Foto de archivo de Esteban G. Morales Neris
Cuando el exgobernador Luis Fortuño nominó a Wanda Vázquez Garced como procuradora de las mujeres, y el país conocía su trayectoria como fiscal a cargo de casos cubiertos ampliamente por la prensa, se mostraba como una mujer fuerte y valiente. Alguien que podía hacerles frente a peligrosos criminales en el país. Esa fama la precedía al llegar a la Oficina de la Procura de las Mujeres (OPM).
Vázquez Garced llegó al puesto luego de una polémica incumbencia de la exjueza Ivonne Feliciano. Honestamente, pensé que su experiencia con víctimas y sobrevivientes de violencia de género ayudaría a enmarcar su gestión en la OPM. Poco tiempo después de su nombramiento, llegó el desencanto. Se dejaron de atender las más de 20 tareas medulares que dispone la ley habilitadora de la oficina.
Inspiró un gran desencanto. En lugar de manejar asuntos que impactan a las mujeres para atender las condiciones de vida que enfrentamos en todos los ámbitos, enfocó toda la gestión, desde la OPM, en asuntos relacionados con violencia doméstica, excluyendo asuntos laborales, sociales, económicos, educativos, de buen vivir. Se alió con grupos fundamentalistas para repudiar la equidad, evitando así que la OPM ampliara su enfoque para incluir a personas feminizadas, y atender las múltiples demandas formuladas desde espacios que advertíamos los peligrosos efectos de la estrategia de Vázquez Garced.
Wanda Vázquez Garced se negó a realizar sesiones de trabajo con representantes de albergues y centros de servicio -recibieran fondos o no- para atender la crisis de violencia doméstica que ya se asomaba. Redujo fondos a organizaciones para transferirlas a organizaciones religiosas basadas en la abstención, en lugar de propiciar la implementación de una política clara de derechos sexuales y reproductivos. Los casos de violencia doméstica comenzaron a aumentar, y los informes de la OPM comenzaron a menguar. De hecho, muchos de los informes en el portal de la OPM incluyen trabajos desarrollados durante la incumbencia de María Dolores “Tati” Fernós López-Cepero, primera procuradora de las mujeres.
Ese era el panorama cuando el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares le asignó dirigir el Departamento de Justicia. Puerto Rico entero vio la absoluta indolencia con que manejó el caso de Héctor O’Neill, al dilatar el proceso de un caso que evidenció la comisión de hostigamiento sexual, agresión sexual y violencia doméstica. Además, intervino en el caso de robo en la residencia de su hija para influenciar el resultado, asunto por el que enfrentó un proceso judicial del que salió airosa.
Vázquez Garced usó su poder para influenciar políticamente procesos y decisiones. Carpeteó a manifestantes en la Universidad de Puerto Rico y en repudio a las políticas neoliberales del gobierno de Rosselló Nevares. Se ensañó con Nina Droz y con los hermanos Questell. Gastó $1 millón contra la niña Alma Yariela Cruz, caso por motivos racistas y político-partidistas que finalmente desistió.
Vimos cómo casos de figuras públicas de alto perfil siguieron rumbos preferenciales, negados a las personas comunes y corrientes. Siempre alguien más tiene la culpa: nunca Wanda Vázquez Garced. Siempre hay una justificación para ella torcer el estado de derecho y beneficiarse, favorecer a su esposo o a sus hijas.
Como gobernadora constitucional también nos dejó ver que tiene una tolerancia bastante peculiar para justificar actuaciones ilegales y antiéticas, como la aceptación de un carro lujoso por su esposo, la compra de pruebas fatulas, la manera en que despidió a las secretarias de Salud y Justicia por desacatar sus órdenes.
Pero Wanda Vázquez Garced no está sola. Desde hace algunos años, se ha afincado en el servicio público una madeja de personal reclutado para sustituir a la empleomanía cesanteada con personas vinculadas de múltiples maneras con políticos vinculados al bipartidismo. Lo vemos en la gestión pública, con sus teléfonos jamás contestados, la impunidad para agresores, descaro al violar el estado de derecho de la administración pública. Agresores excarcelados por habeas corpus.
Y no es por falta de reclamos. Se le ha explicado al Estado todas nuestras carencias que tienen la obligación de atender. Hemos advertido los efectos de las políticas públicas en la población que vive en condiciones de desigualdad y precarizada. Hemos resaltado la urgencia de atender los profundos problemas en la educación, la urgencia de revertir los efectos de la Deforma Laboral, atender a la niñez, planificar para un futuro con una población envejecida, de condiciones de vida con calidad.
La corrupción no es nuestra. Debemos rechazarla de plano en todos los espacios. Salir de esta crisis de gobernanza requerirá revisar nuestras prácticas individuales y colectivas para no replicar caldos de cultivo de actos corruptos. Debemos aspirar a ser mejores que el Estado, a construir el país que merecemos, que merecen nuestras crías y sus crías. No nos contaminemos con prácticas del clientelismo político o los amigos de la casa. Basta de impunidad a todos los niveles. Nos merecemos sanear nuestra sociedad de políticos inescrupulosos a los que no les duelen nuestras carencias, que se niegan a vernos.
Siempre hay y habrá motivos de esperanzas. Nuestra gente nos ha demostrado que nuestros mensajes han llegado. Cuando el presidente del Senado nos llamó “asesinas” o cuando las autoridades demonizaron a una madre desesperada por la pobreza, inmigrante en situación irregular, sin recursos y en una situación de violencia doméstica, la respuesta masiva usaba argumentos esbozados por nosotras en nuestros reclamos. Más que a una asesina o a una “mala madre”, las personas reconocieron que ambos casos se daban por la ausencia de atención a asuntos de género.
Para salir de esta, hay una sola opción: apostar a que #NosTenemos. Construyamos otra sociedad. Si tocan a una, respondemos todas.
