La firma de la gobernadora Jenniffer González del proyecto de ley que permite a madres, padres y tutores objetar la educación sexual que podrían recibir sus hijes coincide con una crisis de salud pública en el país, marcada por el aumento en infecciones de transmisión sexual (ITS), que expertos advierten se agravaría con la nueva medida.
Esta nueva legislación, producto del Proyecto del Senado 2 —de la autoría de Thomas Rivera Schatz (PNP) y la coautoría de Joanne Rodríguez Veve (PD)—, abre la puerta a demandas judiciales y reclamos de compensación económica contra el Departamento de Educación. Ocurre, además, en un contexto político en el que sectores conservadores han ganado espacio para imponer sus agendas sobre la educación pública.
Diversas organizaciones, entre ellas la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), gremios magisteriales y expertos en salud sexual, han levantado la voz para advertir sobre las consecuencias de esta medida, que catalogan como una amenaza directa al derecho de la niñez y juventud a recibir una educación científica, laica y libre de prejuicios ideológicos o religiosos.
“La educación en temas de salud sexual es de vital importancia como lo son otras materias en el currículo. Esta instrucción debe ser desarrollada por expertos y expertas en la materia, al igual que ocurre con las matemáticas y las ciencias. Si se promueve la intervención de los padres en el currículo escolar debe ser por igual en todas las materias. La educación en temas de salud sexual es fundamental en la prevención de infecciones, embarazos no deseados y violencia. Limitar esta educación es exponerles”, alertó en comunicado de prensa Carmen Milagros Vélez Vega, directora de la Federación LGBTQ+, al denunciar que esta ley crea una brecha peligrosa entre estudiantes autorizados o no por sus padres a recibir información esencial sobre su salud y bienestar.
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La Ley 89-2025 establece que el Departamento de Educación deberá notificar previamente cualquier contenido relacionado con sexualidad o afectividad, y reconoce el “derecho exclusivo” de los padres a objetar esa enseñanza. Además, dispone que si se violan estas objeciones, las familias podrán acudir a los tribunales con un recurso de mandamus y reclamar daños punitivos.
Para Juan Caraballo Resto, director de la Federación LGBTQ+, esta ley no se trata de libertad de pensamiento, sino de institucionalizar enclaves ideológicos y religiosos dentro del sistema educativo público. “El resultado probado de una medida como ésta le ha representado a otras sociedades un aumento en embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual (ITS), mayor vulnerabilidad ante el abuso sexual, el reforzamiento del estigma hacia las personas LGBTQ+, el debilitamiento del currículo científico y profesional, y la desigualdad en el acceso a información crítica. Permitir que algunos estudiantes reciban educación sexual y otros no genera una brecha de conocimiento que puede afectar negativamente la toma de decisiones sobre la salud, las relaciones y el autocuidado. Peor aún, le abre la puerta a la censura de futuros temas, como derechos civiles, género, racismo o historia, entre otros”, expuso Juan Caraballo Resto, director de la Federación LGBTQ+.
Desde el ámbito legal, la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, cuestionó el fundamento constitucional de la medida. “Nos preocupa profundamente que esta legislación limite el acceso de nuestros estudiantes a información vital sobre salud sexual, relaciones saludables y respeto entre pares. Estas restricciones podrían aumentar la vulnerabilidad de la niñez frente a realidades como las agresiones sexuales, muchas de las cuales ocurren dentro del entorno familiar”, sostuvo.
La preocupación es respaldada por cifras alarmantes: según los datos más recientes del Departamento de Salud de Puerto Rico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el país experimenta un aumento significativo en los casos de clamidia, gonorrea y sífilis, con una alta incidencia entre jóvenes de 15 a 34 años. Este repunte ha sido calificado por diversos expertos en salud como verdaderamente preocupante, siendo clave para la prevención el acceso a la educación sexual.
“La evidencia demuestra que la educación sexual integral brinda herramientas para tomar decisiones informadas y salva vidas. Esta ley perpetúa la ignorancia, aumenta los riesgos de violencia, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Al igual que limita la labor de los educadores para enseñar, de acuerdo a la etapa de desarrollo de cada estudiante, vulnerando la dignidad de quienes más necesitan información para crecer libres y seguros”, dijo, por su parte, Eduardo Cintrón, secretario alterno de la Federación LGBTQ+.
Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, denunció que la medida responde a una “agenda fundamentalista” que fue aprobada sin vistas públicas ni consulta al magisterio. Destacó, además, que la nueva ley atenta contra una educación basada en ciencia y derechos humanos y fomenta la censura y la fragmentación del currículo.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, aseguró que la clase de Salud se mantendrá en el currículo escolar y que ya existen protocolos para atender objeciones familiares. La Ley 89-2025 entrará en vigor el 13 de agosto, con el inicio del nuevo año escolar. El Proyecto del Senado 2, que dio paso al nuevo estatuto, contó con los votos a favor de toda la delegación novoprogresista, los senadores populares José Luis Dalmau y Luis Javier Hernández, la senadora Joanne Rodríguez Veve, así como del senador independiente Eliezer Molina. En la Cámara de Representantes, también contó con el aval de la delegación del Partido Nuevo Progresista y con el voto a favor de los representantes populares José “Conny” Varela y de Sol Higgins Cuadrado.
