Cuando Amanda Torres Cruz estaba embarazada, en 2018, continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido.
“Yo seguía comoquiera yendo a la universidad, pero, a mí, nadie me alertó de algún tipo de prejuicio, de discriminación a la que yo me podía estar enfrentando, en cuestión del entorno universitario”, dijo quien pausó sus estudios, por un año, luego de convertirse en madre.
Durante su periodo de gestación, la joven que hoy tiene 23 años, recuerda que tenía la impresión de que uno de sus profesores solo se aprendió su nombre por la frecuencia en la que se refería a ella en clase, le dirigía preguntas para ridiculizarla y le hacía burlas frente a sus compañeros.
“En algunas ocasiones, a mí me gustaba ponerme falditas y me decía: ‘Ay, yo tengo otra estudiante que también está embarazada, pero ella no se pone las faldas así como tú te las pones’. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver?”, cuestionó la estudiante.
La Carta de Consideraciones y Derechos a Estudiantes Embarazadas dice que ella tenía derecho al “disfrute de un ambiente de paz, tranquilidad y respeto al derecho a su intimidad y dignidad”. También indica que personas gestantes no serán víctimas de abuso corporal, emocional o presiones psicológicas por razón de su embarazo.
Sin embargo, no fue hasta tres años después de tener a su hija — y durante su entrevista con este medio — que la joven supo de la existencia de esta carta de derechos que, desde 2015, se supone que protege a estudiantes embarazadas en el sistema UPR.
Una investigación exploratoria de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la UPR en Río Piedras expuso que la violencia institucional dentro de la comunidad universitaria – que incluye a estudiantes, profesores y personal no docente – tiene un efecto traumático en las madres estudiantes, pues les causa “frustraciones, estrés y un sentido generalizado de inferioridad”.
Las estudiantes con hijos entrevistadas en el estudio expresaron que el trato discriminatorio va desde que los profesores no las consideren para oportunidades académicas extracurriculares, como participación en investigaciones y actividades de campo, hasta insinuar que estaban ocupando un espacio que no les correspondía, por ser madres.
Además, las estudiantes con hijos dijeron que fueron rechazadas por sus compañeros, quienes preferían no unirse a grupos de trabajo en los que hubiesen estudiantes que fueran padres o madres porque se infería que no tendrían el mismo compromiso con sus estudios.
El discrimen por parte de la comunidad universitaria y la falta de divulgación de sus derechos por los canales de difusión institucionales, son dos de los múltiples factores en los que falla la UPR-RP para garantizar a sus estudiantes con hijos un acceso equitativo al derecho humano a la educación, halló esta investigación.
Al menos cuatro estudiantes del recinto que fueron entrevistadas tampoco conocían la Carta de Derechos. En una búsqueda de palabras claves en las redes sociales de la Universidad y en el correo institucional, Todas y el CPI encontraron que nunca se difundió la información.
Es más, el Recinto de Río Piedras ni siquiera conoce la cantidad de estudiantes que son madres o padres, reconoció la oficina de prensa ante una petición de información de la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En consecuencia, tampoco conoce el perfil sociodemográfico de esta población de estudiantes con hijos. Esto hace difícil que se implementen políticas de información y apoyo, coincidieron expertas entrevistadas.
Normativa se queda corta ante el discrimen
La procuradora estudiantil Coralie Pacheco Valcárcel, cuya labor es velar por los derechos del estudiantado en la UPR, admitió que la Carta de Derechos se debe difundir con mayor prominencia. Sin embargo, se enfocó en destacar la responsabilidad individual que tienen los estudiantes de conocer sus derechos y deberes.
“No debemos depender que alguien nos diga, sino que tenemos que buscar, hay derechos, hay reglamentaciones, hay calendarios académicos. Nosotros lo ponemos [en redes sociales] porque queremos ayudar y queremos facilitar, pero es importante también no recostarnos de eso”, justificó Pacheco Valcárcel, a la vez que exhortó al estudiantado a acudir a su oficina de tener dudas con los reglamentos.
La procuradora estudiantil es una empleada de la universidad y sirve “como un ente neutral para la resolución informal y mediación de conflictos en los que estén involucrados estudiantes universitarios”. Entre sus funciones, establecidas en la Certificación 119 (2014-2015) de la Junta de Gobierno de la UPR, está el “orientar, educar y asesorar activamente sobre los derechos, deberes y políticas institucionales. Esta función la realizará por medios convencionales y digitales como de forma individual y masiva”.
El documento especifica que la estudiante embarazada debe ser orientada y tendrá acceso a “todos los servicios estudiantiles generales o enfocados hacia la mujer embarazada, que sirvan de orientación para su desarrollo social, económico y de salud durante el proceso del embarazo, esto para evitar efectos negativos en sus estudios”.
La Carta de Derechos establece que el Decanato de Estudiantes es la entidad encargada de asegurar su cumplimiento. En cuatro ocasiones, este medio solicitó entrevistar a la decana de Estudiantes, Gloria Díaz Urbina, pero la oficina de prensa del Recinto sólo accedió a responder algunas preguntas por correo electrónico.
En la reglamentación vigente, no se reconoce que la población de personas embarazadas podría incluir a varones trans.
Ninguna política institucional en la UPR atiende específicamente los derechos de las estudiantes madres. Solo se menciona que Título IX — una reglamentación que prohíbe el discrimen de género en las instituciones académicas que reciban fondos federales — prohíbe el discrimen a estudiantes con hijos.
“Más allá de la parte de que puedan tener un tiempo razonable para que las mamás puedan sacarse su leche y esas cositas que están en la Carta de Derechos, yo tampoco he visto algo más específico”, sostuvo la procuradora.
Las estudiantes madres, como Torres Cruz, no solo tienen la carga académica, sino que muchas veces asumen el rol completo de la crianza, a la vez que trabajan para sostener a sus familias. Para la catedrática en Trabajo Social, Elithet Silva Martínez, el establecimiento de políticas institucionales en favor de la equidad es importante, pero si no hay una comunicación efectiva de su existencia y de cómo se implementará, se desacelera el avance en derechos.
Austeridad pone en riesgo el progreso de las mujeres
La universidad pública es, para muchas mujeres, su única opción para salir de la pobreza. En Puerto Rico, el 68% de las familias lideradas por mujeres con niños, niñas y jóvenes viven bajo pobreza, indica el Perfil de niños, niñas y jóvenes en pobreza en Puerto Rico 2021 publicado por el Instituto para el Desarrollo de la Juventud. De acuerdo a la UNESCO, para las mujeres, la educación representa la disminución de brechas de género en el mercado laboral, además de capacitarlas para vencer la discriminación.
Sin embargo, desde la entrada de la Junta de Control Fiscal en 2017, la asignaciones del Fondo General de la UPR se han reducido 48% para el año fiscal 2022, según datos del Centro para una Nueva Economía. Esto se traduce en la precarización de la universidad pública. Durante los pasados cuatro años, el Recinto de Río Piedras cerró sus dos residencias estudiantiles y el crédito subgraduado aumentó de $56 a $145.
Las medidas de austeridad ponen en jaque las acreditaciones de la UPR que, según lo que observa a diario la profesora de Economía Eileen Segarra Alméstica, podría estar viendo su última generación con acceso a educación superior pública de calidad.
La profesora del Recinto de Río Piedras explicó que, en Puerto Rico, las mujeres acceden mayoritariamente a la educación superior porque es imperante para su progreso económico.
“Si estamos diciendo que las mujeres necesitan educarse más para poder avanzar, entonces yo creo que definitivamente [la austeridad] afecta a toda la población, pero también hay un efecto adicional en la población femenina, que es la que ha dependido más de su educación universitaria para superarse económicamente”, subrayó.
Para 2020, las mujeres con bachillerato ganaban 45% más que las que completaron únicamente escuela superior. Sin embargo, los hombres con bachillerato generan 20% más que las mujeres con el mismo nivel educativo, según el Censo.
Segarra Alméstica señaló que las madres son doblemente discriminadas por género en el mercado laboral, por las múltiples tareas que desempeñan. “Si los patronos piensan que las mujeres necesitan más tiempo para atender a sus hijos, llevarlos a citas médicas, ir a la escuela, pues entonces son más reacios a pagarles un salario más alto o darles una promoción”, expuso.
En la medida en que no se democratice la crianza, las mujeres continuarán siendo la cara de la pobreza. Según el Censo de 2020, 43% de las personas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, y las mujeres componen el 55% de ese grupo.
La catedrática de Trabajo Social Silva Martínez puntualizó que “tanto en el espacio de estudio como en el espacio de trabajo, tristemente, las maternidades se invisibilizan porque se ven como que interrumpen la productividad”.
“Esto es una visión no solamente patriarcal, sino también capitalista”, puntualizó.
Necesidades diferenciadas al resto del estudiantado
Las madres del recinto de Río Piedras consultadas para este reportaje, expresaron tener necesidades económicas, académicas, de tiempo y de cuido para sus crías.
Luego de convertirse en madre y tomarse una pausa de sus estudios para dedicarse a la crianza de su hija, para Torres Cruz, asumir sus gastos familiares es un reto cada vez mayor. Considera que es casi imposible estudiar exclusivamente con el ingreso de la beca estudiantil.
“Termino comprando libros, pero, en última instancia, a veces me quedo sin comer”, compartió la jerezana, quien viaja diariamente una hora de ida y otra de vuelta para asistir a sus clases.
Datos de The Hope Center for College, Community and Justice revelan que el 53% del estudiantado con hijos en Estados Unidos ha experimentado inseguridad alimentaria. Mientras, 68% estuvo en riesgo de sinhogarismo. Las madres son las más propensas a esta inestabilidad.
La catedrática y experta en perspectiva de género Loida Martínez Ramos entiende que la llamada “población tradicional” del estudiantado lleva años en evolución y, por tanto, la institución debe atemperarse a las necesidades de un estudiantado diverso, que incluye a estudiantes con hijos.
“La norma antes era aquel estudiante que podía pagar sus estudios con la beca y le sobraba para vivir. Esa norma ha cambiado porque ahora pueden, tal vez, pagar la matrícula con la beca, pero no tienen para vivir; tienen que trabajar. Eso se está viendo desde hace mucho tiempo. Ahora, con el aumento de matrícula, mucho más”, puntualizó Martínez Ramos.
Con este planteamiento coincidió la profesora y abogada Mariana Iriarte Mastronardo, quien entiende que la maternidad y la crianza debe reconocerse como una responsabilidad colectiva de formar a las próximas generaciones.
“Las mujeres nos incorporamos a la academia y al mercado laboral, pero no se democratizaron las tareas del hogar, ni las responsabilidades del cuidado y crianza. Tampoco, se hicieron los ambientes laborales y académicos compatibles con ser madres, están diseñados para personas que no ejercen la maternidad”, señaló Iriarte Mastronardo, quien se convirtió en madre en 2006, durante su primer año como estudiante de bachillerato en la UPR de Río Piedras.
La alumna de maestría en arquitectura y madre de un niño de tres años Alexis Preston Hunter identificó que uno de los mayores retos es la escasa oferta académica que no provee la flexibilidad necesaria para que estas mujeres puedan balancear su tiempo entre lo que identificaron como los roles más importantes de su vida. La reducción de cursos también se ha agudizado con la acelerada precarización de la universidad del Estado.
Cuando comenzó su maestría, hace un año, esta mujer de 31 años terminaba el periodo de lactancia de su hijo. El proceso fue complejo porque Hunter no tenía control sobre sus horarios y no podía dedicar el tiempo necesario a sus estudios. Esta fue una de las razones para que redujera su carga académica en el semestre entrante.
Silva Martínez explicó que “las estudiantes pueden sentir que tienen que fragmentarse al punto del absoluto agotamiento porque se les cuestiona por tratar de obtener una carrera, a la vez que son madres o que gestan”.
Desaparece servicio de orientación
Pese a la escasez de datos para constatar sus necesidades, sabemos que en 2016 la UPR clausuró un programa de orientación a estudiantes embarazadas que constaba de talleres para ayudar a las estudiantes en gestación en el camino de convertirse en madres. Además, se les apoyaba con las necesidades individuales, como de alimentación y artículos para sus futuros hijos.
“Ellas se llevaban ese apoyo, esas herramientas para irse preparando para cuando tuvieran a sus bebés e, inclusive, a que no abandonaran sus estudios”, explicó Willmar Contreras Rivera, coordinadora de la Oficina de Calidad de Vida en la UPR de Río Piedras, entidad que se encargaba de coordinar el programa que llegó a atender a 25 participantes por semestre.
A pesar de la demanda por el servicio, Contreras Rivera dijo que la razón para cesar el ofrecimiento de capacitaciones fue que la cantidad de solicitudes “empezó a bajar”.
Según el último censo los nacimientos en Puerto Rico, de 2010 a 2020, se redujeron en un 60%.
Contreras Rivera explicó que pese al cierre del programa, brinda la colaboración posible a quienes se acercan a procurarla.
La Universidad tiene cuidos, pero no están accesibles
Una de las necesidades más frecuentes entre las madres estudiantes entrevistadas son los espacios seguros para dejar a sus crías mientras toman sus clases. Aunque algunos de los progenitores asumen su corresponsabilidad parental, la carga de la crianza y el cuido recae mayoritariamente en las mujeres. En ocasiones, las madres cuentan más con el apoyo de sus familias, que con los padres de sus hijos.
Los servicios de cuido de niños en el campus son importantes para asegurar la retención y aprovechamiento de las estudiantes madres. Según un estudio del Institute for Women’s Policy Research (IWPR) en universidades de Estados Unidos, aquellas estudiantes cuyos hijos recibieron servicios de cuido en el campus son tres veces más propensas a terminar sus estudios a tiempo, en comparación con las madres estudiantes que no accedieron al servicio.
Pese a que el Recinto de Río Piedras tiene cuidos orientados a distintas poblaciones, las estudiantes no suelen conocer de su existencia o disponibilidad.
Por ejemplo, la trabajadora social Ana Reynoso García, quien tuvo a su hija al final de su bachillerato, supo de los servicios por una amiga, cuando ya había invertido en un cuido privado para su hija. No obstante, solicitó el de la Universidad y la colocaron en una lista de espera. El espacio para la niña se liberó cuando Reynoso García ya había culminado su maestría.
Previo a la pandemia, el Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) – el único cuido ubicado en el Recinto de Río Piedras dirigido exclusivamente a hijos de estudiantes – frecuentemente tenía listas de espera para acceder a uno de los 18 cupos que tienen para menores a tres años.
Con la pandemia, las solicitudes de cuido se redujeron, indicó Nylka Torres Rodríguez, coordinadora del LIM.
“Pienso que nos falta promoción. […] Muchas que han llegado buscando el servicio aquí ha sido por casualidad. Me han dicho: ‘mira, yo no sabía que esto existía’”, aseguró Torres Rodríguez.
El LIM opera de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y atiende a hijos de estudiantes con carga académica de 12 créditos si son subgraduados y seis créditos para los graduados, e ingresos inferiores a la mediana de su grupo poblacional.
El cuido se sostiene por una propuesta anual de fondos federales del programa Child Care que en Puerto Rico son canalizados por la Administración para el Cuidado y Desarrollo de la Niñez (ACUDEN). El programa está dirigido a personas de bajos recursos económicos. De acuerdo con los lineamientos de 2022 de ACUDEN, una familia de una madre soltera con un hijo debe tener menos de $712 en ingresos mensuales para acceder al cuido de forma gratuita. A medida que sus ingresos aumentan, debe realizar una aportación monetaria. Si su ingreso sobrepasa los $1,210, la familia sería inelegible.
Torres Rodríguez aseguró que no todas las familias que procuran el servicio pueden ser atendidas porque, en ocasiones rebasan el límite de ingresos.
En entrevista, las participantes del LIM se mostraron satisfechas y deseosas de que otras estudiantes también pudiesen acceder a este servicio. Sin embargo, reconocieron que el cuido puede ser inconsistente porque la renovación anual del contrato que otorga los fondos cubre un tiempo limitado antes de que el anterior caduque, lo que no permite que la Universidad haga los nombramientos de personal a tiempo e interrumpe el servicio. Las maestras han estado, con frecuencia, más de un mes trabajando sin cobrar porque el contrato de ACUDEN no sale a tiempo para que la UPR lo procese y las incluyan en la nómina. Luego, reciben el pago retroactivo.
Estudiantes de sesión nocturna en el olvido
A petición de la Unidad Investigativa de Género, la oficina de prensa de la administración central de la UPR informó que en el 2020, un total de 701 estudiantes del Recinto se identificaron como madres o padres, con necesidades de cuido para sus hijos por la pausa de labores académicas presenciales durante la pandemia de COVID-19.
Aunque la institución no pudo precisar en qué nivel académico cursan y en qué facultad están sus estudiantes con hijos, información recopilada desde 2019 en encuestas realizadas por la División de Investigación Institucional y Avalúo, del Decanato de Asuntos Académicos, al alumnado de nuevo ingreso, demuestra que el 93% de los estudiantes que reportaron tener hijos realizaban una maestría o doctorado.
Los cursos en esos niveles académicos son generalmente nocturnos, pero los servicios estudiantiles son casi inexistentes pues las oficinas del Recinto operan mayoritariamente hasta las 4:30 p.m. Por lo tanto, los limitados servicios que la institución académica ofrece a sus estudiantes con hijos, como el cuido, se ajustan únicamente a la sesión diurna.
Incluso, en el reglamento para el uso de las dos salas de lactancia en el campus, se especifica que las estudiantes que pueden utilizar estos espacios debe ser una “mujer que esté matriculada en un programa de clases de seis créditos o más en la sesión diurna del Recinto de Río Piedras”.
Cuando Yesenia Claudio Foster cursaba su maestría en bibliotecología, entre 2014 y 2018, sus hijas adolescentes la acompañaban a la UPR en Río Piedras pues el progenitor no asumía su corresponsabilidad de crianza. Aunque las niñas se mantuviesen en el pasillo durante la clase, la estudiante recuerda que a una profesora le incomodaba su presencia. Claudio Foster intentó hablar con la docente para explicar su situación, pero la profesora le expresó que si ella decidió maternar y estudiar simultáneamente, tenía que asumir lo que ello conllevaba.
La profesora Silva Martínez opinó que es importante que, en la Universidad, haya cabida para las madres con sus hijos porque “de lo contrario, se hace muy difícil completar una meta académica, especialmente si una es la cuidadora principal”. A esos efectos, sugirió que se revisen las políticas para que haya inclusión en todos los espacios del campus, pues considera que la experiencia universitaria transformativa rebasa las aulas.
En tanto, la procuradora Pacheco Valcárcel explicó que, en los casos de este tipo en que ha mediado, ha informado que los seguros de la institución solo cubren a estudiantes, así que no se pueden responsabilizar por lo que suceda a las crías del alumnado mientras les acompañan a sus clases.
¿Qué puede hacer la UPR?
Pese a reconocer la precarización acelerada de la universidad pública, las profesoras dijeron que es un buen momento para establecer alianzas que atiendan las necesidades específicas de las estudiantes madres.
The Hope Center for College Community and Justice, un centro de investigaciones de Temple University que apuesta a universidades más equitativas, recomienda fomentar una cultura que centralice servicios de salud, asistencia económica, asesoramiento y apoyo para cubrir necesidades básicas, como alimentación y vivienda.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal emitió en 2013 recomendaciones para las instituciones educativas a las que aplica Título IX, como la UPR. Sugiere capacitaciones para derribar los estigmas que carga el estudiantado con hijos y para que la docencia atienda efectivamente las situaciones de esta población entendiendo los desafíos que pueden enfrentar al asumir roles como estudiantes, padres y trabajadores.
“Esto es un asunto de voluntad, pero también de creación de políticas institucionales y políticas públicas que apuesten a la inclusión de las mujeres madres en la educación superior como manera de fortalecer la sociedad que queremos construir”, concluyó Silva Martínez.
Este reportaje se realizó con el apoyo del proyecto Altavoz Lab de palabra/NAHJ creado para apoyar a periodistas comunitarios en investigaciones sobre rendición de cuentas al servicio de comunidades inmigrantes, latinas, u otras poblaciones que no son representadas lo suficiente en los medios de comunicación.
