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Urgen acción del gobierno ante aumento de feminicidios

Durante el mes de julio, siete mujeres fueron víctimas de feminicidios directos e indirectos

Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes

Keitshalys Rodríguez Figueroa era una joven de 18 años, llena de sueños, deseos de vida y con todo un futuro por delante. El pasado mes de julio, su expareja —con quien había convivido por tres meses y de quien se había separado recientemente— le disparó mientras viajaban en un vehículo.

Como Keitshalys, otras seis mujeres fueron víctimas de feminicidios directos o indirectos en Puerto Rico durante el mes de julio, según el más reciente informe del Observatorio de Equidad de Género (OEG). 

“Recordamos y honramos la vida de Keitshalys, de apenas 18 años; Natalia; Keyshla, psicóloga y madre de un bebé de solo 18 meses; Jennifer; y Vilmarie, cuya vida fue arrebatada frente a su hijo. A ellas se suman nueve intentos de feminicidio registrados en el mismo mes”, informó Stephanie Figueroa Figueroa, directora ejecutiva del OEG.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2025, el OEG ha documentado 36 feminicidios y 76 intentos de feminicidio. Además, 40 mujeres continúan desaparecidas.

“Estas cifras no son solo estadísticas: son vidas, familias devastadas y comunidades que enfrentan el dolor y la indignación”, agregó Figueroa Figueroa.

A finales de julio, en un periodo de 48 horas, dos mujeres —Vilmarie Torres Rodríguez, de 40 años, y Keyshla Marie Rivera Ocasio, de 30— fueron asesinadas por sus respectivas parejas en Guayanilla y Vega Alta. Con sus asesinatos, suman 13 los feminicidios íntimos registrados en lo que va de año.

En medio de esta ola de violencia de género, la gobernadora Jenniffer González continúa firmando leyes que atentan contra los derechos de las mujeres. Aunque insiste en la implementación de un curso para el manejo de emociones en estudiantes de escuela superior como un mecanismo para atender la violencia de género, y hace llamados a las víctimas para que “no se queden calladas”, su política pública se ha quedado corta ante la magnitud de la crisis.

Diversas investigaciones y organismos feministas internacionales han reiterado que la educación con perspectiva de género es clave para prevenirla. Sin embargo, la gobernadora se opone a esta enseñanza. De hecho, recientemente firmó una ley (Ley 89) que deja en manos de los padres la enseñanza sexual de sus hijos e hijas, una medida que no contribuye a erradicar la violencia, sino que puede reforzar desigualdades estructurales.

“Nos enfrentamos a una crisis de salud pública que exige atención urgente, recursos sostenidos y voluntad política. Cada minuto cuenta. Cada acción institucional, comunitaria y personal puede marcar la diferencia”, señaló Figueroa Figueroa.

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