régimen del análisis legal a nivel mediático, despachar la violencia machista y los temas de equidad solo desde el Derecho nos priva de encontrar soluciones desde otras voces y saberes.

Pensemos en el derecho al aborto. Sabemos que el reconocimiento de este derecho está amenazado a nivel federal, luego de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogara la histórica decisión de Roe v. Wade. Asimismo, en Puerto Rico, hay legisladores locales que intentan limitar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. No hay duda de que el análisis legal debe tener un rol importante en la discusión sobre este tema, especialmente para recalcar y orientar que dicha práctica continúa siendo legal en Puerto Rico. 

Sin embargo, su discusión se limita cada vez que los noticieros y programas de análisis insisten en brindarle al Derecho el monopolio del debate sobre este tema. He visto programas televisivos de “investigación” en los cuales los recursos invitados para hablar sobre el aborto son exclusivamente hombres abogados. En un segmento de televisión transmitido el pasado mes, escuché cómo los planteamientos de estos abogados giraban alrededor de lo que ellos entendían era “el interés del Estado en proteger la vida”, según su interpretación de las leyes y casos judiciales. Cuánto hubiera querido escuchar a una experta en salud pública, una psicóloga o una trabajadora social que le explicaran al país sobre la importancia social (y no solo legal) de proteger el derecho al aborto.

Otra manifestación de la violencia machista, que se pierde en el análisis exclusivamente legal, es el tema del acoso. Si nos dejamos llevar por el Código Penal de Puerto Rico, el acoso se clasifica como un delito de violencia sexual en el cual “toda persona que, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, y sujete las condiciones de trabajo, docencia o servicios a su cumplimiento, o mediante comportamiento sexual provoque una situación con conocimiento de que resultará intimidatoria, hostil o humillante para la víctima, será sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años”.

Es importante velar por el cumplimiento de ese artículo dentro del Código Penal. Su utilización podría ser un instrumento en contra de la impunidad dentro de instituciones, tales como las universidades y los centros de trabajo. Pero, el análisis sobre lo que constituye acoso no puede limitarse a lo que establece el Código Penal. 

Por ejemplo, en el caso del acoso callejero, áreas académicas como la sociología urbana y la geografía con perspectiva de género pueden aportar a entender (y cuestionar) cómo la configuración de los espacios públicos responde a unas relaciones de poder que pueden legitimar la violencia hacia las mujeres y cuerpos feminizados que transitan la ciudad. La integración de estas áreas académicas puede, a su vez, fortalecer los análisis legales que proponen incluir el acoso callejero como un delito dentro del Código Penal.

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Como país, igualmente nos hartan las declaraciones que portavoces de centros de trabajo, universidades y partidos políticos expresan, cada vez que concluyen que no existe razón para el señalamiento ni consecuencias contra las figuras de poder que acosaron o agredieron, solo porque (supuestamente) no encontraron alguna violación de la ley. Estas conclusiones obvian otros aspectos que perpetúan la violencia machista, tales como la cultura de la impunidad, la ley del silencio, el amiguismo, el discrimen contra las mujeres y el patriarcado. La opinión pública no puede basarse exclusivamente en el análisis legal. Que los medios de comunicación masiva y otros foros insistan en ese monopolio, no solo nos priva de escuchar diversidad de voces, sino que también limita nuestra capacidad de solucionar problemas sociales desde el diálogo sostenido y partiendo de acercamientos en los cuales se haga referencia a diversos campos académicos.

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Rafael Díaz Torres
Escrito por Rafael Díaz Torres
Es periodista del Centro de Periodismo Investigativo y profesor universitario, graduado del doctorado en Historias del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.