Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
Un nuevo reporte publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) advierte que las restricciones al aborto, luego de la anulación del caso Roe v. Wade, tienen implicaciones económicas perjudiciales, entre las que se encuentran: la pérdida de empleo, dificultades financieras, cambios en los planes educativos y decisiones sobre dónde vivir, tanto para las mujeres como para profesionales de la salud.
“La evidencia sugiere que las restricciones en el acceso al aborto pueden tener implicaciones económicas para las personas que buscan (un aborto) o no pueden obtener abortos, sus familias y aspectos de la economía en general”, destaca el documento de 25 páginas, que cita a múltiples fuentes académicas, gubernamentales e independientes.
El informe también señala que la información recopilada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre abortos posteriores a 2022 es incierta, debido a un proceso de “realineación” institucional.
Aunque no era obligatorio para todos los estados reportar sus datos sobre abortos, el CDC lleva casi 60 años nutriendo la base de datos Abortion Surveillance System donde incluyen información demográfica y referente al total de abortos realizados, para evaluar el acceso y monitorear cambios en patrones.
“La recopilación futura de estos datos es incierta, dado el esfuerzo de realineación en curso dentro de la agencia”, señala el informe de GAO, sobre la respuesta de la agencia ante la incertidumbre de la recopilación de información.
El reporte de GAO, publicado el 23 de junio de 2025, es uno de los más recientes, en momentos en que la agencia federal se enfrenta a una medida que busca recortar su presupuesto a la mitad para el próximo año fiscal 2026.
Efectos económicos directos
En 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el derecho al aborto estaba protegido por la Constitución en el caso Roe v. Wade. Sin embargo, el 24 de junio de 2022, esa decisión fue revocada en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que dejó a cada estado la posibilidad de restringir el aborto.
Desde entonces, el Guttmacher Institute, la organización de investigación que busca avanzar los derechos reproductivos de las mujeres, ha contabilizado casi 30 estados con leyes restrictivas sobre el aborto.
Cabe destacar que, en Puerto Rico, el aborto es legal sin importar el trimestre gestacional debido a una decisión del Tribunal Supremo local en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza (1980).
En ese caso, el tribunal reconoció que el Código Penal de Puerto Rico permite la interrupción del embarazo cuando la salud de la persona gestante está en riesgo, incluyendo su salud mental.
Según estudios citados por GAO, las mujeres que intentan tener un aborto y no pueden presentan menor probabilidad de estar empleadas a tiempo completo seis meses después del rechazo de su solicitud, en comparación con quienes sí pudieron abortar.
Además, se observó un aumento en viajes para la terminación de embarazos que, a su vez, elevaron los costos de estos procesos para las personas gestantes. De hecho, las comunidades más empobrecidas tuvieron mayores consecuencias, según el informe.
“Los estudios que revisamos revelaron que las leyes estatales que restringen el acceso al aborto llevan a las personas a viajar más lejos y, a veces, a esperar más tiempo para obtener abortos, y ambas cosas pueden suponer costos significativos para las familias con bajos ingresos”, se lee en el documento.
A largo plazo, a quienes se les deniega la posibilidad de un aborto también experimentan mayores niveles de angustia financiera, medida por un aumento de deudas, presencia de puntuaciones de crédito bajas y la necesidad de recurrir a programas de asistencia gubernamental.
Efectos a nivel educativo
Las restricciones al aborto también impactan la trayectoria educativa de mujeres, pues un estudio posterior al fallo Dobbs encontró que las mujeres negras adolescentes que vivían en estados con leyes restrictivas hacia proveedores de aborto eran 2 % menos propensas a ingresar a la universidad y 6% menos propensas a terminar sus estudios universitarios, en comparación con aquellas en estados sin restricciones, según GAO.
Asimismo, una encuesta incluida en el informe estimó que casi para el 58 % de los estudiantes de medicina era poco probable que se postularan a residencias en estados con leyes restrictivas.
Por otro lado, médicos en estados con nuevas restricciones reportaron haber tenido que retrasar o negar cuidados médicos —incluyendo abortos necesarios— por miedo a enfrentar sanciones legales. En algunos casos, explicaron que solo podían intervenir cuando el riesgo para la paciente era inminente.
Dos estudios citados por el informe revelaron que las mujeres trabajadoras, y con al menos un bachillerato, están optando por mudarse a estados sin restricciones al aborto.
Efectos en la salud y la mortalidad
Según el informe, ciertas leyes que limitan el acceso al aborto pueden contribuir a un aumento en las muertes maternas. Entre estas se encuentran normas que restringen el aborto a partir de ciertas semanas de gestación, exigen consejería previa, obligan a realizar consultas presenciales, restringen el uso de medicamentos abortivos o imponen requisitos adicionales a las clínicas y profesionales que ofrecen estos servicios.
En un reportaje publicado el año pasado por Todas, diversos estudios señalaron la relación entre las muertes maternas e infantiles con las restricciones al aborto.
Por ejemplo, un estudio publicado en 2022 reveló que la protección constitucional de Roe v. Wade al derecho de abortar redujo de 30% a 40% las muertes durante embarazos en comunidades no blancas. No obstante, con la revocación en 2022, las madres que residen en estados con prohibiciones al aborto tienen casi tres veces más probabilidades de morir durante su embarazo o parto, de acuerdo con un análisis de Gender Equity Policy Institute.
De igual forma, en Texas, las muertes infantiles aumentaron 13%, luego de las restricciones acogidas en el estado, de acuerdo con JAMA Pediatrics.
Para el año fiscal 2026, GAO enfrenta un recorte de $51 millones, propuesto por representantes republicanos.
Senado aprueba proyecto que abre la puerta a nuevas restricciones
El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 504, que enmienda el Código Civil para reconocer como persona natural, a efectos legales, a todo ser humano concebido, sin importar la etapa de gestación. Esta medida, según se informó en comunicado de prensa, busca “clarificar el lenguaje del Código aprobado en 2020, eliminando interpretaciones ambiguas sobre la personalidad jurídica del nasciturus”.
El proyecto lo presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con el respaldo de la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve y los senadores novoprogresistas Brenda Pérez Soto y Wilmer Reyes Berríos.
Aunque sus proponentes alegan que la medida no afecta el derecho al aborto, y que la medida “no interfiere con los derechos constitucionales de la mujer gestante”, organizaciones defensoras de los derechos reproductivos advierten que este tipo de legislación abre la puerta a nuevas restricciones al aborto.
“En la discusión de este proyecto, se han traído diferentes vertientes que me parece importante que las consideremos. Yo sí prohibiría el aborto, yo me opongo al aborto. Lo restringiría al máximo posible… Pero esto no se trata del aborto… Queremos ampliar los derechos y convertir un Puerto Rico cada vez mejor”, dijo en el comunicado de prensa Rivera Schatz.
La medida recibió 18 votos a favor, seis votos en contra y dos abstenciones. Los senadores que votaron en contra fueron: Ada Álvarez Conde, Luis Javier Hernández Ortiz y Josian Santiago Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD); Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y el senador independiente Eliezer Molina Pérez. Las abstenciones fueron de la senadora novoprogresista Nitza Moran Trinidad y de la senadora popular Marially González Huertas.
El proyecto pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
