Ilustración por Laura S. García Soto / Suministrada por Jennifer Oliveras Del Río
De niña, Jennifer Oliveras Del Río observaba con curiosidad cómo su madre, abuelas y tías eran las que se encargaban fundamentalmente de los trabajos de cuidados en su familia. Con el paso del tiempo, comenzó a cuestionarse y complejizar esas dinámicas desde una perspectiva feminista, lo que la llevó a interesarse por el tema a nivel académico.
“Me parece que es un tema que, aunque está presente en cualquier familia que conozcamos, no se reconoce. Socialmente, no se reconoce y se ha normalizado. Me parece que, dentro de los asuntos pendientes por atender, este es uno de ellos”, puntualiza Jennifer Oliveras Del Río. “Hay países que han desarrollado políticas nacionales para atender esto. Sin embargo, aquí en Puerto Rico ha sido muy poco, por no decir nada, lo que se ha hecho. Eso es lo que me ha impulsado a investigar este tema”, cuenta.
En nuestro archipiélago, la limpieza del hogar, la preparación de alimentos y el cuidado de la niñez, de las personas mayores o con diversidad funcional son tareas esenciales para la vida que recaen de manera desproporcionada en las mujeres y en personas feminizadas, y que siguen sin reconocimiento económico ni respaldo del Estado. Así lo documenta la investigación El trabajo no remunerado de cuidados: Consideraciones para las políticas sociales en Puerto Rico desde la mirada de la determinación social de la salud y los feminismos (2025), que Oliveras Del Río realizó como parte de su doctorado en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Desde un enfoque feminista y de justicia social, la investigadora advierte que la invisibilización del trabajo de cuidados no solo perpetúa desigualdades de género, clase y raza, sino que además constituye un determinante social de la salud. “El cuidado no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres ni de las familias: es un deber del Estado y un derecho de toda la población”, afirma.
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Crisis de cuidados
El estudio señala que existe una crisis de cuidados en Puerto Rico la cual se agudiza por factores como el envejecimiento poblacional, la migración, el empobrecimiento estructural y las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. A esto se suman los desastres socionaturales y la pandemia del COVID-19, que dejaron en evidencia la sobrecarga que enfrentan las mujeres cuidadoras y las consecuencias en su salud física, emocional y profesional.
“El que no se atienda este tema adecuadamente y que no se atienda como un derecho humano afecta tanto a las personas que lo asumen como a las que necesitan ese cuidado”, señala la investigadora, quien enfatiza que esta crisis debe atenderse como un problema de salud pública y desde un enfoque con perspectiva de género.
“Por las investigaciones cualitativas que hemos realizado, sabemos que son las mujeres quienes realizan estas tareas. ¿Y cuáles son las implicaciones de que desproporcionadamente seamos las mujeres las que asumimos esto? Pues que no solamente se afecta la salud física y emocional, sino que también se limita nuestro desarrollo en otros aspectos de la vida, como el ámbito académico, profesional o incluso el ocio, que es parte del descanso”, agrega.
Afirma que esta situación también tiene implicaciones en la salud de la persona que recibe los cuidados, pues muchas veces la que cuida no cuenta con los recursos económicos ni humanos para poder asumirlos.
Entre el discurso y la acción legislativa
Para esta investigación, Oliveras Del Río realizó nueve entrevistas, tanto a lideresas comunitarias como a senadoras. Además, analizó 68 medidas legislativas vinculadas con el tema que fueron presentadas entre 2017 y 2024. De estas, apenas dos abordaban el trabajo de cuidados y ninguna fue aprobada. El Proyecto del Senado 223, que buscaba cuantificar el valor económico de estas tareas, fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi. Esta medida habría arrojado luz sobre la magnitud del trabajo no remunerado, la disparidad de género de quienes lo realizan y cuánto representa en la economía.
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Por su parte, la Ley 82-2023, que se presentó como la primera iniciativa significativa en la materia, quedó corta, pues no incorpora perspectiva de género ni presupuesto adecuado.
Aunque legisladoras y legisladores entrevistados reconocieron la relevancia del tema, Oliveras Del Río halló una desconexión entre el discurso y la acción, así como barreras estructurales y presupuestarias que limitan el avance de medidas concretas.
“Muchos reconocen que esto es una situación bien grave y que afecta a las comunidades en Puerto Rico. Sin embargo, no lo ven como un asunto que se tiene que atender desde el gobierno, lo ven como un asunto privado, como una responsabilidad de las familias. Ahí hay un desfase: hay un reconocimiento de que esto existe, pero se atiende con esfuerzos fragmentados. No lo ven como un asunto que se debe abordar mediante una política integral”, precisa la investigadora, quien también observó que muchas de las medidas relacionadas al tema tenían un enfoque punitivo hacia las familias cuidadoras.
La autora de la investigación, junto al Comité de disertación: Dr. Juan Negrón, Dra. Jenice Vázquez Pagán y el Dr. Hiram Arroyo Acevedo. La presentación de la investigación se llevó a cabo el 30 de abril de 2025 en la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. (Foto suministrada)
Mirar hacia la región
El estudio también compara el contexto puertorriqueño con los modelos de Uruguay y Costa Rica, países que han desarrollado sistemas nacionales de cuidados con enfoque de derechos, corresponsabilidad y perspectiva de género. Para la investigadora, estas experiencias ofrecen guías prácticas que podrían adaptarse al archipiélago. Los modelos, aclara, no son perfectos, pero van en la dirección correcta y han logrado resultados positivos.
“En ambos casos ha sido un proceso de varios años. En el caso de Uruguay, antes de establecer esta política hubo una colaboración intensa por parte de la academia en el desarrollo de datos, así que primero se creó una estructura para establecer esa política, y por eso la importancia de seguir investigando. En ambos casos también han encontrado retos. Uno de ellos es que hay que reforzar la perspectiva de género porque siguen siendo principalmente mujeres las que asumen estos cuidados, incluso bajo la profesionalización. Sin embargo, han podido sostener estos sistemas y han sido efectivos en vincular las diferentes políticas y servicios para ofrecer una mejor calidad de vida, tanto a las personas cuidadoras como a quienes requieren los cuidados”, comparte.
Hacia una política integral
En la investigación, Oliveras Del Río ofrece recomendaciones concretas que apuntan hacia la necesidad de una política pública robusta en torno a los cuidados. Entre ellas se destaca la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados con asignación presupuestaria, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y la profesionalización de este trabajo con remuneración justa. Asimismo, propone establecer beneficios fiscales para las familias cuidadoras y garantizar licencias laborales equitativas que atiendan las necesidades de quienes asumen estas responsabilidades.
“Crear un Sistema Nacional de Cuidados sería la meta”, afirma. “Es reconocer que el cuidado es un derecho humano y, a partir de ahí, que el Estado —con la colaboración de las familias, organizaciones y comunidades— ofrezca unas garantías básicas”. Este sistema organizado y estructurado, señala, permitiría profesionalizar los trabajos de cuidados, garantizando condiciones laborales justas.
“Sabemos que muchas veces las familias contratan a una persona, pero no tienen los recursos necesarios y, lamentablemente, como sabemos, las personas que asumen estos trabajos son mujeres, en muchos casos mujeres inmigrantes, que enfrentan condiciones laborales pésimas. Así que profesionalizar estos trabajos permitiría establecer garantías y mejorar esas condiciones”, puntualiza.
La doctora Oliveras Del Río exhorta a la Asamblea Legislativa a retomar iniciativas como el Proyecto del Senado 223 y avanzar hacia una política pública de cuidados con perspectiva de género, presupuesto justo y participación de comunidades y organizaciones feministas.
