Desde hace décadas, las mujeres han protagonizado las luchas por la justicia ambiental en Puerto Rico. Desde las batallas libradas en contra de la Marina en Vieques, hasta las que se dan en estos momentos en contra de las cenizas, las que se baten en las playas de los 44 municipios costeros o por la liberación de los animales del zoológico, entre muchas otras, todas tienen un denominador común: los reclamos de las mujeres por la salud de las comunidades, el libre acceso a los recursos naturales y la convivencia saludable con nuestro entorno. Por lo tanto, podemos decir que, en la práctica, las luchas ambientales han estado íntimamente relacionadas con las luchas de las mujeres.
Nuestro lema de este año, «justicia de las mujeres es justicia verde», señala nuestro derecho a una vida sana, en control de nuestros cuerpos, sostenible, libre y en hermandad con el resto de los seres vivos y el planeta. Es justica feminista, racial, económica y ambiental porque promueve la conexión e interdependencia de todos los seres que habitamos el planeta. La dominación de una raza sobre otras, de un género sobre otros, de una clase económica sobre otra y de una especie sobre otras representan las principales amenazas a la supervivencia de la vida en la tierra, es decir, son amenazas ecológicas. Nuestro lema propone una lucha desde una perspectiva de género antirracista que lucha contra un sistema que privilegia a un grupo racial sobre otro; decolonial, porque impulsa romper con las lógicas modernas de la Modernidad y atender los problemas de Puerto Rico, desde y para Puerto Rico; abolicionista, ya que defiende una justicia restaurativa frente a una justicia punitiva; y antiespecista, puesto que reconoce que ninguna especie está por encima de las demás. Es una justicia que no deja a ningún ser vivo atrás, que promueve la salud, la libertad y la justicia colectiva.
Justicia verde es educación ambiental, antirracista, decolonial y abolicionista
Ante nuestra realidad geográfica de ser islas, de ser Caribe, la justicia verde se tiene que vincular desde una educación ambiental, antirracista, decolonial y en la búsqueda de justicia social. Cuando utilizamos la educación como herramienta transformadora, vamos cambiando la manera en que una sociedad se ve a sí misma. La educación en el contexto escolar es vital para sensibilizar a todos los seres humanos, en especial a la niñez y a la juventud. Por consiguiente, entre nuestros reclamos incluimos que se respete la autonomía escolar para que se pueda incorporar la educación ambiental como elemento educativo indispensable para cada escuela. Asimismo, que las gestiones escolares tengan la provisión de bosques y huertos comunitarios y municipales para desarrollar espacios de esparcimiento y protección ambiental. Merecemos una educación que apueste a la soberanía alimentaria y que promueva acciones para lograrla. Por esto reclamamos que el gobierno y el DEPR apoyen el programa de Agricultura y el programa de Agronomía brindándoles los fondos y todos los recursos necesarios para que puedan cumplir su importante función. La educación en Puerto Rico debe promover que el magisterio y el estudiantado se capaciten como líderes que asuman esta meta como su derecho y actúen para lograrla.
Exigimos que el Estado adopte una educación dirigida a eliminar todo tipo de prejuicios y que provea lo necesario para que se pueda ofrecer una educación de calidad a tono con las necesidades de las maestras y de las comunidades a las que estas sirven. Las estadísticas demuestran que las maestras son las más empobrecidas y afectadas por las determinaciones de la agencia de gobierno que tiene como función principal su bienestar y progreso.
Desde esta misma mirada, y en reconocimiento de que nuestro primer centro docente, la Universidad de Puerto Rico (UPR), tiene una matrícula estudiantil y laboral que se compone en gran medida de mujeres, reclamamos con urgencia que se evite la privatización del sistema universitario del país. A su vez, exigimos la restitución del presupuesto de la UPR, que por ley le pertenece. Esto hace posible que recintos como el de la UPR en Utuado, con el único BA en Agricultura Sustentable, permanezca abierto; que el estudiantado, primordialmente integrado por mujeres, no necesite dos y tres trabajos para pagar sus estudios; que programas tan importantes como la Red Sísmica, las Estaciones Experimentales y Extensión Agrícola (entre tantos otros) puedan funcionar y contribuir al desarrollo ecológico de nuestro archipiélago; y que la fuerza laboral de la UPR tenga salarios y condiciones de trabajo dignas.
Como parte de nuestras luchas, debemos enfrentar y corregir la creencia tergiversada de sectores fundamentalistas de que nuestra población estudiantil es homogénea. Cada vez más nos vemos ante la urgencia de aceptar a cada integrante de nuestra comunidad escolar desde su perspectiva y con respeto, reconociendo la importancia de las luchas de personas feminizadas y no binaries. Esto conlleva una concienciación y transformación del lenguaje. Los grupos fundamentalistas han planteado que una educación con perspectiva de género y usar «todes» no resolverá los problemas puntuales de las mujeres. Sin embargo, sabemos que utilizar un lenguaje verdaderamente inclusivo, en el contexto de una educación con perspectiva de género y antirracista, promueve el desarrollo integral y transversal de nuestra niñez y juventud.
Por último, una educación pública y de calidad debe ser accesible para todes y en todos los niveles educativos. Es desde la educación que podemos crear transformaciones concertadas, cambios de paradigmas y perspectivas que permitan erradicar el sistema educativo que nos ha mantenido en un estado de insolvencia y con metas ajenas, debido a nuestra realidad colonial.
Justicia verde es justicia reproductiva
Las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico nos hemos visto amenazadas por el intento de sectores fundamentalistas de limitar nuestra autonomía, y de controlar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Limitar el derecho al aborto implica negar que las mujeres tenemos la capacidad de tomar decisiones reproductivas libres. Implica obligarnos a continuar con embarazos no deseados, es decir, obligarnos a parir y a maternar. Los embarazos y partos forzados son ejercicios de tortura que niegan nuestra humanidad. Las maternidades forzadas en condiciones de crisis económica y pobreza nos limitan la posibilidad de una vida digna, particularmente a personas empobrecidas, jóvenes, negras, inmigrantes y con diversidad funcional.
A esto le sumamos que la falta de accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva nos impide respetar el ritmo de cada cuerpo, de igual forma debemos respetar cada ritmo de nuestro medio ambiente. Nuestro ambiente, al igual que nuestros cuerpos, merece crecer y cambiar sin intervenciones que afecten el ritmo de la naturaleza de cada proceso, donde podamos respetar la autonomía y la capacidad de cambio que conlleva cada fase de la preconcepción, la gestación y el posparto. Reclamamos la creación y cumplimiento de más leyes que nos permitan erradicar la violencia desde el nacimiento, al igual que la protección de la vida digna de las personas menstruantes trabajadoras convirtiendo en ley la licencia menstrual, aplicable en todos los espacios laborales. Reclamamos la accesibilidad al aborto legal, seguro y accesible, donde las limitaciones legales y económicas no impliquen gestaciones y maternidades forzadas. En condiciones de crisis económica, de salud y de vivienda, imponer embarazos y partos condena a estas personas a una vida de pobreza, afectando, por lo tanto, la calidad de la vida.
Justicia verde es un sistema de salud accesible y de calidad
Ante la crisis ambiental sumamos carencia e inaccesibilidad a los servicios de salud de calidad enfocados en el bienestar integral. Por eso, urge un plan médico de salud universal, accesible y de calidad para todas las personas que viven en Puerto Rico. Hay que erradicar, de una vez y por todas, el concepto de la salud como un negocio como único mecanismo para que todo el mundo tenga acceso a este servicio esencial. Cada año la salud mental de las personas que viven en Puerto Rico está en mayor riesgo ante los eventos socionaturales y pandémicos. Los mismos no han dado tregua para la recuperación de nuestras comunidades, en especial las más vulnerabilizadas por el sistema. El Estado no ha tenido acciones estratégicas eficientes para atender y mejorar las condiciones en que vivimos tras estos eventos, todo lo contrario, ha contribuido a que las disparidades sean más notables día a día. En nuestras comunidades más vulnerabilizadas añadimos situaciones de carencias estructurales (la caída de un puente por las lluvias, la falta de servicios de electricidad, los daños a la vivienda) que afectan el diario vivir y la posibilidad de tener una vida plena a las personas en nuestras comunidades, esto sin contar la urgente necesidad de que lleguen los servicios directos. Dicho panorama provoca mayor vulnerabilidad a las mujeres que se encargan del cuidado de sus familias, mujeres y personas afectadas por la violencia de género, mujeres negras, inmigrantes, mujeres pobres, mujeres viejas y mujeres con diversidad funcional. Por otro lado, no debemos olvidar el factor de que al envejecer vamos perdiendo nuestras habilidades y esto nos hace más vulnerables en un sistema que no se preocupa por su población adulta mayor. Muchas tuvimos doble jornadas cuando fuimos trabajadoras asalariadas y nos olvidamos de cuidarnos. Cuando nos enfermamos, lo ignoramos porque nuestres hijes y/o compañeres necesitaban de nosotras/es. Pasaron los años y nuestros problemas de salud se agravaron. Ahora en la vejez y con enfermedades, los planes médicos que nos ofrecen nos permiten limpiar el patio, pero no cubre los medicamentos que necesitamos. Cada día se enriquecen más las aseguradoras mientras erradican nuestro derecho a una vejez digna. Por eso, exigimos un plan médico accesible a todas las personas que garantice todos los servicios y medicamentos necesarios para una vejez saludable.
Justicia verde es vivienda digna y la eliminación de desplazamientos forzosos
Cuando hablamos de justicia verde, también nos referimos al acceso y derecho a viviendas seguras y asequibles para las mujeres jefas de familia. Este derecho está constantemente amenazado por muchos factores: el desplazamiento forzoso a causa de la gentrificación, los desastres atmosféricos que hemos vivido durante los pasados siete años, los retos que enfrentamos al intentar obtener títulos de propiedad, y la desigualdad económica que vivimos. Esta en particular nos obliga a asumir segundas y terceras jornadas de trabajo que se unen a las responsabilidades del hogar y, en muchas ocasiones, a la crianza a tiempo completo de nuestras crías.
El porciento de mujeres que vive en constante amenaza de perder o ser removidas junto a sus crías de su hogar sobrepasa el 70% en Puerto Rico. Estos retos se agudizan, ante las intersecciones de desigualdad, para quienes sufren de violencia doméstica, para las personas racializadas, para la comunidad LGBTTQIA+, para quienes viven en zonas rurales o subdesarrolladas, para quienes viven con VIH y así sucesivamente. Mientras más desventajadas, menos probabilidades tenemos de conseguir viviendas seguras y asequibles.
Romper el ciclo de violencia machista, tener acceso a oportunidades para rehacer nuestras vidas, sanar y desarrollar autosuficiencia económica son situaciones que requieren, entre muchas cosas, techos seguros y dignos. Son necesarios hogares que no se vean amenazados por la ley 20-22, ahora ley 60, ni por inversionistas que se benefician de esta ley. Si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, no podemos enfocarnos en atender los traumas remanentes de la violencia. Además, a más de 5 años del paso del Huracán María, con programas creados y recursos asignados, aún quedan 3,646 familias que viven en condiciones de inseguridad bajo toldos azules.
Ante el panorama económico que enfrenta el país, sabemos que las condiciones no nos favorecen, por consiguiente, exigimos que quiénes nos han llevado a esta situación atiendan la crisis de vivienda de forma inmediata y contundente. Justicia verde es tener acceso al “buen vivir”, a vivir dignamente, a recuperarse y estabilizarse luego de salir de una relación violenta. Exigimos reparación y vivienda digna.
Justicia verde es justicia laboral para las mujeres trabajadoras
Las mujeres trabajadoras conformamos más del 50% de la clase obrera y, sin embargo, todavía nos tratan como trabajadoras de segunda categoría. Por eso, exigimos salarios dignos y en paridad con los demás trabajadores; es frecuente que los hombres ganen más que las mujeres mientras estas cargan desproporcionadamente con el trabajo. Ni la paga ni las condiciones son equitativas para todes las personas. Reclamamos que el trabajo doméstico se compense y se valore como una actividad imprescindible para la vida y que el salario mínimo sea por lo menos de 15 dólares, incluyendo a les meseres. Además, demandamos que se garantice a todas las personas, en particular a las mujeres, las personas de las comunidades LGBTIQAP, las personas no blancas, las personas con diversidad funcional y las trabajadoras inmigrantes, lugares de trabajo respetuosos, seguros, accesibles y libres de acoso y violencias. Exigimos que se nos respete y nos den un trato equitativo tanto en el gobierno, como en las empresas privadas y las ONGs. A su vez urge que se sigan abriendo espacios en los sindicatos y en el liderato del movimiento sindical del país para que las mujeres traigan sus propios reclamos y sus nuevas formas de organización sindical. Apostamos a sindicatos que luchen y se solidaricen con todas las personas que trabajan, estén o no organizadas en sindicatos. Todos estos reclamos impulsan la justicia verde porque promueven trabajos y vidas saludables libres de violencias.
Justicia verde es justicia animalista y climática
La justicia verde se preocupa por el bienestar de todos los seres vivos. Los animales son seres vivos y sintientes que merecen tener una vida saludable y libre de violencias. Por eso, exigimos eliminar el concepto de zoológico y demandamos la transformación de este espacio en un parque interactivo, un espacio libre de cautiverio y explotación para que las familias disfruten del lugar y de la naturaleza sin lastimar ni encerrar a ningún ser sintiente. Así pues, apoyamos el proyecto del senado 1041 que, además, propone que se envíen los animales, que malviven en solitario y enfermos en el zoológico, a santuarios. A todos ellos les debemos un final de ciclo de vida digna y libre de explotación. A su vez, reivindicamos la erradicación del uso de animales en laboratorios, uno de los ejemplos más nefastos de lo que es capaz de hacer la ciencia moderna en el siglo XXI. Luchar en contra de la explotación animal es luchar contra un sistema político y económico que nos aísla cada vez más de nuestro ambiente y nos enseña a vernos como seres superiores frente a las otras especies. Si las personas feministas defendemos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y afirmamos que “mi cuerpo es mío”, entonces, como parte de esta lucha, también defendemos que el cuerpo y la vida de los animales no nos pertenece.
La justicia verde significa, asimismo, apoyar a todas las personas y comunidades que luchan por la conservación y el acceso a las playas, por la descontaminación del ambiente, por la agricultura y la soberanía alimentaria, y por políticas públicas que se encaminan, de una vez y por todas, al uso exclusivo de la energía limpia y sustentable. Ante nuestra vulnerabilidad como islas caribeñas a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, los huracanes más extremos, las sequías, entre otros fenómenos atmosféricos, hablar de justicia verde es hablar de justicia climática. Son las mujeres, les niñes y viejxs quienes sufren las consecuencias de los desastres políticos que surgen luego de los eventos naturales. Las luchas ambientalistas se han convertido en la matriz de todas las luchas, por eso, no es de extrañar que más de la mitad de todos los actos de violencia registrados por Global Witness sean perpetrados por personal de policía, militar o de seguridad por el simple hecho de defender el medio ambiente. Hoy más que nunca, es de vital importancia que los gobiernos, empresas y entidades internacionales reconozcan y legitimen el rol fundamental que tienen las defensoras de los recursos naturales y el medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Exigimos que se garantice la seguridad de las defensoras medioambientales ante la escalada de violencia en manifestaciones ambientalistas.
Justicia verde es acceso y seguridad energética, y retiro digno: la gente primero que la deuda
La lucha contra la privatización de la AEE es una lucha de mujeres trabajadoras, cuidadoras, jubiladas, dueñas de negocio, entre otras. Las mujeres hemos sido las que hemos sufrido con más intensidad el embate abusivo de una Junta de Control Fiscal colonial que impone privatizaciones para el pago insostenible de una deuda pública que rechazan auditar. Esto ha sido diseñado para privarnos cada vez más de nuestros derechos humanos y del acceso a servicios esenciales.
Ya estamos sufriendo las consecuencias de la privatización: los aumentos, el servicio inestable, los incendios de equipos, de las casas y de las instalaciones de la AEE, e incluso ha provocado muertes. No hay reemplazo por el costo de los daños, los empleados fueron desplazados y al sistema de retiro les adeuda alrededor de 900 millones de dólares.
Además, con la llegada de la privatización de generación estamos a pasos de perder el 68% de nuestros embalses de agua. Dichos embalses proveen agua a la AAA, a lxs agricultores del país y a nuestros hogares. De modo que, justicia verde es hablar del derecho a una energía renovable para todes por igual y de manera pública. No podemos olvidar, además, que el derecho al agua es vital para la existencia de nuestras vidas.
Hoy expresamos nuestro total rechazo al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE porque propone encarecer aún más el costo de vida de las mujeres y sus familias aumentando la factura de la luz por décadas para pagar una deuda injustificada e intolerable que debe ser cancelada. En Puerto Rico ya pagamos una de las tarifas energéticas más altas. Muchas de nosotras ya no podemos pagar nuestras facturas de luz. Además, ese plan es para pagar una deuda odiosa e ilegítima que no es nuestra, les quita los derechos adquiridos a las trabajadoras de la AEE y les priva de un retiro digno. Igualmente, un pago insostenible a los fondos buitres de la AEE nos quita dinero para lograr la transición a nuevas fuentes de energía renovable. Por lo tanto, nos expresamos vehementemente en contra de la privatización de este servicio esencial, que sólo ha representado más inseguridad energética, mayores costos y menos acceso a este derecho humano.
Exigimos contundentemente energía limpia, segura y equidad de acceso. Queremos justicia energética con protección de nuestras tierras agrícolas, de nuestras reservas naturales y de nuestros espacios ecológicos.
La justicia de las mujeres, más allá de exigir derechos, impulsa un nuevo paradigma para la convivencia solidaria entre nosotres, con otros seres vivos y con el planeta. La justica de las mujeres parte de las experiencias de todos los grupos que día a día luchan y construyen nuevas formas de vida desde otras perspectivas y lógicas no modernas. El sistema mundo colonial-patriarcal-racista-especista nos ha conducido al límite de poder existir y habitar este planeta, así pues, urge pensar más allá del estado de derecho moderno y occidentalizado, y buscar otras formas de vida. Por eso, este año nos aferramos a la justicia verde, justica que señala la necesidad de repensarnos y replantear nuestra existencia en este planeta.
En definitiva, es importante resaltar que este año le dedicamos el 8 de marzo 2023 a mujeres que han apostado a la justicia de las mujeres desde sus diferentes espacios: las trabajadoras de Cadillac Uniforms, la líder ambientalista y fundadora de Casa Pueblo en Adjuntas, Tinti Deyá, y la ginecóloga y ferviente defensora de la justicia reproductiva, Yari Vale.
