Mientras dentro de la corte federal, los representantes de los fondos buitres reclamaban la mayor tajada posible del pago de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), en la avenida Chardón, frente al tribunal, cientos de personas se manifestaban contra el plan de ajuste que permitiría destinar la mayor parte de los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a los bonistas por los próximos 40 años.

(Foto de archivo: Ana María Abruña Reyes)

El futuro del país se evalúa este miércoles, cuando la jueza federal Laura Taylor Swain podrá ratificar un plan de ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Sin una presión pública masiva y consistente que lo revierta, este acuerdo será una condena al pueblo de Puerto Rico a pagar miles de millones de dólares en intereses por 40 años, evaluó la economista y expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico Martha Quiñones.

“Es una sentencia de esclavitud”, catalogó Quiñones.